Cortes de energía de hasta 20 horas, olas de calor históricas que elevaron la demanda y esfumaron las lluvias, demoras en la entrada de proyectos de generación, redes viejas al borde del colapso, falta de inversión y políticas públicas ineficientes han puesto a prueba la matriz eléctrica de América Latina este año.
Una bomba de tiempo que sigue estallando y ha provocado que ya sean 12 los países latinos que están sorteando los impactos —o advertencias— de una crisis que está dejando a oscuras la región. Y aunque en algunas zonas la situación es más grave que en otras, hay un patrón en común: un sistema eléctrico débil, y sin inversiones, que no está preparado para los efectos drásticos del cambio climático.
Si bien, Colombia también ha sentido algo de estrés, a diferencia de los otros países no presenta ninguna afectación. En buena parte, gracias al modelo que diseñó el país hace 30 años y que no solo lo distingue en el continente sino que le ha permitido tener una estructura fuerte para resistir los embates de las sequías.
De todas maneras, según los expertos, Colombia, y en particular el gobierno de Gustavo Petro, tiene que sacudirse pronto porque sí hay alertas de que, a partir de 2027, por la falta de nuevos proyectos de energía y la incertidumbre que ha creado el gobierno no habrá suficiente energía en firme para cubrir la demanda, lo que implicaría racionamientos en caso de que ocurran fenómenos como El Niño.
Cinco de 10 bombillos sin luz
A oscuras por largos periodos y con alimentos descompuestos en sus refrigeradores han vivido estas últimas semanas los habitantes de Ecuador y Cuba, los dos países de la región que se han llevado la peor parte de esta crisis.
En Ecuador, miles de personas se han quedado a oscuras tras un racionamiento de electricidad ocasionado por la falta de lluvias en sus hidroeléctricas, que constituyen el 72% de la matriz. La Cámara de Comercio de Guayaquil estima pérdidas de 12 millones de dólares por cada hora de apagón.
Precisamente ayer, bajo un plan de reducir de 14 a 8 horas al día los cortes de luz, la jornada laboral y educativa fue suspendida con el fin de mermar el consumo de electricidad en el país.
Entre tanto, el sector productivo ecuatoriano ha cuestionado a los últimos gobiernos, incluido el de Daniel Noboa, por no tomar acciones ante una situación que afirman que era evitable.
En Cuba, otro de los casos más críticos, a la amenaza del huracán Oscar se sumaron los daños en su principal termoeléctrica, Antonio Guiteras, y una red obsoleta de siete viejas centrales construidas hace más de 40 años —de las cuales depende el 80% del suministro—.
Hubo días en los que el déficit de energía alcanzó hasta un 50%, es decir, cinco de cada 10 bombillos de la isla se han estado apagando por falta de electricidad.
Las causas no son muy distintas en Argentina y Brasil, donde los sistemas eléctricos también están “al borde del colapso” por falta de inversiones y de los estragos del peor verano que han padecido en años.
Mientras Argentina arranca el Plan Verano 2024-2025 para evitar racionamientos, y el gobierno de Javier Milei anuncia cortes “voluntarios” para las industrias durante esa temporada, Brasil descarta la reactivación del horario de verano este año, pues aunque está viviendo su peor sequía en 74 años, el plan es construir nuevas plantas que puedan duplicar la capacidad térmica para 2031 —aunque esta energía sea más cara y contaminante—.
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Bolivia, por su parte, está sumergida en las consecuencias de la acelerada declinación de producción de gas natural, con caídas del 40% en los últimos nueve años. Según Álvaro Ríos, director de Gas Energy Latin America, la crisis actual es el resultado de años de decisiones que han llevado al país de ser un exportador de gas a depender cada vez más de costosas importaciones.
Viendo ese panorama apagado en los países vecinos, mientras Colombia sigue disfrutando de energía eléctrica las 24 horas del día, son una prueba de lo eficaz y beneficioso que ha sido el modelo de gestión eléctrica en el país.
Región de agua y demanda crece
Entre tanto, a Honduras los altos costos de la luz y la falta de infraestructura le pasan factura; Perú tiene apagones en sus zonas rurales; Nicaragua afronta problemas por escasez de combustible para sus térmicas; Puerto Rico lucha por recuperar su infraestructura eléctrica tras los huracanes; y México sortea la creciente demanda con un sistema que depende en mayor medida de la generación hidráulica y del gas natural importado en un 70% de Estados Unidos.
Viendo ese panorama apagado en los países vecinos, mientras Colombia sigue disfrutando de energía eléctrica las 24 horas del día, son una prueba de lo eficaz y beneficioso que ha sido el modelo de gestión eléctrica en el país.
El problema que tiene a Latinoamérica pasando días en la penumbra es de doble vía. Datos de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) arrojan que la hidroenergía en la matriz de la región tiene una participación del 44,74%, mientras en el resto del mundo es de apenas 14,28%. Razón por la cual a muchos países se les dificulta responder ante sequías fuertes.
De hecho, de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, se prevé que el consumo mundial de electricidad crecerá alrededor del 4% este año, frente al 2,5% en 2023. Esto representaría la tasa de crecimiento anual más alta desde 2007, excluyendo los repuntes excepcionales observados tras la crisis financiera mundial y la pandemia de Covid-19.
A nivel regional, se duplicará la demanda de electricidad en los próximos años. Hasta 2040 crecería a un ritmo medio de entre el 2,7% y 3,6% anual y serán necesarios entre 2.800 y 3.500 Twh (teravatios/hora), cifra que casi dobla a la actual, según un informe The Energy Path of Latin America and the Caribbean.
Para dar respuesta a este incremento progresivo, el organismo indicó que la región deberá añadir 408 GW (gigavatios) extra a la capacidad que tiene instalada actualmente. Ese ajuste debería llegar de la mano de fuentes renovables en su mayoría (270 GW), aunque también se haría necesario recurrir a combustibles fósiles (170 GW).
Como recomendación, en uno de sus análisis el Foro Económico Mundial insta a construir un nuevo sistema energético que perdure, que dé prioridad a la seguridad, la resiliencia y la flexibilidad, y que garantice que los beneficios de la nueva economía energética sean compartidos e inclusivos.
¿Qué le deja esto a Colombia?
Toda esta situación que viven los países vecinos es una “película” que Colombia ya vio hace más de 30 años, cuando atravesó uno de los episodios más difíciles de su historia: un intenso fenómeno de El Niño, acompañado de imprevisión, dejó a oscuras a la Nación.
Si bien de esa crisis el sector salió más fortalecido y preparado, y pudo construir una infraestructura pionera en el continente, desde hace un par de años la escenografía está cambiando y el fantasma que amenaza con nuevos racionamientos está volviendo a aparecer, entre otras cosas por la falta de rigurosidad técnica con la que el gobierno de Gustavo Petro ha manejado el sector.
Desde la óptica de Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), la lección para Colombia es la importancia de tomar decisiones oportunas sobre la expansión del sistema, teniendo en cuenta los diversos escenarios de proyección de demanda de energía, de tal manera que se garantice la atención.
“Por ejemplo, en el horizonte de mediano plazo, dada la última versión de la proyección de demanda de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), se evidencia un déficit de energía en firme cercano a los 5400 GWh-año para el periodo 2028-2029, lo que representa una capacidad aproximada de 1.500 a 2.500 MW. Por esto, es urgente convocar la subasta de expansión del cargo por confiabilidad y así garantizar la energía firme requerida para el desarrollo del país”, anotó el líder gremial.
Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, explicó que, por ejemplo, la raíz de la crisis de Ecuador es muy similar al caso colombiano por las siguientes razones.
“Hay dependencia de la generación hídrica; hay atraso en la ejecución de los proyectos de generación y transmisión debido a la estatización del sector y a la falta de espacio fiscal; de los 3.000 MW (megavatios) de capacidad instalada de generación térmica, solo 700 MW están operativos por obsolescencia y falta de mantenimiento; y las tarifas las fija el ejecutivo, sujeta a consideraciones políticas y no técnicas (...) Veámonos en el espejo de Ecuador y, como dice el adagio, ‘cuando las barbas de tu vecino veas arder pon a remojar las tuyas’”, aseguró.
Así las cosas, para los expertos este es un contundente llamado al Gobierno Nacional para que agilice las inversiones; fortalezca la institucionalizad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para la toma de decisiones, se realice una expansión urgente de proyectos de todas las tecnologías; se promuevan esquemas de contratación de largo plazo y se acelere el proceso de asignaciones de punto de conexión.
Pérdidas eléctricas anuales en la región ascienden a US$16.600 millones
América Latina también enfrenta una situación endémica de pérdidas eléctricas que constituye uno de los principales desafíos del sector: durante las últimas tres décadas se estima que alrededor del 17% de la energía generada en la región se ha perdido.
Así lo advirtió un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según el cual estos niveles de pérdidas son tres veces superiores a los de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y están por encima de toda medida de eficiencia para un sistema sostenible.
Entre las causas estarían factores asociados a bajos ingresos que afectan la capacidad de los usuarios para pagar la factura, tasas altas de desempleo, infraestructura precaria y conexiones eléctricas irregulares en asentamientos urbanos, donde problemas como la ausencia de títulos de propiedad pueden obstaculizar la regularización de dichas conexiones.
“En términos absolutos, en 2019 las pérdidas mayores a un límite de 10% fueron equivalentes a 120 teravatios-hora (TWh), lo que sobrepasa las pérdidas registradas en los países de ingresos medios y altos a nivel global. Estas son equivalentes a la energía total generada en la región por fuentes solares y eólicas en el mismo año”, arrojó el estudio.
En cuanto al costo anual que esta situación genera en las empresas distribuidoras, este fluctúa entre 9.600 y 16.600 millones de dólares anuales, lo que equivale al 0,19% y 0,33% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región.
Este impacto financiero, indicó el BID, es comparable con los programas sociales de mayor alcance en Latinoamérica.
Por ejemplo, las pérdidas en Brasil son más de dos tercios del presupuesto destinado al programa ‘Bolsa Familia’, mientras que de México son comparables al presupuesto del programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’.
“Considerando que la región necesita invertir, al menos, 48.000 millones de dólares por año (0,8% del PIB) para lograr el acceso universal a la electricidad y para avanzar en la descarbonización de su matriz energética en el transcurso de la siguiente década, recuperar estos recursos perdidos podría ayudar a cerrar la brecha de inversión en infraestructura”, anotó el informe.
Y recomendó la implementación de una estrategia regional dirigida a reducir las pérdidas hasta un nivel del 10% en un horizonte temporal de dos décadas.
Lo anterior implicaría inversiones del orden de 8.500 millones de dólares, con una tasa económica de retorno del 18%.
“Reducir y controlar las pérdidas eléctricas es indispensable para alcanzar mercados eléctricos sostenibles, tanto desde el punto de vista económico como ambiental. Dada la complejidad del problema de pérdidas, así como sus externalidades negativas; intervenciones orientadas a reducir dicho problema son transversales a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y necesarias para una transición energética exitosa”, puntualizó el BID.
