Edwin Palma, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, citó a las compañías Quala y Nutresa para, según él, hablar de las “condiciones de trabajo de los vendedores de productos Vive100 y Crem Helado”.
El funcionario, quien se desempeñó como dirigente de la Unión Sindical Obrera (USO) entre 2018 y 2021, había resaltado en algunas columnas para el diario La República que la discusión de los derechos laborales había estado relegada por mucho tiempo a espacios en los que predominan los especialistas en economía y derecho, pero lejos de la población civil.
Desde su óptica, en el país se presenta la “cultura del incumplimiento de la norma laboral” y había manifestado que “la nómina actual de inspectores (en el Ministerio de Trabajo) es menor de la que recomienda la Organización Internacional del Trabajo”.
Sus planteamientos hacen juego con esa reciente citación, toda vez que el objeto de la reunión son la personas que comercializan helados y bebidas de manera ambulante.
Sin vinculación
En el caso de los helados, se sabe que a estas personas la empresa les entrega el carro surtido con varios productos y ellos tienen una comisión sobre cada venta. Algunas referencias representan una ganancia de $300, otras de $100 y así por estilo.
Al finalizar la jornada, ellos liquidan y devuelven lo que no se alcance a vender. Por ende, los ingresos diarios pueden ser muy variables. Lo cierto es que quienes distribuyen empujando carritos o con neveras de icopor terciadas en el hombro no son trabajadores de las empresas fabricantes.
En 2022, Nutresa vendió $17,03 billones y reportó que la categoría de helados aportó ingresos por unos $700.400 millones, aunque no desagrega la participación por canal de venta. Es decir, no se sabe con certeza cuánto de ese total fue facturado por los carritos.
12,5
millones de colombianos laboran en condiciones de informalidad, según el Dane.
