Luego de que no se aprobara la nueva reforma tributaria, la Contraloría General de la República pidió al Gobierno Nacional redoblar esfuerzos para garantizar el uso efectivo de los recursos asignados y enfrentar los desafíos fiscales.
Según el ente de control, la programación y ejecución del presupuesto de la vigencia de 2024 ha estado marcada, desde su inicio, por una serie de sobresaltos que iniciaron con la expedición del decreto de liquidación del presupuesto sin los requisitos legales, continuando a lo largo del año con “apremiantes necesidades” de recursos para su financiamiento, lo que llevó a congelar recursos por $36 billones.
En lo referente al comportamiento de los ingresos, la Contraloría resaltó que, según la información preliminar a noviembre de 2024 (del Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF), se ha registrado un recaudo total neto por $369,74 billones, inferior en 0,3% al presentado en el mismo periodo de 2023. Sin embargo, por concepto de ingresos tributarios solo se han recaudado $227,41 billones, representando el 72% del aforo vigente por $315,86 billones.
“Este comportamiento poco favorable de los ingresos tributarios se explica principalmente por la fuerte reducción del 18% (frente al mismo período de 2023) en el impuesto de renta y una caída de los impuestos externos de $2,29 billones”, indicó.
Preocupa baja ejecución
La Contraloría también expresó su preocupación por la baja ejecución del presupuesto 2024. Con corte a noviembre, dijo, alcanza solo el 71,1%, siendo la más baja de los últimos cinco años y similar a la de 2020 durante la pandemia.
“Aunque se han cumplido compromisos importantes como el servicio de la deuda ($79,7 billones) y gastos de funcionamiento ($233,67 billones), en inversión apenas se han ejecutado $44,83 billones de los $100,06 billones asignados, reflejando un rezago significativo en este rubro clave”, señaló.
Esta baja ejecución, añadió, podría llevar a que muchos recursos no sean utilizados al final del año. Según las cifras disponibles a noviembre, las pérdidas de apropiación podrían alcanzar los $96,87 billones ($503,4 billones de presupuesto menos $406,7 billones de compromisos), lo que representa recursos que no se usarían para los programas y proyectos planeados.
El organismo también indicó que existe el riesgo de que las reservas presupuestales no utilizadas sean muy altas si la ejecución sigue al ritmo actual. Estas reservas podrían llegar a $33,61 billones, lo que refleja una baja capacidad del Estado para comprometer y ejecutar los recursos de manera eficiente.
La Contraloría General hizo un llamado para que al cierre de la vigencia 2024 el Gobierno Nacional ejecute el presupuesto basado en la capacidad de las unidades ejecutoras para adquirir bienes y servicios, evitando un uso excesivo de mecanismos como los convenios interadministrativos, la generación de reservas presupuestales y las fiducias.
En este último aspecto, el organismo fiscalizador destacó que, hasta la fecha, se han registrado órdenes de pago por $24 billones dirigidos a fiducias, patrimonios autónomos y otras figuras relacionadas con contratos fiduciarios.
“Esto refleja la relevancia de este mecanismo para mostrar ejecución presupuestal, lo que exige garantizar su uso transparente y eficiente para el cumplimiento de los objetivos públicos”, manifestó.
En lo que queda de la vigencia, agregó, no se prevé un cambio significativo en la tendencia del recaudo tributario. Esto sugiere que, ante las presiones de liquidez, el Gobierno podría verse obligado a recurrir a recursos de crédito o a implementar recortes adicionales en el presupuesto de gastos.
