“Un nuevo Estatuto Aduanero que no está escrito para contrabandistas, sino para erradicar esta economía ilegal y violenta y para proteger comercio legal e industria nacional”. Con estas palabras, Luis Carlos Reyes, director de la Dian, celebró la firma del Decreto 659 de 2024, con el que el presidente Petro cambió la forma de importar y exportar de Colombia.
A mediados de marzo, Reyes había usado la referencia a los contrabandistas para hablar de que el anterior estatuto fue “prácticamente escrito para los contrabandistas”. Y el de ahora no lo está. Esto fue objeto de controversias entre empresarios y gremios del comercio exterior por la carga estigmatizante que expresó ‘Mr Taxes’, como conocen a Reyes en redes sociales.
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Pero los reparos al nuevo estatuto van más allá de la narrativa del director de la Dian, quien antes de irse de la entidad sacó adelante este decreto como una herramienta para fortalecer los controles al contrabando y facilitar el comercio seguro para beneficio de la economía colombiana.
Si bien el nuevo estatuto busca atacar este problema, asociaciones gremiales como Analdex y AmCham Colombia han expresado su preocupación por la implementación de las nuevas medidas, en especial por la carga operativa, la falta de claridad y la capacidad de las entidades.
Según las estimaciones de la Dian, entre 2018 y 2022, alrededor del 10% de las mercancías que ingresaron al país lo hicieron de manera irregular, lo que representa un duro golpe para la economía colombiana y una pérdida de ingresos fiscales de alrededor de 41.430 millones de dólares en los últimos seis años. Unos $6 billones al año.
Declaración anticipada
El nuevo Estatuto Aduanero implementa varias medidas para atacar el contrabando desde diferentes frentes. Por ejemplo, la declaración anticipada de importación obligatoria, es decir, los importadores deberán informar a la Dian con 48 horas de anticipación qué mercancías traerán al país.
La finalidad es permitir a las autoridades aduaneras un mayor control sobre el ingreso de productos y optimizar los procesos de inspección. “Por ejemplo, cuando los importadores declaran sus mercancías con anticipación, el tiempo de paso por la aduana tarda, en promedio, 6 días menos en el aeropuerto El Dorado y 3,3 días menos en el puerto de Buenaventura, en comparación con quienes no lo hacen anticipadamente”, detalló la Dian.
De esta manera, los importadores podrán disponer más rápido de sus productos y esta agilidad se traducirá en menores tiempos y costos que beneficiarán a la economía del país.
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Desde antes que el presidente Petro firmara el decreto, ya la declaración anticipada de importaciones generaba preocupaciones entre el empresariado del comercio exterior. Por ejemplo, Felipe Barón, empresario del sector, advirtió sobre los vacíos en la normativa que podrían perjudicar las operaciones y generar cuellos de botella en puertos y aeropuertos.
Esta medida, según la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, genera incertidumbres sobre la capacidad técnica, económica y de personal de la Dian para manejar el volumen de información que se espera recibir, especialmente en un contexto de desaceleración económica.
Por eso, uno de los principales vacíos identificados es la falta de claridad en cuanto a las obligaciones de los usuarios de zonas francas. Dijo Lacouture que la nueva normativa les exige presentar declaraciones de ingreso y exportación para sus operaciones, sin especificar los detalles de este proceso.
Si bien la Dian ha asegurado que el estatuto se implementará de forma gradual y busca fortalecer la lucha contra el contrabando, la Dirección de Aduanas de Araújo Ibarra Consultores advirtió sobre posibles impactos negativos para los importadores a la hora de presentar la declaración de importación anticipada.
Esta medida, que antes solo aplicaba a sectores específicos como textiles y calzado, representa un cambio significativo para la mayoría de los importadores. “Adaptarse a esta nueva obligación puede ser un reto para muchos importadores, ya que antes tenían la posibilidad de presentar la declaración hasta un mes después de la llegada de la mercancía”, precisó la firma consultora.
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Por eso, Lacouture expresó su profunda preocupación por el nuevo estatuto de aduanas expedido en enero de este año y sancionado este mes. “Si bien el estatuto busca combatir el contrabando, hay temores de que las medidas implementadas pongan en riesgo la eficiencia lograda en el comercio exterior y no garanticen el control efectivo del contrabando”.
Seguimiento satelital
También cambian los dispositivos de trazabilidad satelital. En otras palabras, la utilización de dispositivos GPS en las mercancías que circulan por el país y se encuentran bajo control aduanero permitirá a las autoridades rastrear su ubicación en tiempo real, lo que dificultará las maniobras de contrabando como el “cambiazo”, donde se reemplazan productos de alto valor por otros de menor valor para pagar menos impuestos.
Lo anterior es preocupación por el corto plazo para la implementación del sistema electrónico. La ley 1609 de 2023 otorga a la Dian un plazo de 24 meses para cumplir con esta obligación, pero el presidente de Analdex, Javier Díaz, teme que el sistema no esté listo a tiempo. “En el cronograma, la Dian ha dicho que el sistema electrónico operando será posiblemente en octubre, pero no sabemos a ciencia cierta cuándo”, expuso Díaz.
Por su parte, Lacouture agregó: “La eficiencia del comercio exterior es crucial para que los colombianos cuenten con productos accesibles y de calidad que les permitan mejorar su calidad de vida. Sin embargo, el nuevo estatuto de la Dian genera serias dudas sobre su capacidad para alcanzar estos objetivos”.
Es así como las sanciones por no presentar la declaración anticipada a tiempo también son motivo de alarma. Los importadores podrían ser multados con el 1% del valor de la mercancía o incluso con el 200% por considerarse la declaración como no presentada, expuso el dirigente gremial Díaz.
A renglón seguido también consideró que todas estas medidas implican una carga operativa significativa para los sitios de arribo de mercancías, donde ya operan entidades como el ICA y el Invima.
“No tenemos claro si estas entidades están preparadas para la nueva operación, si cuentan con el personal, los recursos y los sistemas necesarios para manejar el volumen de declaraciones anticipadas”, afirmó Díaz.
Sistema de gestión de las importaciones
También el estatuto presenta un nuevo sistema de gestión de importaciones. Este reemplazará el actual Sistema de Información y Gestión Aduanera (Syga), considerado obsoleto y vulnerable, por un nuevo sistema más moderno y seguro.
Hay que recordar que el sector de comercio exterior en Colombia se enfrenta a un panorama complejo en este inicio de 2024 por la baja en las exportaciones e importaciones, ahora se suma la incertidumbre por dicho estatuto.
El decreto también eliminó el Sistema de Gestión del Riesgo, que permitía a los usuarios de confianza, conocidos como Operadores Económicos Autorizados (OE), agilizar sus procesos aduaneros. Díaz teme que esta medida genere congestionamiento en los puertos y aeropuertos, ya que los OE ahora tendrán que realizar los mismos trámites que los importadores regulares.
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Por lo tanto, los cambios en el proceso de selección de mercancías para control podrían generar mayor congestión en los puertos y demoras en los despachos. A esto se suman posibles incrementos en costos por servicios adicionales de asesoría y logística necesarios para cumplir con las nuevas exigencias, recalcaron Analdex y AmCham Colombia.
El decreto tiene una entrada en vigencia parcial a partir de junio, mientras que la otra parte no tiene fecha definida, a la espera de que la Dian certifique la operatividad de su sistema electrónico. Por eso, Díaz criticó la falta de claridad en el cronograma y la incertidumbre que genera para los importadores.
“¿Cómo se va a resolver esto y qué va a pasar con la eficiencia de nuestras operaciones? La preocupación es que los puertos y aeropuertos colapsen por la cantidad de mercancías y se tenga que ir a una contingencia operativa que no está claro cómo se decreta y se suspenden términos y es esencial en esto. Hay muchos interrogantes que tendremos que entrar a precisar en los próximos días”, cuestionó Díaz.
Además de estos interrogantes, Lacouture dijo que aumentar los trámites y el tiempo de las operaciones aduaneras representa una pérdida de competitividad y mayores costos para las empresas. “Estos costos adicionales se trasladarán inevitablemente a los consumidores finales, lo que tendrá un efecto negativo en la lucha contra la inflación y en la reactivación económica que tanto necesita el país en este momento”.
Con estas dudas de fondo, empresarios del sector de comercio exterior ya pasaron una situación similar en noviembre del año pasado, con la contingencia en la plataforma Syga de la Dian que complicó las importaciones y exportaciones. Aunque esta situación se resolvió en febrero de este año, casi tres meses después de haber comenzado, el sector sigue sintiendo la presión.
De esta manera, los gremios y empresarios le hacen un llamado a la Dian para que revise y modifique las medidas implementadas en el nuevo estatuto de aduanas, debido a que consideraron que es necesario buscar un equilibrio entre el combate al contrabando y la facilitación del comercio exterior, de manera que no se afecte la competitividad del país ni el bienestar de los ciudadanos. Por su parte, la Dian confía en que el nuevo estatuto permitirá aumentar las acciones de prevención del contrabando y fortalecer la seguridad en las fronteras.
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