Por orden del Consejo de Estado, el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Minería (ANM) deberán corregir el déficit de protección al medio ambiente que se evidencia en el ordenamiento minero ambiental previsto para el otorgamiento de títulos mineros.
La decisión obedece a una demanda que presentaron en 2013 el senador Iván Cepeda, en conjunto con organizaciones como Tierra Digna, la Asociación Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo, Pensamiento y Acción Social, entre otras, tras considerar que el procedimiento de evaluación de propuestas y fiscalización de los títulos mineros, efectuado a través del Catastro Minero a partir del 2 de julio del 2013, presentaba una serie de fragilidades que podrían afectar de forma irreversible el medio ambiente.
Así, la ANM, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía, deberán corregir el trámite de evaluación de propuestas, con miras a que la asignación de los títulos mineros se ajuste a las prohibiciones y restricciones que tiene actualmente la explotación del subsuelo.
“Esta es una de las ocho órdenes que impartió la alta corte, en el curso de una acción popular en la que se ampararon los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico, al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, a la conservación de las especies animales y vegetales, a la protección de áreas de especial importancia ecológica y a la defensa del patrimonio público”, indicó el Consejo de Estado.
Para la sala, estas garantías se vieron vulneradas, por el nivel de desarticulación institucional de los sectores minero y ambiental, el déficit de información y de ordenamiento minero-ambiental del territorio colombiano y las falencias del modelo de control y fiscalización de los títulos mineros.
Los compromisos
Tras el fallo, los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía, así como la ANM, deberán en el término de seis meses, contados a partir de la fecha, actualizar la Política Minera Nacional para que esta contemple acciones que permitan contrarrestar los problemas relacionados con el insuficiente ordenamiento territorial minero-ambiental; la desarticulación institucional y las debilidades del modelo de control y fiscalización de los títulos mineros.
Asimismo, estas carteras tendrán que elaborar un estudio de diagnóstico y caracterización sobre los proyectos mineros cuyos títulos se superponen con territorios ambientalmente protegidos, los impactos ambientales negativos generados por proyectos mineros que no cuentan con licenciamiento ambiental en la fase de exploración y aquellos que no están siendo controlados en la fase de exploración.
A partir de dicha caracterización, estos ministerios deberán hacer un inventario de Pasivos Ambientales Mineros y adoptar e implementar un plan preventivo y correctivo de las anteriores problemáticas, el cual tendrá una prospectiva de corto plazo (un año), mediano plazo (dos años), y largo plazo (cinco años).
Por último, el Consejo de Estado ordenó instalar una mesa de trabajo interinstitucional, en la que participen los delegados de los ministerios involucrados, así como los de las corporaciones autónomas regionales, las corporaciones de desarrollo sostenible, de la Anla, los grandes centros urbanos, Parques Nacionales Naturales de Colombia, de la Agencia Nacional de Minería, de la Gobernación de Antioquia (en su función fiscalizadora), de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República.
