Luego de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, solicitara al presidente Gustavo Petro congelar las tarifas de los servicios públicos donde opera Empresas Públicas de Medellín (EPM), expertos y gremios del sector mostraron preocupación por las consecuencias que esto podría traer.
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De acuerdo con Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), la definición de las tarifas de energía deben cumplir con criterios técnicos, de suficiencia económica, confiabilidad y de eficiencia; de lo contrario, podría ocurrir una subremuneración de activos.
“Esto quiere decir que si se le dan menos recursos a las empresas, estas van a dejar de hacer inversiones en criterios como reposición de activos, operación, mantenimiento, entre otros. Así que al final del día se terminará con un servicio de una calidad terrible. Ahí la pregunta también es para el usuario, porque está bien que todo el mundo quiera pagar menos, pero el asunto es si están dispuestos a tener un servicio de mala calidad o tener cortes de energía, por ejemplo”, explicó Castañeda.
En este sentido, la Asociación Nacional de Empresas de Servicio Públicos y Comunicaciones (Andesco) envió un comunicado al alcalde Quintero en el que le solicita que dicha petición debería hacerla ante el gerente general de la empresa para que la analice y, de encontrarla viable, la presente y sustente ante la junta directiva, considerando los marcos regulatorios vigentes.
“Es muy importante recordar que no se deberían tomar decisiones que puedan poner en riesgo la prestación de los servicios y la sostenibilidad financiera de las empresas, porque en tal caso, serían los usuarios los más perjudicados”, manifestó Andesco.
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El gremio también expresó que las decisiones sobre la gestión de costos e inversiones son del resorte exclusivo de cada empresa en el marco de la regulación y procesos establecidos por las Comisiones. “Entendemos que el grupo EPM tiene los análisis técnicos para la toma de estas medidas y esperamos que se realicen en el marco de dichos análisis”, sostuvo.
Solidez financiera de EPM, ¿en riesgo?
Y es que si bien el alcalde Quintero sostuvo que financieramente EPM sí podría llevar a cabo un congelamiento de sus tarifas, ya que, según él, antes de tomar la decisión habló con el equipo financiero y el gerente de EPM, los cuales dijeron que sí se estaba en capacidad de hacerlo; el mandatario no fue claro sobre cuánto le costaría esta decisión a la empresa.
Para Mauricio Restrepo, exgerente de EPM, tanto la congelación de las tarifas de EPM como la decisión del presidente Petro de intervenir en la Creg, ponen en alto riesgo la solidez financiera de las empresas de servicios públicos.
“Esta solicitud del alcalde es una petición que entiendo que no tiene ningún argumento técnico, financiero y jurídico. No obedece a protocolos o análisis que le hayan permitido determinar que es el momento de congelar las tarifas. Esto atrasaría la expansión, el desarrollo de futuros proyectos de la empresa y afectaría ostensiblemente sus ingresos. Una propuesta de estas tiene que estar revisada a través de unos protocolos empresariales, de unos procesos que permitan a la entidad determinar hasta qué monto lo podrían hacer”, señaló Restrepo.
Asimismo, el exdirectivo afirmó que, además, una decisión de estas, en un momento de inflación tan alta, sería un mensaje negativo de EPM a las calificadoras de riesgo internacional y a la banca multilateral que le suministra los créditos.
“Recordemos que los megaproyectos de EPM, especialmente Hidroituango, dependen en gran medida de la banca multilateral. En ese aspecto se estaría enviando un mensaje que generaría desconfianza e incertidumbre, por lo que se podría afectar la solidez financiera de la empresa y podría aumentar el endeudamiento de esta”, puntualizó Restrepo.
Subsidios, ¿una herramienta?
El directivo de Andeg apuntó que si se quiere que los usuarios paguen menos, los alcaldes pueden usar una herramienta: la Ley 142 de 1994 o Ley de Servicios Públicos, a través de la cual se estipularon los principios de solidaridad y redistribución en materia de servicios públicos domiciliarios.
“En la Ley 142 hay algo que los alcaldes nunca han aplicado, y es que ellos de su Presupuesto General podrían subsidiar las tarifas. Así que, si el alcalde quiere mejorar las condiciones de sus habitantes, lo que puede hacer es sacar de su presupuesto y aplicar mayores subsidio. Pero ningún alcalde en el país se ha metido la mano al dril”, anotó Castañeda.
Y resaltó que la pregunta para el alcalde Quintero es “si EPM realmente tiene, como dice, tanta suficiencia financiera, pues que coja parte de esas utilidades y las destine a través de subsidios”.
Cabe recordar que mientras compañías del sector le apostaron al Pacto por la Justicia Tarifaria del Gobierno Nacional y redujeron hasta el 100% de lo que la Creg les pidió para aliviar el bolsillo de los colombianos, EPM y sus cinco filiales (incluida Afinia) decidieron no bajar las tarifas en dos de los ítems que representan cerca del 40% del precio.