Este martes será el primer debate en el Congreso de la República de un proyecto de ley que pone nuevamente sobre la mesa el borrón y cuenta nueva. La iniciativa radicada por el representante a Cámara por el Pacto Histórico Alejandro Ocampo busca que este beneficio sea extendido por un año más.
Según su articulado, la razón de presentarse esta iniciativa radica en que después de la covid-19 hubo una demora en la reactivación del empleo formal. Y esto llevó a que las personas no se pudieran beneficiar por la primera ley de borrón y cuenta nueva, que estuvo vigente del 29 de octubre de 2021 al 29 de octubre de 2022.
“Se considera necesaria, oportuna y eficaz una extensión de este beneficio con el propósito de incentivar el acceso al crédito, la democratización de los servicios financieros y su contribución para el apalancamiento de proyectos de generación de empleo, de acceso a vivienda y el crecimiento de la productividad empresarial”, resalta el proyecto de norma.
Así mismo, busca prorrogar el artículo 9 de la ley 2157 de 2021 de manera retroactiva. Esto aplicará a “todas aquellas personas que haya extinto sus obligaciones desde el momento de finalización del régimen de transición descrito, hasta un año siguiente a la sanción y publicación de la presente ley, sean acreedoras del retiro de sus reportes negativos de las centrales de riesgo de conformidad con lo establecido en la ley”.
Además, durante el periodo en vigencia de la ley, la información negativa por falta de pago permanecerá en las centrales de riesgo por un periodo máximo de seis meses, a partir de la fecha de extinción de las obligaciones. Y si la deuda registra mora inferior a seis meses, “la información negativa permanecerá por el mismo tiempo de mora”.
Cabe recordar que, por lo general, los reportes negativos en centrales de riesgo como Datacrédito permanecen el doble de tiempo de la mora y hasta cuatro años, por lo que es importante subrayar que, si es aprobada esta nueva ley, la información negativa de las mipymes, pequeños productores, personas naturales en actividades comerciales o independientes, víctimas del conflicto armado, jóvenes y mujeres rurales y deudores o codeudores del Icetex será eliminada cuando se pague la deuda. Es decir, no tendrán que esperar seis meses.
