Luego de varios años desde que se empezara a trazar una hoja de ruta para la energía eólica offshore o costa afuera, y tras algunos ajustes hechos por el actual Gobierno, Colombia tendrá su primera subasta para generar electricidad con los vientos del mar.
El potencial del territorio nacional, al ser marino casi en un 50%, hace que este tipo de fuente renovable pueda convertirse en una buena alternativa, ya que el recurso (vientos) que existe en el mar es mayor que en tierra (hasta el doble que en un parque terrestre medio).
Por eso, las áreas que serán adjudicadas están ubicadas en la zona del Caribe central, abarcando los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre y Magdalena.
Las reglas del juego
Si bien la primera ronda estaba planeada hacerse este 21 de junio, el Ministerio de Minas y Energía presentó algunos ajustes en aspectos técnicos y financieros para la habilitación de los interesados.
Ahora las empresas que quieran postularse lo podrán hacer hasta el próximo 27 de septiembre. La etapa final de formalización y expedición de los permisos concluirá el 15 de diciembre de 2025.
“Queremos que la primera ronda de energía eólica costa afuera en el Caribe colombiano sea más competitiva y responda a los cambios en el mercado internacional y a un país con un mercado emergente. Por ello, este ministerio, junto con la Dimar, realiza la propuesta de modificación a las resoluciones que definen este proceso”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.
Manifestó que una de las modificaciones más importantes es la flexibilización de los requisitos de habilitación, que permitirá el ingreso de nuevos oferentes.
Los cambios
De acuerdo con el MinEnergía, el Global Wind Report 2024 muestra que las tasas de financiación para proyectos eólicos en mercados emergentes se duplicaron, e incluso triplicaron respecto a las experimentadas en mercados maduros.
Esto ha provocado que la industria revalúe la inversión en mercados emergentes, como Colombia, cuyos riesgos y costos superan a aquellos con una madurez tecnológica y de cadena de suministro.
En consecuencia, según la cartera, muchos de los grandes desarrolladores han reducido sus portafolios a proyectos con compromisos de comercialización de energía en firme, mientras los de experiencias intermedias se han posicionado en mercados emergentes con el fin de madurar proyectos.
Esto creó, entonces, la necesidad de ajustar las condiciones de acceso a la competencia y de analizar las reglas de participación y obligaciones asociadas a los permisos de ocupación temporal y concesión marítima, así como establecer condiciones que mejoren el perfil financiero durante el ciclo de vida de los proyectos.
Algunas de las modificaciones hechas para ajustarse a las realidades del mercado colombiano fueron la disminución de condiciones de habilitación de empresas, que además facilita ahora la conformación de consorcios entre compañías conexas a este tipo de proyectos.
En cuanto al nivel de inversión y riesgos financieros exigidos también se relajaron algunos criterios. Ahora los interesados deberán cumplir solo una de estas tres condiciones establecidas, en lugar de dos, como estaba inicialmente: cupo de crédito, calificación crediticia e indicadores de estados financieros.
Para el primero de ellos se debe presentar una garantía por un valor equivalente al 10% de la inversión estimada para el desarrollo de actividades durante el periodo de permiso de ocupación temporal.
La vigencia del cupo deberá cubrir 2 años a partir de la fecha estimada de formalización y puede prorrogarse anualmente. Lo segundo es contar con una calificación crediticia de BBB- o superior de Standard & Poor’s o Fitch, o de Baa3 o más de Moody’s, o el equivalente de una firma similar.
Una tercera opción es tener resultados financieros auditados que demuestren unos valores mínimos definidos por la cartera de Minas y Energía.
En total, los inversionistas podrán contemplar áreas dentro de un polígono de unos 12.000 kilómetros. Cada oferente podrá buscar un máximo de dos permisos de ocupación temporal y cada área será de 270 kilómetros cuadrados.
Las áreas exploradas podrían generar 1 gigavatios (GW) para 2030, 3 GW para 2040 y 9 GW para 2050. Aunque dichas estimaciones se podrían superar hasta en 2 GW más con la entrada de nuevos proyectos.
Según el ministro Camacho, cada proyecto generaría más de 4.000 empleos y un fomento de la inversión extranjera por más de US$1 billón.
Por su parte, la hoja de ruta proyecta que este tipo de desarrollos podrían atraer al país inversiones de alrededor de US$27.000 millones.
Los retos
Una de las ventas de la generación de este tipo de energía en el mar es que se reducirían algunos conflictos por el uso del territorio respecto a lo que se ha experimentado hasta ahora con la eólica en tierra, la solar y las hidroeléctricas.
Sin embargo, los desafíos no son menores: hay otros impactos relacionados con sitios considerados como patrimonios culturales, actividades de comunidades como la pesca y el turismo, y áreas de importancia marina, de biodiversidad significativa o que están protegidas.
Carlos Vasco, profesor de la Universidad de Antioquia, explicó que esta generación se realiza a través de aerogeneradores que se encuentran instalados mar adentro, lo cual requiere de grandes inversiones; además de la afectación a las aves migratorias, porque sus alas pueden impactar con las aspas o hélices.
“También se puede generar aturdimiento en ellas y los mamíferos marinos. Cualquier tipo de intervención en la naturaleza para producir algo generará impactos, el punto es tratar de mitigarlos al máximo”, puntualizó.
Algunas de las recomendaciones han sido establecer mesas de trabajo con las comunidades afectadas; la revisión del Plan de Ordenamiento Marino Costero para analizar la compatibilidad del despliegue comercial de la energía con otros ecosistemas del mar; y un mapeo de los paisajes protegidos para ayudar a evaluar el impacto visual.
