En la mañana de este 9 de diciembre se conoció que se suspendió de manera temporal una condena que obligaba a Colombia atender una millonada de dólares a la empresa española Telefónica.
La cuestión es la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pidió en nombre del Gobierno Nacional anular la suspensión del fallo en el que se ordenaba al Estado pagar 379,8 millones de dólares (Unos 1,66 billones con tasa de cambio del 9 de diciembre de 2024).
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Esa ejecución del Laudo proferido a Colombia y que beneficiaba a Telefónica se conoció el pasado 6 de diciembre.
Lo nuevo es que el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) accedió a la suspensión de la ejecución del Laudo proferido a Colombia de manera provisional.
En palabras sencillas, eso quiere decir que la empresa de telecomunicaciones no podrá cobrarle al Gobierno colombiano. Esto porque la decisión quedara en manos de un nuevo examen jurídico, has que un nuevo comité ad hoc emita un nuevo fallo, por lo que el CIADI deberá hacer nombramiento de los miembros ad hoc.
En un comunicado de la Defensa Jurídica del Estado se lee que “Colombia presentó dicho recurso al encontrar serios defectos en el Laudo, incluidos la patente falta de motivación, la manifiesta extralimitación de facultades cometida pro el Tribunal Arbitral y la violación del debido proceso de la República Colombiana”.
Horas después, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, confirmó que la CIADI se designará un comité para estudiar la solicitud de anulación interpuesta. “Seguiremos atentos para defender los intereses de nuestro país”, indicó.
Demanda de Telefónica contra Colombia: ¿qué pasó con los $379 millones?
El ministro ha comentado en su momento que el lío comenzó con los contratos de concesión firmados en 1994 entre el gobierno colombiano y los operadores de telefonía móvil, como Telefónica y Claro.
Según el alto funcionario, en esos acuerdos se estipuló que, al finalizar las concesiones, el espectro y la infraestructura de telecomunicaciones serían revertidos al Estado.
A pesar de esa anotación, en 1998, una ley modificó esas condiciones, de ahí que Telefónica demandó a Colombia porque considera que el país violó la obligación de brindar un trato justo y equitativo a la empresa. La demanda se centró en la reversión de activos y la pérdida de inversiones que Telefónica sufrió debido a decisiones gubernamentales.
Y por esa razón este mes se impulsó a la condena de Colombia por los 379,8 millones. Eso con el argumentó que el cambio legislativo afectó negativamente los intereses de la empresa. Ahora está suspendido.
El ministro Lizcano dijo: “Nosotros creemos que la ley va hacia el futuro, no hacia el pasado”, afirmó, argumentando que el contrato original de concesión ya especificaba la reversión de los activos y que el Estado tiene una defensa sólida”.
Cabe destacar que Telefónica y el Estado son socios. El Gobierno Nacional cuenta con una participación accionaria, a través del Ministerio de Hacienda, de 32,5% en Telefónica. El 67.49% está en manos de Telefónica Hispanoamérica, S.A.. y los demás en otros accionistas minoritarios.
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