“En otras palabras, cuatro quintas partes del aumento en gastos de funcionamiento corresponden a transferencias corrientes”, apuntó.
Particularmente sobre este monto de $72,1 billones de transferencias, resaltó que $18,8 billones se fueron al cierre del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), es decir, el 26%.
A su turno, el Sistema General de Participaciones (SGP) aumentó en $13,7 billones; y el gasto en salud creció $13,8 billones, de los cuales $9 se destinaron a financiar el esquema de aseguramiento en salud de la Ley 100 a través de la ADRES.
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Además, “las prestaciones sociales asumidas por el Estado se incrementaron en $13 billones: $6 se destinaron a Colpensiones, $4 a las fuerzas armadas, $2 a profesores y $1 a otros regímenes de salud y pensión especiales”, entre otros.
Respecto a los $12 billones que se fueron para gastos de personal, el Observatorio afirmó que ese incremento estuvo relacionado con el crecimiento de la nómina estatal y la carga prestacional asociada, como beneficios, primas y aportes a seguridad social.
Se recordó que “las 163 entidades del orden nacional están integradas por un total de 677.748 cargos cuyo gasto total en personal asciende actualmente a $60 billones, de los cuales solo el 40% se destina al pago de asignaciones básicas mensuales”.
Ante este escenario, el Observatorio precisó que la mayor parte del incremento del gasto producto de las transferencias no depende del Ejecutivo, pues en varios casos obedece a normas de carácter constitucional o legal y no hay margen de maniobra.
Las recomendaciones
Por lo demás, sugiere dar mayor autonomía en el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones y reducir la duplicidad de funciones entre la Nación y los Entes Territoriales.
Igualmente, recomienda “la implementación de un impuesto a las pensiones” y la introducción de mecanismos autorregulatorios en los regímenes especiales de salud como los copagos.
También, priorizar los tratamientos y servicios ofrecidos por el sistema de salud, acelerar el desmonte de los subsidios a los combustibles y “racionalizar las primas, bonificaciones y otros rubros distintos a la asignación básica mensual”.
