Tanto Claro como Tigo fueron sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por violar los derechos de habeas data que tiene cualquier ciudadano. En total, deberán pagar una multa superior a los $1.300 millones.
En concreto, Claro Colombia (Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.), no guardó reserva sobre la información únicamente para los fines para los que le fue entregada. La multa es de más de $1.000 millones.
El caso tiene su génesis en una denuncia en la que un titular informó que esa empresa habría vulnerado su Derecho de Hábeas Data por haber consultado su historial crediticio sin contar con su autorización y sin haber solicitado servicio alguno.
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“La Dirección de investigaciones de Datos Personales encontró preliminarmente que la conducta de la investigada transgredía el deber de utilizar la información únicamente para los fines que le fue entregada o contando con la autorización previa por parte del titular de la información”, explicó la entidad.
Por su parte, Tigo fue multado por no garantizar los derechos que tiene cualquier persona en materia de datos personales. “Tigo infringió el deber de utilizar la información únicamente para los fines que le fue entregada o contando con la autorización previa por parte del titular de la información”.
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El caso que fue investigado por la SIC tiene que ver con una persona que presentó “múltiples peticiones ante la sociedad COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.” para que se eliminara su información de las bases de datos de la compañía y “la cancelación del envío de mensajes de texto con prospección comercial y de mercadeo a su línea móvil personal”.
Para estas situaciones donde se vulneren los derechos de habeas data, los usuarios pueden informar y solicitar un seguimiento a su caso a través de los canales de comunicación de la SIC, como el sitio web www.sic.gov.co, y la línea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165.
Frente a esta decisión, la SIC precisó que “contra los anteriores actos administrativos sancionatorios procede el recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales y/o el de apelación ante el Superintendente delegado para la Protección de Datos Personales”.
Con información de Colprensa*