La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a la sociedad C.I. Comercializadora y Exportadora B.C.M (CI Export BCM) suspender de manera inmediata las actividades de captación ilegal y recaudo no autorizado de dineros del público.
La medida fue adoptada a través de la Resolución Número 0823 del 23 de abril de 2024, en la que también le ordena a dicha sociedad realizar la devolución inmediata de los recursos captados de manera ilegal.
La Superfinanciera estableció que la sociedad C.I. Export B.C.M asumió obligaciones con por lo menos 337 personas por $10.064 millones, sin prever a cambio la entrega de un bien o la prestación de un servicio.
Dicho monto incluye la promesa de reconocer rentabilidades fijas de hasta el 25% sobre el valor entregado en un período de 25 días hábiles.
“En efecto, se determinó que los pagos que hizo la sociedad a las personas que entregaron sus recursos, no tienen justificación financiera razonable, ya que para 2021 el negocio generó pérdidas y para 2022 y 2023 los ingresos no eran suficientes para pagar las rentabilidades fijas que ofreció, capitalizó y pagó”, se lee en el comunicado de la Superfinanciera.
Estas operaciones las realizó por medio de una línea de negocio desarrollada principalmente en los municipios de Turbo y Apartadó en el Urabá antioqueño, el cual tenía como principio la vinculación de terceros “asociados” y/o “socio oculto” a través de un denominado “contrato de cuentas en participación”, cuyo objeto era recibir recursos de los suscriptores para hacerlos partícipes de los beneficios económicos generados por la empresa a partir de la comercialización de plátano.
La superintendencia remitió copia de la resolución a la Superintendencia de Sociedades con el fin de que adopte las medidas de su competencia, al igual que a la Fiscalía General de la Nación, junto con el expediente de la investigación, con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal.
Según la Resolución Número 0823 del 23 de abril de 2024, C.I. Export B.C.M es una sociedad de naturaleza comercial constituida por documento privado del 3 de junio de 2021, y en ese momento fue nombrada Paola Borja Correa, como representante legal principal. A finales del año pasado, en asamblea extraordinaria de accionistas, se nombró como representantes a Mariana Vanessa Araos Borja.
Aunque la investigación oficial da cuenta de 337 personas afectadas, las averiguaciones adelantadas apuntan a que en septiembre de 2023 las obligaciones sumaban $194.843 millones correspondientes al menos a 7.081 personas, lo cual permite inferir que la magnitud del recaudo de recursos para soportar esa operación puede involucrar a más terceros y montos.
En uno de los contratos de cuentas en participación se lee que el propósito era la comercialización y venta de plátano Harton tipo Premium a varias cadenas de supermercados, entre ellas Supertiendas Olímpica, esta respondió que CI Comercializadora y Exportadora BCM no se encuentra registrada como proveedor o cliente, ni tampoco sus representantes legales.
“De conformidad, en nuestros registros contables no figuran operaciones realizadas con CI Comercializadora y Exportadora BCM, identificada con el Nit 901.493.409-1 y no está creada en nuestras bases de datos de clientes ni acreedores”, señaló esa organización.