Canacol Energy anunció que por decisión propia terminó el contrato de venta de gas a largo plazo “take or pay” con Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Se trata de un megaproyecto valorado entre US$450 millones y US$500 millones, que entraría en operación en diciembre de 2024 y traería inicialmente 21 millones de pies cúbicos diarios de gas natural desde el pozo Jobo hasta Medellín.
El proyecto se encontraba en el proceso de obtención de la licencia ambiental requerida para la construcción del gasoducto, para entregar el gas contratado.
Canacol argumentó que la demora en el otorgamiento de la licencia, que se tenía proyectada para julio de 2023, es una de las razones para abandonar el contrato.
“Aunque este retraso no era suficiente por sí mismo para poner en peligro la ejecución oportuna del proyecto o del contrato de venta de gas, ha sido parte de un patrón de obstáculos legales, sociales y de seguridad cada vez mayores que han surgido en los últimos meses y que han llevado a la Corporación a reevaluar el futuro probable y la prioridad asignada a este proyecto”, se lee en un comunicado de la compañía emitido en la tarde de este jueves.
Entre otras cosas, Canacol aseguró que para tomar esta decisión también tuvo en consideración las dinámicas dentro del mercado de gas colombiano y su interés en invertir en sus programas de exploración de gas natural en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena y en Bolivia, la empresa considera prudente cancelar el Proyecto de Gasoducto Jobo a Medellín.
Canacol anunció que hoy en la mañana realizará una conferencia telefónica para discutir la cancelación del contrato de EPM, así como la entrada estratégica en Bolivia, que también acaba de anunciar.
De momento, se sabe que Canacol le comunicó a EPM su intención de terminar el contrato con efecto inmediato, y que, según sus cuentas, no incurriría en ninguna penalidad, puesto que en lo que va corrido de este año ya había invertido 6 millones de dólares en el proyecto Jobo - Medellín.
No es muy claro que dicha penalidad no exista, pues no es la primera vez que EPM queda, como se dice popularmente, colgando de la brocha. Hace poco más de cuatro años, Canacol se había salido de otro contrato muy parecido y ante ese incumplimiento, EPM tuvo que haber impuesto una cláusula de salida que, como pudo establecer EL COLOMBIANO, sería de 10 millones de dólares.
Este diario consultó con EPM, y antes del cierre de esta edición la respuesta fue: “EPM está analizando la comunicación que recibió sobre el particular este jueves 19 de octubre, con el propósito de definir las acciones que adelantará”.
Contrato con irregularidades
Hasta hace tres años se creía que el contrato de gas iba a ser suscrito por Promigás, que el gasoducto iba a ser construido por su filial Transmetano, y que incluso iba a pasar por Urabá, fortaleciendo el suministro en una región que es abastecida de gas mediante carrotanques.
“Desde el principio, en el Comité Intergremial apoyamos esta propuesta, pues era interesante en la medida en que el área metropolitana y Urabá iban a quedar conectadas a un sistema de gasoductos nacional, con alta confiabilidad. Construido por una empresa colombiana de gran trayectoria”, aseguró Nicolás Posada, director del Comité Intergremial de Antioquia.
Y explicó que Urabá es una región que proyecta una alta productividad industrial y agroindustrial en el mediano plazo, apalancada por el puerto, y que el suministro de gas por vía de carrotanques no es confiable, pues está a merced de los derrumbes en las vías y de los problemas de orden público que son muy frecuentes.
Sin embargo, de un momento a otro, EPM dejó de atender a Promigás, y se empezó a rumorar que Canacol se quedaría con el contrato. Pese a tener impedimentos legales para hacerlo y de que se sospechaba que tampoco estaba en capacidad técnica.
Y así fue. El contrato se firmó en agosto de 2021, para que entrara en operación en diciembre de 2024. Y en octubre de 2022 Canacol firmó un contrato con el consorcio chino Shanghai Engineering and Technology Corp. (Setco) para la construcción del gasoducto.
Las especificaciones de dicho gasoducto eran 289 kilómetros de longitud y 22 pulgadas de diámetro desde la instalación de procesamiento de gas de Jobo hasta la ciudad de Medellín.
“La construcción de este gasoducto permitirá a Canacol enviar nuestro gas al mercado del interior de Colombia y elevará nuestras ventas de gas por encima de 300 millones promedio de pies cúbicos en 2025. El proyecto también brindará seguridad energética a los clientes en el interior de Colombia, ya que los campos de gas de Ecopetrol ubicados allí comenzarán a declinar en 2024. Nos complace desempeñar un papel importante para garantizar una fuente de energía limpia a nuestros clientes a medida que Colombia ejecuta la transición hacia fuentes de energía menos contaminantes”, señaló Charle Gamba, presidente y CEO de Canacol.
Setco sería responsable de pagar el 100% del costo de construcción del gasoducto y poseería, operaría y mantendría el gasoducto, pero a estas alturas ya no se sabe qué pasará con el consorcio chino, pues si Canacol no suministrará gas a EPM no es muy claro para qué construiría el tubo.
Por otro lado, el contrato entre EPM y Canacol estaba bajo la lupa de la Superintendencia de Industria y Comercio.
¿Y el futuro?
Una fuente le aseguró a EL COLOMBIANO que Transmetano y Promigás siguen interesados en conectar su gasoducto con el tubo de EPM y, a la par, abastecer de gas natural a Urabá. El problema es que se perdió tiempo valioso que pudo haberse invertido en construir el gasoducto con unas variables macroeconómicas más amigables que las que existen actualmente.
“Por ahora no tenemos alarmas de desabastecimiento, y resulta una buena noticia que este proyecto pueda hacerse sin que esté politizado directamente por la administración de Daniel Quintero”, concluyó Posada.
103
municipios de Antioquia están conectados a la red de gas natural.
21
millones de pies cúbicos diarios era la promesa de entrega de Canacol a EPM.