En julio próximo, la Superintendencia de Sociedades espera terminar los procesos de liquidación de las aerolíneas Viva y Ultra y, adicionalmente, llevar al Congreso una propuesta para modificar el régimen de insolvencia empresarial, es decir la Ley 1116 de 2006.
Así lo manifestó el superintendente, Billy Escobar Pérez, quien el pasado jueves participó en el seminario Administradores societarios, organizado por la Cámara de Comercio Aburrá Sur, en Itagüí, espacio en el que expresó que: “No soy el sepulturero de las empresas del país”.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el funcionario explicó de dónde viene ese señalamiento, y las tareas que está acometiendo su despacho.
¿Por qué dice usted que no es el sepulturero de las empresas del país, quién le puso ese epitafio?
“Algunos actores que se mueven en la vida de la superintendencia, lo que llaman los norteamericanos stakeholders (partes interesadas), entonces fácilmente dicen que es que el superintendente los está atacando, cuando realmente la labor de nosotros y la evidencia así lo dice, ha sido más bien la de acompañar y apoyar a las empresas para que salgan adelante”.
¿Cuáles son las cifras hoy de liquidaciones e insolvencia empresarial que tiene la entidad?
“El total consolidado son más o menos 4.000 empresas. De esas, 2.700 ya llegaron a un acuerdo, o sea, ya están en ejecución de los acuerdos y las otras están en proceso de definición, de si se quedan en reorganización o se van a liquidación. Vale anotar que esas 4.000 empresas es la suma del histórico de las sociedades que se han sometido a ese proceso”.
Hace un tiempo fue muy sonado el caso de Justo y Bueno...
“Justo y Bueno no fue ni justo ni bueno, y ese es un ejemplo del mal manejo de un proceso en el que la norma establecida busca salvar a las compañías. En ese caso el empresario lo que propició fue la dilación en la solución de las dificultades de la empresa. Y se demoró más de lo que tenía que demorarse, no en la Superintendencia, sino afuera, porque la norma establecía un mecanismo en el que él mismo adelantaba el procedimiento con sus abogados para negociar acuerdos con los trabajadores. Eso tardó demasiado y nunca llegó la inversión. Y finalmente, cuando llegó la Superintendencia, en tres meses tomamos la decisión de liquidar, de entregarles los bienes a los arrendadores y definirles la situación a los trabajadores. Pero es un buen ejemplo de lo que no debe suceder”.
¿Y qué hay sobre los procesos de las aerolíneas Viva y Ultra?
“En este momento el trámite está en definir los inventarios, o sea, los activos y los pasivos. Ya está en esa fase en la que el juez hace esa valoración a efectos de saber con qué se cuenta para poder saber si se pueden pagar las obligaciones y hasta qué nivel. En eso tengo que precisar que el primer nivel son los trabajadores y, seguramente, en el caso de Viva aspiramos a solventarles todas las obligaciones a los trabajadores de esa empresa, vemos una gran posibilidad. En el caso de Ultra la situación es más difícil porque el patrimonio que tienen y que encontramos no parece ser suficiente para pagar todas las obligaciones”.
¿Cuáles son los números de esas empresas?
“El inventario de bienes de Viva, proporcionado por el liquidador, es de unos $125.000 millones, y el pasivo equivale a dos billones. La deuda con los trabajadores es de $24.000 millones. Con esas cifras no alcanza para pagarles a todos, pero a los trabajadores sí, porque son crédito privilegiado y como son los primeros, tengo el sueño de que a los trabajadores sí les pago. En Ultra la situación es compleja. El activo en liquidación alcanza la suma de $300 millones, y el pasivo asciende más o menos a $93.000 millones. Las deudas laborales equivalen $9.000 millones. Ahora estamos en la etapa final y aspiro que en 2 o 3 meses, ya esté cerrado el tema”.
Usted habla de empresas que se han ido a liquidación, pero han regresado a la reorganización, ¿hay ejemplos?
“Sí. Bioenergy. Todo el mundo decía que Bioenergy se iba a cerrar y ahí tenemos un bonito ejemplo de un acuerdo en donde participó la banca, que era el acreedor, la Dian y los trabajadores, que fueron fundamentales. La empresa estaba en liquidación y se devolvió a reorganización y hoy está salvada. Recientemente también se hizo con dos empresas de la construcción. Estaban en esa situación y las salvamos, y queremos seguir en esa tónica”.
¿Cuál será la herramienta para seguir salvando empresas?
“Voy a proponer, a instancias del Ministerio de Comercio, una iniciativa que se va a llamar Ley de salvamento empresarial, no de insolvencia. Desde su misma denominación le cambiamos el sentido a lo que hacemos”.
¿Es decir, se va a modificar la Ley 1116 de insolvencia?
“Claro, con una visión que no parte de la concepción de que tú estás enfermo. La idea es proponer salvar empresas y es el chip que quiero que todos se pongan, o sea que entendamos que vinimos a salvar empresas, no a liquidarlas”.
Pero en el pasado tuvimos la Ley 550 de reestructuración y pasamos a la 1116 de insolvencia, que para aplicarlas las empresas debían evidenciar síntomas, ¿cuál será la diferencia?
“La diferencia es total. Vamos a recoger toda la normativa positiva, como por ejemplo los dos decretos de emergencia que sirvieron y aceleraron los procesos que tradicionalmente duraban 3, 4 o 5 años. Hoy estamos en la media de 6 meses, y queremos volverlo ley permanente. Lo otro es que queremos revisar aspectos como por ejemplo las garantías mobiliarias, ajustar lo que haya que ajustar, así como acelerar los tiempos y buscar la forma de disminuir la escalera de beneficiarios al momento de la liquidación. O sea, tratar de subir a aquellos a los que finalmente nunca les llega un peso porque se quedan muy abajo. Entonces, es tratar de equilibrar en una apuesta innovadora para la que hemos invitado a todas las universidades del país, a los expertos y asociaciones. No vamos a botar corriente, no vamos a abrir un espacio para que todo el mundo pontifique. Creemos que el problema está sobrediagnosticado, así que hemos recogido propuestas que vamos a presentar al Congreso a mitad de año”.
