Los conductores de las motocicletas de bajo cilindraje deberán aportar en la reducción de los accidentes viales si quieren mantener el descuento del 50% en el precio del Soat. De acuerdo con las carteras de Transporte y Hacienda, la reducción en el costo del seguro dependerá del comportamiento de los conductores en las vías.
“La póliza era tan costosa porque más del 60% de los accidentes viales provienen de los motociclistas. El compromiso ahora de allá para acá es a que los motociclistas se comprometan a cuidar sus vidas. El Soat se mantendrá en sus tarifas siempre y cuando no haya siniestro viales, en caso de haberlos, se incrementarán”, explicó el ministro de Transporte Guillermo Reyes.
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Es que a partir del 1 de diciembre de este año los conductores de motos de 150 cc o menos, los taxistas y choferes de microbuses urbanos y servicio público urbano e intermunicipal encontrarán un descuento del 50% a la hora de adquirir el seguro obligatorio. Póliza creada para cubrir los gastos hospitalarios o funerarios que dejan los siniestros en el país.
Este años (hasta el 31 de octubre), de acuerdo con la Agencia de Seguridad Vial, en las carreteras del país han muerto 6.577 personas, de ellas, 3.914 eran motociclistas (59.5% de las víctimas). Por tanto, el MinTransporte consideró que las reducciones y aumentos en el Soat se aplicarían a cada conductor dependiendo de su siniestralidad.
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“En la reglamentación vamos a establecer unos beneficios para quienes no incurran en siniestralidad y quienes sí incurran en el año de vigencia de la póliza si se les incrementará el precio. Esto quedará reglamentado en los próximos días”, puntualizó Reyes.
El reto del gobierno será garantizar ahora la cobertura y que los conductores adquieran el seguro para poder que el sistema sea viable. Se sabe que el 47% de los propietarios de vehículos (cerca de 9 millones) evade el pago del seguro obligatorio.
La reducción del 50% le costaría al gobierno cerca de 2 billones de pesos. Los recursos, explicó el MinHacienda, saldrán de la reforma tributaria –ya aprobada en el Congreso por 22 billones de pesos– , se incluiría en la adición presupuestal del año entrante e irían directamente al fondo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
