El gremio del sector asegura que las comercializadoras tienen saldos por cobrar de $7,2 billones, los cuales podrían dispararse a $10,5 billones a final de año y dejarlas en insolvencia empresarial.
Este martes se conoció una carta que la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) envió al ministro de Minas y Energía, Ómar Andrés Camacho, y al director ejecutivo de la Creg, José Fernando Prada, advirtiéndoles sobre la dura situación financiera que atraviesan las empresas del sector.
“Observamos con gran preocupación que la situación de liquidez de las empresas comercializadoras continúa empeorando debido a las demoras y falta de medidas para mitigar el efecto de los saldos acumulados por la aplicación de la opción tarifaria, tal como lo hemos venido expresando desde diciembre de 2021”, se lee en la misiva.
Esto, en referencia a una medida especial que surgió en el marco de la pandemia, pues la mencionada “opción tarifaria” se estableció como mecanismo para “congelar” las tarifas para los usuarios, generando un saldo por recuperar a las comercializadoras, que posteriormente debía ser pagado por los propios usuarios a lo largo de un mayor período.
Las deudas
La estrategia no salió como pintaba sobre el papel, y las comercializadoras agremiadas en Asocodis aseguran que a julio de 2023 los saldos por recuperar de la opción tarifaria ascendían a $4,9 billones.
Además, dicen, en caso de que la opción tarifaria y condiciones actuales continúen hasta diciembre del 2023, sumado a otras variables como que los precios de bolsa tengan un comportamiento cercano al precio de escasez en algunos meses, los saldos por cobrar podrían dispararse a $7 billones a final de año.
Pero este no es el único problema, pues Asocodis menciona otras deudas por cobrar derivadas de la aplicación de los mecanismos de alivio otorgados a los usuarios por la pandemia en el marco de la Resolución Creg 058 de 2020; la deuda de usuarios constitucionalmente protegidos, clientes oficiales y alumbrado público; y la deuda por concepto de subsidios del el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos.
“La suma de los valores anteriores es cercana en la actualidad a $7,2 billones que equivale a algo más de 2,4 años del ingreso regulado de comercialización de todas las empresas de Asocodis, lo cual hace inviable la actividad de comercialización en el país”, apunta la agremiación.
Dura advertencia
Así las cosas, Asocodis manifiesta que esta coyuntura, además de resultar en insolvencia empresarial puede desembocar en un apagón por temas financieros en caso de materializarse una situación de riesgo sistémico.
De no tomarse medidas al respecto, la bomba de tiempo que advierten las comercializadoras generaría saldos por recuperar del orden de $10,5 billones al cierre de este año, con lo cual “algunas empresas quedarían en situación de inviabilidad financiera por insolvencia, originando un riesgo sistémico con potencial afectación a la prestación del servicio de energía para todos los colombianos, ya que cesarían los pagos a los demás eslabones de la cadena”.
El efecto en cadena del cese de pagos afectaría incluso a los generadores térmicos “que también necesitan de un flujo de caja constante para la compra de combustibles y ante un escenario de escasez hídrica nos enfrentaremos a un apagón no por temas energéticos sino por temas financieros”, dice Asocodis.
Las recomendaciones
En ese sentido, el gremio llamó al MinEnergía y a la Creg a estudiar y adoptar varias medidas. Por ejemplo, que se definan y aprueben las líneas de crédito de Findeter hasta por un monto equivalente al saldo acumulado pendiente de cobro de la opción tarifaria de cada empresa de distribución y comercialización, consagradas en la Ley 2299 de 2023.
Así mismo, implantar las soluciones estructurales para resolver las dificultades de liquidez de las empresas comercializadoras asociadas a los saldos acumulados por la aplicación de la opción tarifaria.
Y, de manera, urgente, detener la acumulación de saldos de la opción tarifaria y adoptar una mayor flexibilidad en la aplicación de la misma que permita la recuperación de los saldos acumulados en un tiempo razonable.
