Casi 12 horas demoró el debate para que la plenaria de la Cámara de Representantes diera luz verde al proyecto de ley con el que se pretende modificar el Sistema General de Participaciones (SGP). Una iniciativa que fue aprobada en su último debate, pese a las advertencias de centros de pensamiento económico y analista que vaticinan que esta iniciativa traerá serios problemas para las finanzas del Estado.
La reforma fue aprobada con 124 votos a favor y tres en contra. El siguiente paso es conciliarla con el Senado y luego pasará firma del presidente Gustavo Petro para convertirse en Ley.
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El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, celebró: “Esta es la reforma constitucional, tal vez, si no la más importante, de las más importantes que se han aprobado desde la Constitución de 1991”.
El alto funcionario agregó que durante los ocho debates se fue ajustando, mejorando, superando diferencias y temores de los legisladores sobre la reforma.
Para contexto, el SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno Nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico (acueductos y alcantarillados).
El Ministerio del Interior argumenta que este mecanismo requiere una reforma “para cumplir con la promesa de descentralización de la Constitución Política de 1991, devolviéndoles la autonomía a municipios, distritos y departamentos en la determinación de la inversión de los recursos en aquellos programas y proyectos que mayor potencial tienen para impulsar su desarrollo”.
En resumen, el proyecto busca que la Nación pase de transferir a los entes territoriales un poco más del 20%, de sus ingresos corrientes, a 39,5%, que inicialmente la propuesta era 46%, pero hubo cambios en medio del trámite en el Congreso.
Cabe destacar que esta reforma entraría en vigor cuando el Congreso apruebe, entre 2025 y 2026, la Ley de Competencias, que asignará mayores responsabilidades a las entidades territoriales, ya que recibirán mayor dinero.
Una vez aprobada la Ley de Competencias, la Nación comenzará a transferir, de manera gradual y durante un plazo de hasta 12 años, el 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación, tal como lo establece la legislación.
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¿Un problema fiscal anticipado?
Las críticas a este proyecto han sido numerosas por el alto esfuerzo fiscal que significaría para el Estado.
En pleno debate, la representante de Alianza Verde, Katherine Miranda, reveló una respuesta del Ministerio de Hacienda: “¿Sabe cuánto vale esta reforma?, me permito leer lo que me respondió el Gobierno, considerando que las últimas seis reformas tributarias en su primer año han recaudado el promedio de $16 billones (a precios de 2024), se requerirían nueve reformas tributarias de esta magnitud entre 2027 y 2035 para financiar este proyecto legislativo”.
La representante calificó la reforma como un proyecto irresponsable y advirtió que significará serios problemas para el futuro de la chequera del Gobierno.
Incluso el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, ha alertado sobre serios impactos que traerá estos cambios en el SGP a la deuda y al déficit fiscal.
“La discusión de esta reforma inició por el final. Lo primero que habría que revisar es cuáles son las competencias que el Gobierno Nacional puede transferir a las entidades territoriales, cuál es su capacidad de ejecución y cuáles son las necesidades de gasto sectorial”, indicó esa entidad.
El Carf agregó que cualquier modificación de SGP que incremente la rigidez de las transferencias e imponga nuevas obligaciones de gasto al Gobierno Nacional, pone en peligro el cumplimiento de la regla fiscal.
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