Mauricio Santa María, presidente del centro de pensamiento Anif, criticó de frente a la ministra de Minas, Irene Vélez, y al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por la reciente política que los dos funcionarios anunciaron para diferir el pago de la facturas eléctricas y destinar $100.000 millones de la caja de EPM para amortiguar parte de los cobros que se acumularán en el presente y se empezarán a pagar desde enero.
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“Con toda sinceridad, me parece increíble, inverosímil, que funcionarios públicos de tan alto rango digan esto como si fuera un logro y, peor aún, que termine diciendo ‘cumplimos’”, fueron las palabras del experto.
“Sí —añadió— cumplieron en lograr que todos los colombianos paguemos, ahora y en el futuro, a través de mayores impuestos un capricho de dos funcionarios populistas y que no entienden nada. Y también cumplieron menoscabando la institucionalidad del sector eléctrico que ha funcionado bien durante 32 años”.
El movimiento de Quintero con lo que él ha denominado un “congelamiento” de tarifas ha sido más que polémico, especialmente porque expertos del sector energético dejaron en evidencia que esa movida era una opción tarifaria, es decir, un alivio artificial porque el precio del presente se paraliza pero los usuarios deben responder por el incremento aplazado en las facturas de enero.
De hecho, Andrés Tobón, candidato al Concejo de Medellín, ya le había lanzado un dardo a Quintero y dijo que “se le cayó la mentira y le tocó salir a corregir. Alguien tenía que pagar la falsa congelación: todos los ciudadanos de Medellín”.
“¿Será que hay que agradecerle que EPM se gaste $100.000 millones para ahorrarnos entre 500 y 1500 pesos mensuales por hogar? Politiquero y mentiroso”, escribió Tobón.
En toda esta trama hay que recordar que la opción tarifaria fue una política implementada en 2020, durante la época más crítica de la pandemia (nueve meses), y los incrementos acumulados tienen a las empresas distribuidoras en una situación financiera complicada, pues con corte a abril les adeudaban $4,6 billones.
No obstante, el líder gremial aseguró que esta no es la única razón, pues se han sumado otros aspectos como la reducción de costos por el Pacto Tarifario que lideró el Ministerio de Minas y Energía, así como la inflación, entre otros.
“A abril 30, las dificultades que tenemos suman un saldo por recuperar de $6,4 billones: $4,6 billones de la opción tarifaria, cerca de $700.000 millones por subsidios del gobierno y $800.000 millones de deudas de usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos (hospitales, estaciones de policía, entre otros)”, precisó Juan Camilo Manzur, presidente de Asocodis, gremio que representa a las electrificadoras.
“El tema es tan crítico que esos $6,4 billones representan dos años de ingresos. O sea, las empresas de Asocodis (comercializadoras) reciben un ingreso de $3 billones, pero hoy tienen en la calle $6,4 billones. Un negocio, si se tiene en cuenta eso, es difícil que sea viable desde el punto de vista de comercialización de manera independiente”, agregó.
Entretanto, el presidente de Anif finalizó su crítica haciendo hincapié en lo que podría venirse con la época de sequía que se avecina en el país: “No quiero ni pensar que va a pasar cuándo El Niño llegue de verdad. Preparémonos para sufrir. Muy mal Quintero y Vélez. Realmente no saben en donde están parados”.
