Levantar el paro camionero, que solo duró cuatro días, tras una negociación entre el gremio transportador y el Gobierno, supuso una especie de “victoria” para ambas partes. Por un lado, los que bloqueaban lograron desmontar el aumento de casi $6.000 y, por otro, el Gobierno pudo impedir que se congelara el aumento. No obstante, este acuerdo sí tendrá un daño colateral, pues seguirá aumentando el hueco en las finanzas públicas que genera el subsidio al combustible.
En la madrugada del viernes 6 de septiembre, los transportadores y representantes del gobierno acordaron desmontar el aumento de $1.904 en el precio del ACPM que había empezado a cobrarse el pasado fin de semana y, en su lugar, se cobrarían solo $800 más, de los cuales $400 se cobrarían de forma inmediata y otros $400 a partir del 1 de diciembre.
La propuesta inicial del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla de subir el precio del ACPM de forma unilateral, que él mismo calificó de “impopular pero necesaria”, le representaría un ahorro al Gobierno de $1,6 billones en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), pero ahora, con el acuerdo, el Ejecutivo solo podría conseguir unos $600.000 millones, el 42 % de lo presupuestado.
Lea aquí: Tras fin del paro camionero, MinAgricultura inicia plan de acción para acelerar salida de alimentos represados
“El fondo siempre ha tenido un déficit que se agudizó desde el 2021 al llegar a los $15 billones, en el 2022 fue de $37 billones y en el 2023, de $20 billones”, explicó el alto funcionario.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana explicó que, con el incremento de $1.904 al ACPM planteado por el Gobierno, el déficit iba a cerrar en $10 billones a 31 de diciembre de este año. En otras palabras, el incremento que motivó las protestas significaba un ahorro de $1,6 billones en recursos públicos.
Pero, con el aumento del precio en $800, el déficit subirá a $11 billones, es decir, $1 billón adicional al escenario con el ajuste de $1.900. Con el nuevo esquema de incrementos pactados, el ahorro que se logrará apenas llega a los $600.000 millones.
Aunque el acuerdo de aumentar en menor proporción el precio del diésel supuso detener un paro que ya estaba empezando a proyectar grandes pérdidas en la economía y un aumento en el costo de vida, asociaciones como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, aseguran que el incremento en el precio del combustible es inevitable.
Esta última estimó que en 2023, tres cuartas partes del déficit del Fepc fueron causadas por este combustible. Desde enero de 2020 no se han realizado ajustes en su precio, lo que ha contribuido a un aumento en el déficit fiscal.
El ajuste en el precio del ACPM es una medida que, según Anif, ayudará a reducir el déficit fiscal y fortalecer la estabilidad financiera del país. Además, al disminuir el subsidio, los precios del diésel se ajustarán mejor a los estándares internacionales, evitando distorsiones en el mercado y mejorando la competitividad del sector a largo plazo.
Siga leyendo: Inflación en Colombia cedió más de lo esperado en agosto gracias a los precios de los alimentos
En 2025, se espera que el país tenga que pagar $10 billones más para cubrir el déficit de este año. Esta situación ha llevado al Gobierno a considerar el ajuste en el precio del diésel como una medida necesaria para reducir el impacto fiscal y, al mismo tiempo, promover una transición hacia energías más limpias.
Esto significa que el país deberá ajustar sus cuentas el próximo año para cubrir el déficit adicional de $1 billón. Aunque el impacto no será tan fuerte el próximo año, el Observatorio Fiscal advierte que si no se continúa incrementando el precio del ACPM la sostenibilidad fiscal del país, podría verse comprometida a largo plazo.
