“Yepes Mejía también es responsable de la producción de cocaína, la coordinación de envíos de cargamentos de cocaína, y la supervisión y dirección del despacho de cargamentos de cocaína desde la costa de Colombia con destino a lugares predeterminados en las inmediaciones de Centroamérica y México”, advierte la Corte Suprema.
Aunque actualmente, “HH” está en libertad y las órdenes de captura en su contra fueron levantadas, el alto tribunal aclaró que esto no es impedimento para emitir el concepto favorable de extradición.
“No se advierte motivo alguno que impida a la Sala conceptuar favorablemente la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América“, se lee en el documento de la Corte Suprema de Justicia.
Para que la extradición quede en firme, aún se requiere la firma del presidente de la República, quien tiene la última palabra en este tipo de trámites judiciales. Se trata de una decisión crucial, ya que Gabriel Yepes Mejía es uno de los principales protagonistas del proceso de paz más avanzado que adelanta el actual Gobierno con grupos armados organizados.
El frente Comuneros del Sur –una disidencia del ELN– entregó sus armas y explosivos que fueron destruidos de forma controlada. Los ilegales entregaron 585 unidades de material bélico: minas, morteros y granadas que fueron destruidos por el grupo de Manejo de Artefactos Explosivos del Ejército Nacional después de recibir la orden del propio presidente.
La entrega de los explosivos ocurrió el sábado 5 de abril. Las partes se dieron cita en el coliseo del barrio San José Obrero de Pasto para firmar nuevos acuerdos y sellar la entrega de los explosivos.
Este grupo armado ilegal es el resultado de una disidencia que se le formó al ELN en Nariño. Son comandados por Gabriel Yepes Mejía, alias HH. Tienen alrededor de 100 hombres en armas y obtienen financiación a través de las rentas ilícitas de la minería, la extorsión, el secuestro y el narcotráfico local y transnacional.
La mesa con este grupo ilegal es una de las que más avances ha reportado en la paz total del presidente Gustavo Petro. Al cierre del año pasado, las partes acordaron un cese al fuego por seis meses que empezará a regir una vez los ilegales estén concentrados en “zonas de ubicación temporal” que estarán situadas en la región de Abades, en Nariño –en los municipios de Samaniego y Guachavés–.
La extradición o no del comandante guerrillero será definitivo para los avances o el estancamiento de la paz total de Petro.
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