El denominado Servicio Público de Extensión Agropecuaria, que dejó atrás el modelo de asistencia técnica a los productores rurales para aplicar un enfoque más integral, fue creado en el gobierno del entonces presidente Iván Duque, bajo la Ley 1876 de 2017. Sin embargo, seis años después, este aún no ha arrancado a cabalidad.
Así lo advirtió la Contraloría General de la Nación (CGN), la cual informó que al mes de agosto de 2023 solo se había comprometido el 5,6% de los recursos presupuestales asignados para esta vigencia al proyecto.
Puede leer: La agricultura fue la actividad que más empujó la economía colombiana en el primer trimestre de 2024
Para el organismo de control, lo anterior genera un alto riesgo de pérdida de apropiación sin precedentes y el aplazamiento de la atención de necesidades que presentan los Productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria.
Esto, puesto que desde enero de 2019 hasta julio de 2023, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) había ejecutado 108.201 millones de pesos corrientes de este proyecto para el fortalecimiento del Servicio de Extensión Agropecuaria.
Inoportuna implementación
El anterior informe, elaborado por la dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría delegada para el sector agropecuario, estableció que la reglamentación e implementación del servicio de extensión agropecuaria y del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria no ha sido oportuna y es así como algunas disposiciones, a las que la Ley 1876 de 2017 le puso término de seis meses para su desarrollo regulatorio, han tenido que esperar hasta cinco años para su reglamentación.
Entérese: Una cuarta parte de los cultivos colombianos resultaron afectados por fenómeno de El Niño
Esta falta de desarrollo normativo, según el ente, impacta en la presentación de proyectos de extensión agropecuaria a los municipios por parte de los usuarios o productores.
Por ejemplo, el Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria está creado desde el año 2020, pero aún no ha sido reglamentado y tampoco ha entrado en operación, lo que imposibilita la utilización por parte de los entes territoriales para financiar sus programas de asistencia técnica agropecuaria.
“También se evidencian deficiencias en la coordinación entre las entidades a diferente nivel territorial (Nación, departamentos, distritos y municipios), quedando la mayor responsabilidad de la implementación de la extensión agropecuaria en estos últimos, en cuya cabeza está el servicio de asistencia técnica”, afirmó la Contraloría.
Lea también: Gobierno anuncia alivios financieros por $20.000 millones para reactivar el campo
De los requerimientos hechos por la CGR a las gobernaciones se determinó que no tienen mecanismos para coordinar acciones en materia de extensión agropecuaria, tanto con los municipios como con las entidades del gobierno central, lo que hace que el uso de los recursos públicos en estos programas no tenga impacto para mejorar las condiciones de vida de la población agropecuaria más vulnerable.
Se observó también que los productores agropecuarios con tamaño de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) menores a 10 hectáreas se concentran en los municipios de categoría 5 y 6, siendo estos entes territoriales los que tienen menores ingresos y pueden dedicar menos recursos a tener personal calificado para la extensión agropecuaria.
Para la Contraloría, la extensión agropecuaria está llegando a destiempo, en forma inoportuna. Por mencionar un ejemplo, si una cosecha entra en julio y la asistencia agropecuaria está para noviembre, no tiene sentido hacerla en ese momento. O, también, se contrata la extensión agropecuaria para dar una charla mensual y eso es todo. No es una formación constante.
