Desde 2016, cuando inició el camino para diversificar sus recursos y asegurar un suministro confiable mediante la promoción de la energía eólica, solar y geotérmica, Colombia se ha convertido en líder en formulación de políticas de transición a energías limpias, y un ejemplo inspirador de cómo un productor petrolero se compromete con la acción climática.
Este año, ante los ojos de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), ese camino se encuentra en un punto de inflexión crucial, dada la apuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro, que apunta al cambio gradual hacia cero emisiones netas, alejándose de un modelo extractivista —fuertemente dependiente de las exportaciones de petróleo y carbón—, mientras se acerca a una economía de energía limpia más diversificada basada en inversiones en fuentes renovables, minerales críticos e hidrógeno.
Pero, para seguir avanzando exitosamente, al país le esperan grandes desafíos, como generar una mayor confianza inversionista, preservar la institucionalidad, aumentar las inversiones en energía limpia, al tiempo que se compensa la disminución de los ingresos por las ventas de petróleo, gas y carbón, y sobre todo, garantizar la coherencia de las políticas, metas y ambiciones dispuestas en leyes, decretos y planes sectoriales en materia de energía y cambio climático.
Institucionalidad, clave
La hoja de ruta para la transformación del sector energético colombiano no será fácil llevarla a cabo si no hay un refuerzo de la gobernanza política e institucional en el país.
Así lo dejó consignado la IEA en su primer reporte en profundidad de las políticas energéticas de Colombia, Energy Policy Review, en el cual insta al gobierno colombiano a fortalecer y racionalizar la gobernanza institucional del sector eléctrico.
Esto, a través de la cooperación estructurada de las diferentes autoridades y entidades que desempeñan un papel en la regulación, planificación y supervisión de las actividades del sector, para así garantizar una acción fluida y coordinada en todo el sistema.
Y es que en los últimos meses ese marco institucional del país ha sido fuertemente cuestionado por varios actores de la cadena energética, tanto por los anuncios pasados hechos por el presidente Petro —como asumir las funciones de la Creg y regular las tarifas de energía, que más tarde fueron negados por el Consejo de Estado—, como por los cambios que ha presentado internamente el Ministerio de Minas y Energías.
De hecho, los gremios del sector eléctrico han venido solicitando al jefe de Estado y al ministro de Minas y Energía, en cabeza de Ómar Andrés Camacho, que se fortalezca y proteja la “institucionalidad robusta y estable” que ha caracterizado a esta industria.
Los generadores de energía eléctrica dicen que aunque son respetuosos con las decisiones que tome el Gobierno Nacional, es importante que este se apoye en la regulación con la que ya goza el sector.
“Intervenir nunca va a ser una buena señal. Aquí tenemos un sector altamente regulado, con principios técnicos y estudios detallados que respaldan las decisiones. Por lo general, las intervenciones tienen un efecto contrario al que se espera: se aumenta la percepción de riesgo y esto disminuye la confianza inversionista”, manifestó Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén).
Agregó que este es un sector cuyas inversiones para los próximos años superan los $20 billones, por lo que los cambios que haga el Ejecutivo, sin soportes estrictos, análisis técnicos y una socialización con los actores de la cadena, pueden poner en riesgo que la inversión que se requiere en proyectos de generación y distribución.
Del mismo modo, en días pasados el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), José Fernando Prada, hizo varios llamados para que no se ponga en riesgo esa institucionalidad del sector eléctrico.
Prada pidió no centrarse en “obtener pequeñas victorias a costa de una institucionalidad que nos ha servido y nos servirá en un futuro”.
Además, el director de la Creg aseguró que es importante que cada institución haga lo que le corresponde: que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se dedique a la supervisión y control; que las entidades del Gobierno hagan las políticas energéticas, y que el regulador (la Creg) haga lo propio.
Atraer y proteger la inversión
Una mayor competencia en los mercados energéticos para atraer las inversiones necesarias también recomendó la IEA a Colombia.
Esto, dado que para estas inyecciones de recursos que requieren los proyectos de renovables, y al contar con un espacio fiscal limitado, el gobierno también depende del apalancamiento de la inversión privada.
En este sentido, el organismo internacional resaltó que el Gobierno Nacional debe mejorar el compromiso y la cooperación entre los departamentos gubernamentales nacionales, regionales y territoriales, y el sector privado para garantizar que las comunidades locales reciban beneficios económicos y sociales tangibles de la expansión de proyectos esenciales.
Desde la óptica de Clara Inés Pardo, profesora de la Universidad del Rosario y experta en Políticas Energéticas, Colombia viene trabajando en una transición energética que requiere acciones sistemáticas y escalonadas.
Lo anterior, dijo, implica promover la inversión para lograr el objetivo y por ello se deben definir regulaciones que garanticen institucionalidad y confianza al inversionista, dado el volumen de las mismas.
“Es fundamental que el gobierno dé las señales adecuadas para lograr materializar la transición energética, y que así el inversionista pueda tener la confianza de invertir, teniendo en cuenta el riesgo —y la importancia— que esto implica”, anotó Pardo.
Entre tanto, desde la Asociación de Energías Renovables Colombia (SER), creen firmemente que seguirá existiendo un alto interés inversionista por el desarrollo de energías renovables en Colombia.
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Las cifras, según el gremio, indican que entre los proyectos de generación con fuentes renovables registrados en la Upme, sumado a las conexiones a la red de transmisión nacional aprobadas recientemente, permitirán duplicar en los próximos años la capacidad de generación eléctrica actual (ver gráfico).
El reto es poner en operación estos proyectos de renovables no convencionales para atender las crecientes necesidades energéticas de los colombianos, así como garantizar que no haya cambios abruptos en las reglas de juego, que terminen afectando y ralentizando las decisiones de inversión.
Así, para Germán Corredor, ex director ejecutivo de SER, “en los próximos dos años la inversión en renovables en el país ascenderá a más de US$3.000 millones, y la mayoría de empresas extranjeras que las realizarán apenas están llegando al país. En este sector hay mucho interés, muchos proyectos en curso y otros esperando que se aprueben puntos de conexión. También hay muchos recursos comprometidos”.
