En 50 años de confrontación armada entre el Gobierno y los grupos ilegales, siempre ha habido una víctima de la cual se habla poco —en algunos casos ni se menciona—, y ha padecido todo tipo de ataques ante la indiferencia de gobernantes, grupos armados e incluso población civil.
El medio ambiente colombiano es la otra víctima silenciosa de un conflicto en el que los métodos de guerra en su contra son tan diversos como ella: desde la voladura de oleoductos hasta la contaminación de acueductos, tala indiscriminada de bosques, extracción de minerales, alteración de cauce de ríos y otros.
“Se han generado daños ambientales gravísimos y aún no calculados. Tierras erosionadas por el abandono o uso inadecuado, fuentes de agua contaminadas por el derrame de hidrocarburos, especies de la fauna y la flora extinguidas o en riesgo de extinción y reservas naturales invadidas, son algunos de los impactos que la guerra ha causado en el medio ambiente”, agrega el informe “Basta Ya” del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Vea aquí infografía: Parques Nacionales, tesoros a recuperar si se consigue la paz
En el último estudio de Parques Naturales, de los 59 santuarios protegidos de plantas y animales en el país, el 63 por ciento tiene presencia y tránsito de grupos armados, el 42 por ciento ha tenido eventos con minas antipersonal, el 27 por ciento posee cultivos de uso ilícito, el 19 por ciento padece tala selectiva y el 63 por ciento presenta ocupaciones ilegales.
A estos flagelos se suma la deforestación de bosques. En los últimos 12 años se han arrasado más de 290.000 hectáreas para la siembra de cultivos de uso ilícito; se estima que 15.000 hectáreas fueron deforestadas solo en 2014 para la extracción ilegal de oro; por lo mismo, más de 100 toneladas de mercurio se arrojan al año en los ríos que pasan por Antioquia cada año; y en los últimos 27 años de atentados de las Farc y el Eln a los oleoductos se contabilizan unos 4,1 millones de barriles derramados.
Ante este panorama, los daños al medio ambiente y su recuperación son retos que tras la eventual firma de un acuerdo de paz deberán solucionarse casi de manera inmediata, pues en las zonas protegidas, se labrarán oportunidades de desarrollo y crecimiento para la población colombiana, sea o no víctima.
Sitios para el desarrollo
El 60 por ciento del conflicto armado se ha desarrollado en la ruralidad del país (ver gráfico). Los bosques han sido los escenarios de las confrontaciones. Por esta razón —sin dejar a un lado las ciudades—, estas zonas protegidas deberán convertirse en áreas para el desarrollo y generar nuevas oportunidades.
Con esa visión, Pablo Vieira, viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, plantea que las oportunidades deberán darse ante el posible retorno “mediante actividades productivas sostenibles, la reconversión de actividades como la minería ilegal, los cultivos ilícitos, la tala ilegal, ofreciendo oportunidades reales y competitivas para los que están en estos territorios mediante su conservación y uso sostenible”.
Para recorrer el camino planteado por Vieira, la coordinadora de Visión Amazónica para WWF Colombia, Julia Gorricho, insiste: “los bosques, efectivamente, no van en contra del desarrollo, son parte de este, es decir, los bosques y la conservación y el manejo sostenible generan muchas oportunidades”.
Para ello, señala experiencias internacionales como la de Guatemala. Allí el aprovechamiento de santuarios de flora y fauna, declarados reservas forestales, ha sido una actividad económica muy importante para que las comunidades aseguren su acceso a la tierra y tener una actividad que les permita conservar pedazos de bosque, pero también aprovechar los recursos de manera sostenible.
Entonces, ¿qué estrategias implementar? Desde la Oficina de Naciones Unidas, su coordinador residente y humanitario en Colombia, Fabrizio Hochschild, reseña tres aspectos vitales como retos para el posconflicto y el medio ambiente.
El primero, la implementación de la reforma rural, teniendo en cuenta la condición de Colombia como país megadiverso y definir opciones de desarrollo que resguarden esa riqueza ambiental.
El segundo, analizar con más detenimiento la relación entre la industria extractiva y los conflictos socioambientales locales. Esto incluye revisar las mejores prácticas para el desarrollo de una actividad extractiva responsable con el medio ambiente, así como las opciones para abordar la minería ilegal.
Y tercero, fortalecer financiera y técnicamente las entidades territoriales con competencias en temas ambientales. De esa forma estarán preparadas y sensibilizadas frente a los retos que tiene el país en un eventual posacuerdo (ver recuadro).
Como lo han advertido investigadores y expertos en conflicto armado, Colombia se enfrenta a uno de los más grandes retos en un escenario de paz: aprovechar sus recursos naturales sin olvidar la reparación a otra de las víctimas del conflicto: el medio ambiente.
