En respuesta a los daños causados por la crisis climática, Colombia, bajo la representación de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, lanzó una propuesta para reformar el sistema financiero mundial.
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Esta iniciativa busca aliviar la deuda de países en desarrollo a través de un pacto de 10 años, una medida clave que, según Muhamad, permitirá liberar recursos esenciales para financiar la transición energética y reducir las vulnerabilidades ante eventos climáticos extremos.
“Nuestro acceso al capital cuesta 10 veces más que el de cualquier país desarrollado debido a la crisis de deuda. Esta falta de acceso limita la inversión en una transición justa”, enfatizó Muhamad durante su intervención.
Asimismo, la ministra destacó que la crisis climática en 2024 provocó en el país más de 232.000 damnificados y millones en pérdidas económicas, consecuencia de inundaciones y otros desastres naturales exacerbados por el calentamiento global, por lo que enfatizó la urgencia de un “nuevo pacto de financiación climática” que permita a los países afectados destinar recursos a su transición y adaptación climática, sin el peso adicional de una deuda creciente.
Decálogo climático y las reformas necesarias
El plan financiero propuesto se basa en el decálogo climático del presidente Gustavo Petro, que incluye medidas orientadas a mitigar el impacto de la “triple crisis” del cambio climático.
En su intervención, Muhamad propuso cinco reformas clave para garantizar una transición justa:
1. Un pacto de alivio de deuda de 10 años, que dé margen a los países en desarrollo para destinar recursos hacia la transición climática.
2. Revisión de las políticas de los Bancos de Desarrollo Multilateral (NDBs) para mejorar el acceso a financiamiento, eliminando las barreras que enfrentan las naciones en desarrollo.
3. Implementación de impuestos globales que movilicen capital privado y lo transformen en fondos públicos.
4. Canalización directa de fondos hacia los espacios fiscales nacionales en vez de agencias de desarrollo, que, según Muhamad, complican la transparencia.
5. Mayor inversión pública como pilar para atraer inversión privada en proyectos de sostenibilidad.
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Cifras alarmantes que respaldan la propuesta
El contexto de la propuesta se ve reforzado por las cifras alarmantes presentadas en la COP29: en los primeros seis meses de 2024, el costo de los daños climáticos ascendió a 41.000 millones de dólares, una suma considerable en comparación con los 100.000 millones de dólares anuales comprometidos en el acuerdo de financiación climática, que expira en 2025.
Ante esta insuficiencia, Colombia apoya la exigencia del G77 para que este monto se eleve a 1.3 billones de dólares anuales, una cifra que refleja la magnitud de la crisis y la creciente necesidad de financiamiento.
Una deuda climática para el futuro
El costo de la inacción ante el cambio climático también fue subrayado por Muhamad, quien alertó sobre el riesgo de un aumento de la temperatura global hasta 3°C si no se intensifican las acciones de mitigación y adaptación.
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“Solo podremos hablar de justicia climática si multiplicamos la inversión pública y facilitamos el acceso al capital para los países en riesgo”, afirmó la ministra, destacando que el actual sistema financiero no responde a las realidades económicas de las naciones más afectadas.
Con esta propuesta, Colombia busca encabezar un movimiento de reforma que considere la realidad climática y económica de los países en desarrollo, promoviendo un sistema financiero que garantice equidad y justicia en la lucha contra el cambio climático.
