Tres casas que no contaban con licencia de construcción fueron demolidas en los últimos días por parte de funcionarios de la Alcaldía de Medellín en el corregimiento Altavista, en el occidente de la ciudad.
La acción se realizó después de que profesionales de la Secretaría de Gestión y Control Territorial hicieran una inspección en terreno y constataran que se estaba cometiendo esta irregularidad pero que adicionalmente los inmuebles estaban levantados en predio públicos del Distrito. De ahí que se tomara la decisión en aras de “preservar la vida y la integridad de las personas”, según explicó esta dependencia de la administración municipal a través de un comunicado.
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Esta secretaría es la encargada de identificar física, jurídica y económicamente los bienes inmuebles públicos y privados del Distrito de Medellín; de garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios, y ejercer el control urbanístico mediante el seguimiento y monitoreo al modelo de ocupación del territorio definido en el Plan de Ordenamiento Territorial. En consonancia con eso, revisa que las obras que se adelantan acaten los criterios técnicos estipulados en la ley y cumplan los requisitos mínimos de diseño y construcción.
Como producto de los mismos procedimientos, los técnicos inspeccionaron otros 38 inmuebles que tampoco contaban con licencias y por tanto fueron remitidos a las autoridades para que adelanten las acciones pertinentes.
Fuera de eso, el corregidor de la zona efectuó 18 remociones de elementos como palos, lonas y carpas con el fin de evitar la ocupación indebida del espacio público, en un operativo en el que estuvieron también las secretarías de Seguridad y Convivencia, Gestión, la Policía Nacional y la Personería de Medellín.
El alcalde Federico Gutiérrez había puesto el dedo en la llaga en un encuentro con la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, al revelar que en la ciudad hay aproximadamente 65 puntos invadidos o críticos.
Además, un informe elaborado en diciembre del año pasado por EL COLOMBIANO dio cuenta de que casi el 90% de las construcciones que se emprenden en muchas de las comunas de la capital antioqueña no cuentan con licencias urbanísticas.
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Y según explicaba la titular de la Secretaría de Gestión y Control Territorial en ese momento, Andrea Salazar, el motivo de que se presente ese fenómeno, especialmente en las laderas y los barrios populares de la ciudad son los altos costos que se derivan del trámite de aprobación de una licencia, pues esto implica gastos en expensas, impuestos y obligaciones urbanísticas.
Las cifras, hasta ese instante indicaban que entre 2020 y 2023 se hicieron más de 7.500 informes por invasiones y más de 14.000 por invasiones urbanísticas, lo cual debió desembocar en que se frenaran las construcciones o se demolieran las que ya se hubieran terminado.
Lo reprochable es que no siempre el esguince a la ley ocurre en zonas de extrema pobreza. De hecho, las comunas donde más se construyen edificios ilegales (los llaman “enfermos”) son El Poblado y Belén, lo mismo que el corregimiento de San Cristóbal. Esto quiere decir que si bien por un lado la construcción ilegal está asociada al fenómeno de pobreza, por otro se motiva en la corrupción.
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Sin embargo, el fenómeno no es exclusivo de Medellín sino que es generalizado en las principales ciudades del país y de América Latina.
