Tras aplazar seis veces la discusión en medio de desórdenes y cuestionamientos jurídicos, el Concejo de Medellín finalmente hundió ayer el proyecto de acuerdo con el que la Alcaldía buscaba extraer $330.000 millones de transferencias adicionales de las arcas de EPM.
En una sesión que nuevamente estuvo marcada por fricciones entre la bancada de gobierno y la oposición, las comisiones Primera y Segunda de esa corporación hundieron esa iniciativa tras empatar con seis votos a favor y seis en contra.
Mientras en el bando opositor se mantuvieron los concejales Carlos Andrés Ríos, Sebastián López, Alfredo Ramos, Claudia Marcela Ramírez, Simón Pérez y Daniel Duque; por el bando contrario votaron a favor los corporados Babinton Flórez Moreno, Lucas Cañas, Carlos Mario Romero, Jaime Cuartas, Fabio Humberto Rivera y Lina María García.
Pese a participar en sesiones anteriores, las concejalas Dora Cecilia Saldarriaga y Aura Marleny Arcila no estuvieron en la votación. La primera tras presentar su renuncia al Concejo y la segunda tras quedar inhabilitada para mantenerse en su curul por cuenta de un fallo del Consejo de Estado.
Aunque dicho hundimiento cayó como un baldado de agua fría para la administración distrital, que ejerció múltiples presiones para que se aprobara ese giro extraordinario, a pocos minutos de concluir la sesión emergió una nueva alerta sobre los planes que tendría el gobierno para obtener esos recursos por otras vías, pasándose por la faja al Concejo.
Pese a que hasta el cierre de esta edición, tanto desde la bancada de gobierno como desde la Secretaría de Hacienda no había señales de que el proyecto se volvería a radicar, desde la orilla de la oposición se denunció que desde EPM se estaría preparando una maniobra financiera.
Leticia Orrego Pérez, integrante de la bancada del Centro Democrático, aseguró que se estaría analizando la viabilidad de pagar de forma anticipada el canon de arrendamiento que EPM reconoce a la Alcaldía por el uso del Edificio Inteligente.
“Después de que el Concejo negara los $330.000 millones que estaban pidiendo, están buscando la forma de saltarse esa decisión y encontraron la forma. El vicepresidente de la cadena de suministros, Carlos Enrique Londoño, es el encargado de dar la orden de adelantar los arriendos que EPM le debe pagar al municipio. El señor lleva tres años en su cargo y es cuota de Luis Pérez”, expresó por su parte Juan Manuel Jaramillo, otro de los activistas que le hace control político a EPM y que, junto con Orrego, emitió la alerta.
“Posiblemente serían 10 años de adelanto de esos cánones que Quintero pretende conseguir a toda costa para hacerle el esguince a la histórica decisión adoptada por el Concejo”, agregó Orrego.
De acuerdo con esas versiones, dado que EPM reconoce una millonaria cifra anual por el uso del Edificio Inteligente al gobierno distrital, los cálculos apuntarían a que la empresa estaría proyectando hacer un pago anticipado por varios años, logrando entregar el monto que buscaba obtener la Alcaldía con el proyecto de acuerdo.
Durante la tarde de ayer, EL COLOMBIANO envió un requerimiento de prensa a EPM consultando si con la negativa del Concejo se estaban buscando otras alternativas para girar los recursos que pretende la Alcaldía y si estas serían discutidas en la próxima sesión de la junta directiva.
“Se están buscando alternativas entre el Distrito de Medellín y EPM para cruzar cuentas que tienen entre ambas entidades”, respondió la compañía por escrito, sin entregar mayores detalles sobre dichas “alternativas”.
Así mismo, este diario consultó con la Secretaría de Hacienda si esperaba someter a reconsideración del Concejo el proyecto negado, buscando que este pasase a una nueva comisión. Sin embargo, esta última dependencia tampoco entregó información hasta el cierre de esta edición.
Un debate encendido
El desenlace de esta discusión retrata el momento político por el que atraviesa el gobierno distrital justo en el ocaso del mandato del alcalde Daniel Quintero, que tras contar con una bancada que aprobó casi todas sus iniciativas durante los últimos años, ahora se muestra cada vez más endeble en la antesala de las elecciones regionales.
En el caso de las transferencias adicionales, las fricciones comenzaron desde el pasado 27 de marzo, cuando EPM publicó en el sistema de Información Relevante de la Superintendencia Financiera un comunicado en el que sostenía que las expectativas de transferencias a la Alcaldía se habían recortado en unos $330.000 millones.
Según expresó la compañía entonces, dicha disminución había tenido que realizarse luego de que la empresa incorporara en sus cuentas un deterioro en el valor de la inversión de UNE, por aproximadamente $1,04 billones.
Aunque en aquel momento se cuestionó que EPM esperara hasta marzo de este año para hacer oficial esa situación, pese a que desde el 13 de diciembre ya tenía en su plan de negocios cifras que mostraban que las transferencias iban a estar por lo menos $208.000 millones por debajo de lo proyectado, la discusión luego se trasladó al Concejo.
Casi un mes después, la Alcaldía radicó en esa corporación un proyecto de acuerdo para obtener luz verde para obtener vía transferencias adicionales esos $330.000 millones informados por la compañía.
Desde entonces la discusión no solo se centró en si EPM tenía la capacidad de asumir ese golpe en sus finanzas, teniendo en cuenta que EPM Matriz sufrió una disminución anual de sus ingresos del -10%, sino en la destinación que haría la administración distrital a esos recursos.
Y es que pese a tener año a año uno los presupuestos más amplios en la historia de la ciudad— tan solo el año pasado el monto aprobado vía decreto fue de $7,5 billones—, la Alcaldía ha insistido en que sin los $330.000 millones de EPM estarían desfinanciados programas como Matrícula Cero, proyectos del Isvimed, la atención de adultos mayores, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y hasta gastos e inversiones en el programa de atención a la primera infancia Buen Comienzo.
Mientras por el lado de la bancada de gobierno se argumentó que de negarse el proyecto de acuerdo se pondrían en riesgo todos esos programas, desde la oposición se formuló que el pedido daba cuenta de la falta de planeación financiera del gobierno local, que además arrastra cuestionamientos por el uso de más recursos extraordinarios que se le han entregado, como por ejemplo las vigencias futuras para resolver la crisis de infraestructura de los colegios o la reparación de los escenarios deportivos a cargo del Inder.
Y es que por el lado de la crisis de los colegios, recientemente se conoció por ejemplo que la Secretaría de Educación se rehusó a invertir los $319.047 millones de vigencias futuras por el modelo de licitación y optó por firmar un convenio interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Urbano (que permitir hacer contratos por invitación privada). Así mismo, por el lado de los escenarios deportivos, el Inder terminó firmando un convenio interadministrativo con Metroparques, que ya arrastra líos reputacionales, para que esta última seleccionara a los contratistas.
Bajo esa óptica, varios concejales opositores plantearon que darle luz verde a EPM para entregar esos recursos a la administración equivalía a darle un cheque en blanco al alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
En contraste, la administración distrital desplegó una campaña en contra de los detractores del proyecto, tildando a los concejales de “fachos” y “lavaperros”, tal como lo expresó la primera dama Diana Osorio en su cuenta de Twitter.
Tras la decisión de ayer, precisamente desde el bando detractor del alcalde se celebró el hundimiento del proyecto. “¡Lo logramos, Medellín!, ¡hundimos el proyecto que pretendía exprimir a EPM y sacarle 330 mil millones de pesos más!”, expresó el concejal Daniel Duque, de la bancada del Partido Verde.
“Le dimos un hoy un golpe a la corrupción en Medellín: Concejo negó las transferencias por $330 mil millones a la Alcaldía, que no tenían sustento y que Quintero pretendía embolsillarse durante la campaña electoral”, dijo el concejal Alfredo Ramos, de la bancada del Centro Democrático.
Por su parte, desde la orilla de los concejales que votaron positivo la iniciativa, corporados como Lucas Cañas, del Partido Conservador, defendieron su voto argumentando que los recursos eran a su juicio necesarios para el funcionamiento de los programas de la Alcaldía.
En el caso de Cañas, quien fungió como coordinador de ponentes del proyecto de acuerdo, al ser interrogado sobre la posibilidad de que el mismo fuera sometido a reconsideración señaló no tener información sobre esa posibilidad. Entre tanto, la Alcaldía tampoco confirma que acciones está evaluando.
