Trabajadores informales dicen que están en la incertidumbre por su futuro, que no saben si la actual administración les mantendrá la autorización para seguir consiguiendo el sustento en las calles de Medellín o si hará cada vez más desalojos y operativos de decomiso, como se rumora entre algunos círculos del sector.
Aunque hay un miedo común, las percepciones sobre la situación varían. Algunos líderes dicen que se sienten “perseguidos y hostigados” por los funcionarios de Espacio Público y la alcaldía, mientras que otros consideran que es exagerado hablar de persecución.
La Familia de la Calle, red de trabajadores informales, ha registrado por lo menos 25 operativos de desalojo y decomiso en lo que va corrido de 2024, en especial, según su vocero Lubín Torres, en sectores denominados de periferia, que son los que no quedan en el Centro de Medellín, sino en otras comunas. Según sus datos, con seis casos, la zona donde se han presentado más operativos es la 1, que comprende las comunas 1, Popular; 2, Santa Cruz; 3, Manrique; y 4, Aranjuez.
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Las cifras oficiales de la secretaría de Seguridad, a la que está adscrita la subsecretaría de Espacio Público, dan cuenta de que en este 2024 se han hecho 163 intervenciones territoriales en áreas públicas que son de uso colectivo, pero donde ha habido “conductas de ocupación indebida y comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público”.
Desde la entidad señalaron que las intervenciones se ajustan al debido proceso, son acompañadas por el Ministerio Público y solo se dan en casos de incumplimientos o irregularidades. Dijeron que a la par realizan acciones pedagógicas, formativas, comunicacionales, de regulación y autorregulación con las que se busca garantizar un uso adecuado del espacio público.
Pero Torres no concuerda con esas afirmaciones y aseguró que el “trabajador popular se está mirando con un enfoque policivo” y que en algunas intervenciones se habría presentado exceso de la fuerza o no se habría cumplido el protocolo requerido antes de hacer los procedimientos, que incluye acciones como sensibilizar al trabajador sobre por qué está haciendo uso indebido del espacio, cuando sea el caso; analizar las causas por las cuales el trabajador está en ese lugar; y ofrecerle alguna alternativa económica distinta o la reubicación. De hecho, en redes se han visibilizado videos en los que los artistas callejeros se quejan de que los buscan sacar de espacios tan importantes para ellos como el pasaje Junín.
Contrario a esto, la Secretaría de Seguridad reportó que hace recorridos con la Policía, para identificar zonas con alta incidencia de problemas de convivencia o que requieran la regulación del espacio público y que lleva campañas de sensibilización y oferta institucional a los venteros. “Aquí no estamos persiguiendo a nadie; lo que estamos haciendo es llevar orden y control al espacio público”, indicaron desde la dependencia, y defendieron su papel en garantizar un buen uso del mismo con seguridad, tranquilidad, ambiente sano, salubridad y un equilibrio entre el derecho de la comunidad a gozar del espacio público y de los venteros a trabajar.
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Otro líder del gremio, Guillermo Giraldo, presidente de la Unión General Trabajadores Independientes y de la Economía Informal (UGTI), sindicato con 2.572 afiliados, dijo que hasta el momento no han sentido tal ataque ni persecución de parte de la administración distrital, pero que presagian que se vendrán muchos desalojos y eso los tiene preocupados, porque recuerda los precedentes de varios desencuentros con el primer gobierno del alcalde Federico Gutiérrez.
No obstante, aseguró que hasta el momento han tenido un diálogo con la alcaldía, aunque no sea el más fluido, pero que esperan que se fortalezca, porque no quieren que el tema de la informalidad se atienda con intervenciones por la fuerza que pueden convertirse en batallas campales en las calles.
“No se van a retirar todos los permisos”
Justamente, para Torres es preocupante que se dé un enfoque de prohibición y criminalización del trabajador informal, y cree que sería un retroceso respecto a los logros en la administración pasada, cuando se descongeló la entrega de permisos a trabajadores informales, congelados desde 2011, y se propició su asociatividad, lo que hizo que algunos se organizaran más.
Claro que esta no es la única mirada de la situación. Giraldo, por ejemplo, anotó que se quiere plantear una atmósfera sobre la pasada alcaldía que no es cierta: “Que la alcaldía anterior carnetizó a miles de venteros es una gran mentira, no se carnetizó ningún ventero nuevo; se hizo la renovación de algunos y se dejaron plasmados algunos procesos que al día de hoy no se han consumado, todavía están en veremos, la tal carnetización no se dio ni tampoco eventos para favorecer a los venteros”.
Pese a esta consideración, el líder reconoció que sí los dejaron trabajar con una mayor flexibilidad y que los operativos de control fueron muy pocos, debido a que incluso, se habría disminuido el personal y la capacidad de la Subsecretaría de Espacio Público.
La nueva administración de la dependencia aseguró que en el empalme la pasada alcaldía no entregó la información completa y que se emitieron alertas ante órganos de control: “Encontramos una subsecretaría completamente aislada y politizada, lo que había provocado que se desviara de su objetivo según la normativa”.
Uno de los puntos álgidos de esta discusión está en las autorizaciones para el uso del espacio público a los vendedores. Torres asegura que la administración pasada cerró 2023 con 9.600 vendedores regulados con permiso, según les informaron en la rendición de cuentas, pero la actual secretaría de Seguridad dice que a la fecha, un total de 917 vendedores informales cuentan con autorización vigente para la ocupación del espacio público con actividades económicas dentro de un total de 9.000 regulados aproximadamente.
Esta dependencia aclaró que no es cierto que vayan a quitar todos los permisos entregados en la pasada administración, pero que detectaron presuntas irregularidades en la entrega de varios de ellos que, de comprobarse, llevarían a su invalidación, siguiendo el debido proceso, una situación que fue puesta en conocimiento de órganos de control.
Torres y Giraldo manifestaron que en cualquier circunstancia esperan que el camino sea el diálogo para que los trabajadores informales tengan garantizadas condiciones mínimas de seguridad, salud y bienestar, porque no se puede perder de vista que dependen de lo que hagan en el día para comer de noche y para el sustento propio y de sus familias.
La vulnerabilidad del ventero ambulante, cuya cantidad creció mucho tras la pandemia, se evidencia en hechos como que la mayoría no tiene casa propia, muchos deben conseguir cada día para pagar un dormitorio en inquilinato o mantienen hogares numerosos en los que hay niños y niñas.
La alcaldía habla de aproximadamente 27.127 personas registradas en ejercicio de ventas informales en espacio público; 60 artesanos solo entre el Centro y El Poblado; y 294 artistas callejeros, según mediciones de la pasada administración en 2022 y 2023. Este año, indicaron, se tiene una actualización de 3.271 registros de comerciantes informales, entre venteros, artesanos y artistas.
Los líderes de esta población opinan que los trabajadores informales contribuyen al tejido social, dan vida y color a las calles y hasta pueden aportar a que algunos sitios sean más concurridos y seguros, por lo cual piden un trato digno.
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Del mismo modo, incluso antes de que se empezaran las discusiones en el concejo, desde Medellín Cómo Vamos hicieron un llamado a la alcaldía para que se revisara el componente de venteros informales y se establecieran acciones en cumplimiento de la política pública que existe para ellos desde 2014. Asimismo, pidieron incluir a los venteros y otras poblaciones como habitantes de calle en el abordaje del componente de infraestructura para un modelo de ciudad sostenible.
Según informaron desde la secretaría de Seguridad, el alcalde solicitó que se tuviera toda una ruta para atener, acompañar y sensibilizar a los vendedores informales, para que puedan acceder a los permisos y aprovechar la oferta de distintas dependencias.
