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Testigo clave en caso por coimas que salpica a Ruta N sale del país por intimidaciones

El fundador de Ibser, contratista que destapó la supuesta exigencia de sobornos en la entidad, denuncia intimidaciones. Ya hay investigación.

  • Juan Pablo Durán, contratista que denunció la exigencia de supuestas coimas en Ruta N. FOTO: Cortesía y El Colombiano
    Juan Pablo Durán, contratista que denunció la exigencia de supuestas coimas en Ruta N. FOTO: Cortesía y El Colombiano
  • Mensaje con suplantación de funcionario de la Procuraduría. FOTO: Cortesía
    Mensaje con suplantación de funcionario de la Procuraduría. FOTO: Cortesía
19 de marzo de 2023
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El testigo estrella del escándalo que salpica a Ruta N por la supuesta exigencia de coimas en medio de un programa de capital semilla para emprendedores tuvo que dejar ayer el país, en compañía de su familia, por intimidaciones. La salida exprés se dio luego de que la esposa de Juan Pablo Durán –fundador de Ibser, la firma que denunció la exigencia de coimas en la entidad durante la ejecución de un contrato– identificara este sábado a un desconocido tomándole fotografías a su hijo de poco más de un año, mientras que los tres compartían en un centro comercial de Envigado.

Ese fue el detonante para que Durán acelerara un viaje que ya tenía proyectado por cuenta de una serie de intimidaciones que comenzaron el pasado 16 de marzo: “Mi esposa vio que alguien le tomó una foto al bebé y salió muy rápido. Estábamos juntos en un centro comercial, organizando unos temas para viajar en un mes. Y ella, de un momento a otro, se fue con el bebé”. Durán se quedó solo. No comprendió entonces lo que ocurría. Llamó a su esposa. “Bueno, ¿pero qué te pasó, pues?”, le preguntó. “No”, respondió ella, “nos tenemos que ir ya. Vi que un hombre le tomó una foto al niño. Yo me fui detrás, pero no lo alcancé”.

Son las 8:00 de la mañana del domingo y Durán le cuenta a EL COLOMBIANO, a través de una videollamada, el episodio que terminó por escalar la sensación de riesgo en su familia. Se rasca la cabeza, luce desencajado y, mientras expone en pantalla decenas de archivos, cuenta: “Llevamos varios días sin dormir acá en la casa, pero lo de las fotos del niño disparó todas las alarmas”. Y, aún frotándose la cabeza, en evidente perturbación, agrega: “Yo creí que eso era un tema que ellos [no especifica] habían mandado a hacer, pero que se demoraban en hacer otra cosa”.

Intimidaciones vía chat

El otro tema que Durán referencia tiene que ver con una comunicación de hace cinco días que incluyó tres llamadas telefónicas, seis vía WhatsApp y repetidos mensajes a través de la misma plataforma (ver imagen). Una persona, que se identificó como Luis Ramiro Escandón, quien hoy funge como procurador delegado para la conciliación y la vigilancia administrativa, le escribió: “Ruego por favor me informe a qué horas puede usted corresponderme una llamada, ya que hemos estado tratando de comunicarnos con ustedes y no ha sido posible. Gracias”. En el perfil de quien hasta entonces se identificaba como funcionario de la Procuraduría aparecía una foto de Escandón posesionándose en su cargo, al lado de la procuradora general Margarita Cabello. Ese detalle, sumado a una cadena de pedidos, causó alerta en Durán.

Mensaje con suplantación de funcionario de la Procuraduría. FOTO: Cortesía
Mensaje con suplantación de funcionario de la Procuraduría. FOTO: Cortesía

En los mensajes que alcanzaron a intercambiar, el supuesto funcionario le dijo al fundador de Ibser que estaba al tanto de los procesos legales que afrontaba su firma y que no veía garantías para él. “Que me llamaba porque unas personas de Medellín cercanas a él ‘me querían mucho’ y que me querían ayudar para asesorarme sobre cómo manejar los temas legales que estaban llegando desde Contraloría, Fiscalía y Procuraduría”, reza el escrito de denuncia presentado por Durán ante la Fiscalía.

Aún en la videollamada, y apoyándose en la denuncia, el ahora testigo en el caso Ruta N enumera los dos episodios que lo hicieron desconfiar aún más de la situación: la propuesta del supuesto funcionario de una reunión en la Procuraduría en Bogotá, que debía ser previo a las 5:00 de la tarde del mismo 16 de marzo, y una oferta posterior en la que Escandón se ofrecía a viajar a Medellín. “Que si me quedaba difícil (...), que él viajaba a la ciudad ese mismo día, pero que yo lo debía recoger en el aeropuerto [de Rionegro] con otros dos funcionarios de la Procuraduría”.

Durán consultó con sus allegados y, a través de un amigo, conoció que el teléfono del procurador Escandón —quien está en funciones— era diferente al de la persona que lo contactó; también la fotografía de su perfil en WhatsApp. Esto terminó de poner en evidencia al supuesto funcionario quien, ante el pedido de Durán de enviar un mensaje a través de un correo institucional, no volvió a contactarlo y procedió a borrar parte de los mensajes intercambiados.

La situación llevó a que Durán creyera que buscaban desaparecerlo o, cuando menos, secuestrarlo. El episodio aún no escapa al plano especulativo, pero no deja de ser preocupante. Aunque no ha presentado declaración formal ante la Fiscalía, Durán ya rindió versión ante servidores de la Dijin y el viernes pasado solicitó acompañamiento por parte de la Unidad Nacional de Protección, describiendo cada uno de estos hechos. “Nos íbamos a ir, pero pensábamos esperar un poquito, no corriendo. Ahora, con lo que pasó, me parece que es demasiado riesgo”, afirma antes de concluir la videollamada.

Durán sostiene que estas intimidaciones responden a los señalamientos de supuesta corrupción que su compañía ha hecho en contra de Ruta N en medio de un proceso de defensa en el que él hace las veces de contratista. El escándalo, tal cual lo reveló EL COLOMBIANO en septiembre pasado, comenzó luego de que dos emprendedores beneficiados con un capital semilla de $50 millones denunciaran trabas para acceder a esos recursos.

Pues resulta que Ibser fue el tercero que asumió el contrato para operar la ruta emprendedora de los Centros del Valle del Software y, ante esta contingencia, Ruta N le echó la culpa a la firma de no cumplir con una serie de obligaciones contractuales, lo que habría retrasado los pagos en un contrato de $1.172 millones. Ibser, por su parte, afirmó que el origen del pleito había sido una negativa de sus directivas a pagar una coima solicitada por funcionarios de la entidad. Dicho proceso, en el que Durán es testigo clave, ya es investigado por la Fiscalía.

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