Empresas Públicas de Medellín (EPM) todavía no sabe a ciencia cierta cómo gastarse los $100.000 millones que el pasado 5 de julio el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, presentó como una garantía para que los usuarios no tuvieran que pagar el alivio en las tarifas de energía que lanzó la compañía para el segundo semestre de 2023.
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La situación salió a flote este martes 18 de julio en medio de la realización del foro “Hechos que Transforman Vidas”, en el que la empresa convocó a los precandidatos a la Alcaldía de Medellín para informarlos de sus procesos y proyectos en curso.
En medio de dicho espacio, en diálogo con la emisora Caracol Radio, la vicepresidenta ejecutiva de Finanzas e Inversiones de EPM, Diana Ruiz, fue interrogada por el mecanismo de alivio tarifario lanzado por la compañía, con miras a establecer sus avances y tareas pendientes.
De acuerdo a lo expresado por la funcionaria, pese los múltiples anuncios ya presentados, el equipo técnico de EPM aún está buscando resolver cómo llevar a la realidad esas promesas.
“Esta fue una propuesta que se hizo en la junta y posteriormente han entrado todas las áreas involucradas de la empresa a hacer los análisis y ver cuál es la forma de viabilizarlo. Es un proceso que está en análisis, de cara a ir a la siguiente junta directiva. El beneficio de los $100.000 millones está en análisis de cómo se va a manejar”, dijo la vicepresidenta.
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El anuncio de Ruiz se convierte en la última pieza de la controversia que se ha formado alrededor del mecanismo de alivio tarifario presentado por EPM desde finales de mayo pasado, a raíz de las informaciones incompletas o contradictorias que han salido de la misma compañía.
La polémica más reciente estalló el pasado 28 de junio, cuando terminó haciéndose pública la respuesta a un derecho de petición interpuesto por el profesor Santiago Ortega, experto en el sistema eléctrico colombiano, en el que EPM confirmó que a partir de enero de 2024 empezaría a incrementar las tarifas de energía.
Esta respuesta apareció un mes después de que el alcalde Quintero y el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, señalaran a finales de mayo que durante el segundo semestre de 2023 la empresa “congelaría” las tarifas de energía para sus usuarios en Antioquia, como una medida para combatir la inflación.
Pese a que en aquel momento ambos funcionarios se abstuvieron de entregar detalles técnicos del mecanismo, posteriormente se conoció que la empresa se acogió a la opción tarifaria, la única herramienta que contempla la regulación energética para modular a los cobros a los usuarios.
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Este mecanismo, cabe recordar, aunque permite reducir en un corto plazo dichos cobros, deja un saldo pendiente que las empresas deben recuperar para honrar sus compromisos y no incurrir en un detrimento patrimonial.
En el caso de EPM, en la respuesta al derecho de petición que se hizo pública el 28 de junio, la compañía señaló que desde enero, culminado el periodo de alivio, las tarifas empezarían a incrementarse en un 0,6% mensual para recuperar ese saldo pendiente.
Una semana después de conocerse ese cálculo, el alcalde Quintero le salió al paso a las críticas y en una rueda de prensa con la saliente ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aseguró que la empresa había dispuesto de un fondo de $100.000 millones para mitigar esos cobros que tendrán que realizarse el próximo año.
Vale recordar que dicho monto también se muestra por debajo de las mismas proyecciones entregadas por EPM en mayo pasado, cuando señaló que el alivio tarifario podría tener un impacto en caja de entre $130.000 y $400.000 millones, sobre todo a raíz del fenómeno de El Niño, que podría incrementar el precio de la energía en caso de que deban encenderse las termoeléctricas.
Con base en lo expresado por Ruiz este martes, mientras la empresa ya inició con la aplicación de la opción tarifaria desde junio de este año y presentó a los usuarios como un hecho la inversión de $100.000 millones, los técnicos de EPM no tienen ninguna certeza.
