La Sociedad de Activos Especiales (SAE) encendió este viernes una controversia por cuenta de una iniciativa con la que se pretendería entregar establecimientos hoteleros a jóvenes que participaron en las protestas que sacudieron al país en 2021, entre ellos algunos que habrían integrado la agrupación conocida como la Primera Línea.
Mientras desde esa entidad del Gobierno Nacional dicho programa se defiende como una alianza “público-popular” para tenderle la mano a jóvenes que fueron perseguidos durante aquellas protestas, también conocidas como el estallido social, para varios líderes políticos locales no sería más que un premio para quienes incurrieron en delitos en dichas jornadas, atentando contra la Fuerza Pública y bienes públicos y privados.
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Según ha trascendido, los bienes incluidos en la iniciativa se tratarían de por lo menos tres hoteles ubicados en zonas de alto flujo de turistas como la carrera 70, en Laureles, y El Poblado.
La controversia de este viernes comenzó por cuenta de unas declaraciones realizadas por el director territorial de la seccional Occidente de la SAE, Luis Mauricio Urquijo Tejada, durante una visita al Barrio Antioquia, en Medellín, en la que esa entidad entregó a varias corporaciones ciudadanas una decena de inmuebles como parte de un proyecto de productividad.
“Con los jóvenes de la Primera Línea hemos establecido diálogos con el propósito de hacer alianzas público-populares para la creación de valor público. Estamos convencidos de que la juventud ha sido perseguida y la SAE les está tratando de dar la mano”, expresó Urquijo, en declaraciones entregadas a Noticias Telemedellín, dando inicio a una fuerte polémica.
Una de las primeras organizaciones que expresó sus reparos a dichas alianzas fue la Asociación de Policías Retirados de Antioquia, que las calificó como una afrenta.
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“Nos preocupa que el Gobierno Nacional anuncie que en varias partes del país, especialmente en Medellín, le vayan a dar bienes de la SAE a esas poblaciones que no representan a los colombianos, que le han hecho mal a los ciudadanos, a la industria, que han paralizado las ciudades y han generado hasta muertes”, dijo Jhon Fabio Castaño, vicepresidente de esa asociación local a El Tiempo, advirtiendo que de seguir en firme ese proyecto estarían dispuestos a irse hasta las últimas consecuencias judiciales para frenarlo y probar su ilegalidad.
Junto a Castaño, desde el Concejo de Medellín varios corporados también rechazaron que los protestantes del estallido social puedan terminar con esos bienes en su poder.
Así lo planteó por ejemplo el concejal Alejandro de Bedout Arango, de la bancada del movimiento Creemos, considerando que el mensaje que le estaría dando el Gobierno Nacional a los jóvenes sería el de no temer a participar de bloqueos, quemas y atentados contra la Fuerza Pública, ya que en vez de una sanción saldrían “premiados”.
“La semana pasada se hicieron unas reuniones por parte de la SAE con integrantes de la Primera Línea acá en Medellín, estas personas que en su momento estuvieron en el estallido social y estuvieron bloqueando, quemando y atacando a funcionarios y a la Fuerza Pública. Ahora los quieren premiar otorgándoles unos comodatos de unos hoteles para que sean operados por ellos. Eso genera indignación y desesperanza, ¿cómo van a premiar a estos jóvenes que en este momento tienen procesos penales por todo lo que hicieron?”, cuestionó el político.
Según sostuvo De Bedout, luego de indagar en el tema, detectó una serie de corporaciones que estarían presuntamente sirviendo de puente para hacer posible esas entregas.
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“La SAE no puede otorgar a una persona natural esos bienes, sino que tiene que cumplir una serie de requisitos. Hay una corporación que se llama Nelson Mandela, que es una corporación de papel, que no tiene información reportada en 2019, 2022, 2023 ni menos en 2024”, añadió el concejal, sosteniendo que con base en ese contexto no habría garantías para la operación correcta de esos hoteles.
A su juicio, dado que las organizaciones que reciban estos hoteles deberían tener capacidad financiera y experiencia para operarlos, dichos requisitos se estarían pasando por alto.
Según aparece en los datos del Registro Único Empresarial (Rues), dicha corporación sale reseñada como una entidad sin ánimo de lucro constituida en julio de 2001, con sede en Medellín y representada legalmente por Julio Ricardo Mosquera Murillo.
Para conocer su versión sobre el tema, EL COLOMBIANO se puso en contacto con dicha organización, desde donde su presidente rechazó tener relación alguna con los jóvenes de la Primera Línea y aseveró que todo se trataría de una falacia para dañar su imagen.
“Eso es totalmente falso. Nosotros como organización desde el 2022, cuando la SAE abrió una convocatoria a organizaciones sociales y acciones comunales uno presentaba su proyecto y llenaba unos formatos. Eso fue lo que se adjudicó la semana pasada a diez organizaciones de Antioquia, entre esos la corporación. Yo no sé quiénes son esos jóvenes, no tenemos que ver nada con eso”, expresó Mosquera Murillo.
Por su parte, luego de que estallara la polémica, la SAE emitió un segundo pronunciamiento en el que defendió su iniciativa y se mantuvo en que el proceso de entrega de inmuebles estaría respaldado por un “riguroso procedimiento” administrativo, absteniéndose de entregar mayores detalles sobre los bienes y los beneficiarios.
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Frente a los reparos de los veteranos de la Fuerza Pública, la entidad los invitó a “presentar” sus propuestas para el uso de esos bienes y señaló estar dispuesta a “sentarse” en una mesa para explicar su proyecto.
“La Sociedad de Activos Especiales ha establecido diversos espacios de diálogo y de trabajo con organizaciones de jóvenes, con jóvenes del movimiento estudiantil, pero por supuesto que también con jóvenes que pertenecieron al estallido social y también nos hemos sentado a conversar para hacer distintas alianzas publico populares con organizaciones de víctimas, con firmantes del acuerdo de paz, con la fuerza pública”, añadió el director Urquijo Tejada.
Para conocer en detalle la identidad de las organizaciones implicadas en esa entrega de bienes y los nombres de los hoteles en cuestión, EL COLOMBIANO envió un requerimiento a la SAE, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no obtuvo respuesta.
