La que prometía ser una de las intervenciones de infraestructura educativa más robustas de los últimos años en Medellín, comprometiendo recursos por $347.929 millones, terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza para la nueva dirección de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).
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Luego de que el cambio de gobierno sacara a flote el profundo caos administrativo que vivió esa entidad durante los últimos años, la promesa de rescatar del olvido a 411 colegios aún parece cuesta arriba por cuenta de retrasos en múltiples obras y líos contractuales que tienen a la nueva Administración Distrital revisando con lupa cientos de contratos problemáticos y ejecutando un plan de contingencia.
Según los datos de la EDU con corte al pasado viernes 7 de junio, de las 411 sedes estipuladas en dicho programa, a finales de 2023 no habían registrado una sola entrega a satisfacción. A la fecha, ya 62 han sido recibidas tras el lanzamiento de ese plan de choque.
Si bien los trabajos están regados por todas las 16 comunas y cinco corregimientos de Medellín, la situación es especialmente crítica en la comuna 8 (Villa Hermosa) y en los corregimientos de San Cristóbal, San Antonio de Prado y Altavista.
La crisis de infraestructura que embarga a los colegios de Medellín comenzó a salir a flote en 2022, cuando tras el fin de los confinamientos que trajo la pandemia, miles de estudiantes, docentes y padres de familia denunciaron cómo humedades y graves falencias en techos, paredes y todo tipo de estructuras se habían agravado.
De acuerdo con un diagnóstico levantado por la misma Secretaría de Educación durante ese año, cerca del 95% de los colegios afrontaban algún problema para el que se argumentaba no tener presupuesto.
Pese a que entonces el gobierno distrital fue cuestionado por no haber incluido dichos mantenimientos en el Plan de Desarrollo, el Concejo de Medellín decidió lanzar el 19 de agosto de 2022 un salvavidas y dar luz verde para que se comprometieran $319.047 millones de vigencias futuras y así emprender un ambicioso programa de rehabilitación, al que luego se sumaron recursos ordinarios por $17.754 millones y una adición de $11.126 millones.
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Tras esa inyección, los planes del distrito contemplaron que 398 colegios serían objeto de mantenimientos generales, 38 de mantenimientos integrales y 5 prácticamente reconstruidos. Lo que hasta ese momento se presentaba como una inversión histórica para la educación, pronto comenzó a enlodarse con múltiples reparos y alertas de presuntas irregularidades, sobre todo por cuenta de la decisión del distrito de encauzar esos millonarios recursos a un convenio interadministrativo con la EDU, que aprovechando un renovado manual de contratación empezó a entregar a dedo las obras.
En abril de 2023, se conoció por ejemplo que de un grupo de 21 megacontratos contemplados para esos trabajos, la EDU ya había estructurado la mitad por el modelo de invitación privada, valiéndose de un cambio en su manual de contratación que la facultaba para contratar directamente obras por hasta 10.000 salarios mínimos (el límite antes estaba en 500 salarios mínimos).
Y aunque entonces la entidad argumentó que esas adjudicaciones eran legales y que las obras estaban por buen camino, a finales de 2023 no se habían entregado a satisfacción una sola de las 180 sedes que para entonces estaban programadas, según denunció la nueva directora de la EDU, Luz Ángela González Gómez.
Tras el proceso de empalme, la nueva dirección de la entidad señaló haber detectado que por lo menos el 77% de las obras tenían retrasos en su cronograma y que el número de contratos de obra e interventoría entregados a dedo había terminado siendo de 29.
Además de esos rezagos, la EDU también denunció que luego de emprender un proceso de revisión legal, precisamente buscando poner en cintura a los contratistas más quedados, se topó con la sorpresa de que muchos de los contratos que fueron firmados con ellos ni siquiera habían sido estructurados contemplando cláusulas penales, dejando a la entidad sin dientes para hacer reclamaciones.
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En medio de ese panorama, González Gómez señaló que la empresa lanzó un plan de contingencia, en el que, además de las 62 sedes terminadas, también había arrojado una reducción del 42% en los retrasos de los trabajos con corte a mayo pasado, así como 845 espacios como aulas, baños y restaurantes habilitados para mitigar la crisis y el inicio de 12 procesos de incumplmiento en contra de constructores a cargo de por lo menos 132 sedes.
Dentro de la lista de colegios terminados, aparecen establecimientos en las comunas de Manrique (3), Aranjuez (4), Castilla (5), Doce de Octubre (6), Robledo (7), Buenos Aires (8), La Candelaria (10), La América (12) y San Javier (13). De igual forma, la EDU señaló haber liberado por lo menos $905 millones que no se ejecutaron para añadirlos a una bolsa de nuevos contactos para por lo menos otras cinco sedes con problemas, que ahora serán licitados con un nuevo manual de contratación que reemplazará al modificado en 2021.
