Cinco integrantes de la junta del Metro de Medellín que tienen lazos con la administración del exalcalde Daniel Quintero fueron recusados a escasas horas de la sesión en la que se votaría la remoción del gerente de esa entidad, Tomás Elejalde.
En la acción se menciona a dos miembros independientes nombrados por el gobierno Petro que tienen vínculos contractuales con la Alcaldía de Medellín y otros tres representantes del Distrito que meses atrás se vieron implicados en el pleito entre el Metro y la Alcaldía por la deuda del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).
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En los recursos se argumenta que esos cinco miembros tendrían conflictos de interés y podrían favorecer al gobierno de Medellín en la crítica sesión por realizarse. Ambas recusaciones fueron formuladas por el representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Darío Cadavid Márquez, del partido Centro Democrático.
En la primera recusación, que se ocupa de los miembros independientes Sebastián Hinestroza y Juan Carlos Tafur, Cadavid planteó que por cuenta de varios contratos activos que ambos tienen con la Alcaldía su independencia estaría comprometida.
En el caso de Tafur, tal como lo contó EL COLOMBIANO a finales de septiembre pasado, dichos lazos vienen por cuenta de cuatro contratos por más de $223 millones que fueron firmados este año, uno de ellos todavía en ejecución.
Mientras dos de ellos, que suman $97 millones, fueron firmados con la Corporación Ruta N, otros dos fueron firmados con la Secretaría Privada de la Alcaldía, hasta hace poco a cargo del destituido secretario Juan David Duque, sacado de su cargo por su papel en el escándalo en la caja menor del despacho del Alcalde.
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El contrato más reciente, firmado precisamente con la Secretaría Privada, estipula pagos mensuales por más de $11 millones y tenía un plazo de cuatro meses que culminarían el próximo 30 de diciembre.
En el caso de Hinestroza, sus lazos con la administración de Medellín vienen por cuenta de su rol como representante legal de la empresa Megaproyecto Vial Siglo XXI, que a comienzos de este año terminó quedándose con un cuestionado contrato de pavimentación por $65.026 millones.
Este contrato, cabe recordar, generó alertas de expertos en el sector de la infraestructura luego de que la empresa que se había ganado la licitación, identificada como Consorcio Construcciones C 2023, decidiera cederlo sin siquiera empezar los trabajos, postulando directamente a un consorcio en el que Megaproyecto Vial tiene una participación del 70%.
“Teniendo en cuenta el vínculo contractual de estos miembros con la Alcaldía de Medellín, se configura una falta de objetividad y una situación en la que ambos miembros de Junta Directiva, por razón de sus vínculos contractuales y económicos, se enfrentan a distintas alternativas de conducta, por cuanto sus intereses particulares o de terceros a los que representa o respecto de los cuales tiene algún interés o vínculo, puedan prevalecer sobre los de la Empresa”, señaló Cadavid.
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Por otra parte, en la segunda recusación, que se ocupa del alcalde encargado Óscar de Jesús Hurtado, el secretario de Planeación de Medellín Alejandro Muñoz y el secretario de Movilidad Juan Carlos Torres Ojeda (con asiento en la junta del Metro en calidad de suplente), la recusación señala que los mismos estarían impedidos por su rol en el pleito por el FET.
En este último caso, cabe recordar que en diciembre de 2022, el Metro decidió demandar a la Alcaldía luego de que esta se colgara en pagos por $161.000 millones, según el consolidado con corte a diciembre de 2022.
“Al momento de presentarse la demanda, el hoy alcalde encargado y miembro de Junta Directiva, Óscar de Jesús Hurtado Pérez, fungía como Secretario de Hacienda, es decir, era el funcionario que tenía a su cargo la gestión de los recursos, especialmente lo relacionado con el FET; por su parte, el Secretario de Movilidad es el encargado de supervisar el contrato CN2011-0008 y ejecutar el mismo”, señaló Cadavid en su recusación, añadiendo que el secretario de Planeación también tendría incidencia en el lío por ser una voz cantante en el Concejo de Medellín a la hora de gestionar el presupuesto del Distrito.
A la luz de esta vinculación, Cadavid señaló que los tres funcionarios tendrían un interés directo en remover al gerente que precisamente los demandó, por lo que sus decisiones tampoco serían independientes.
Según aparece en ambos recursos, los cinco miembros recusados tendrían un plazo de 5 días para controvertir o aceptar los argumentos de la recusación.
Estas nuevas recusaciones aparecen en medio de un ambiente cada vez más caldeado con miras a la junta directiva extraordinaria en la que se discutirá la continuidad del gerente Tomás Elejalde y posibles modificaciones en los requisitos de ese cargo.
Este miércoles también se conoció una carta firmada por los cinco representantes del Gobierno Nacional en ese órgano en el que se pidió aplazar la sesión por falta de información para deliberar.
Por esta misma razón, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, envió una dura carta a la junta directiva en la que calificó esa sesión extraordinaria como “ilegal” y “arbitraria”.
