Ya casi se cumple un año desde que empezaron a sonar las denuncias por presuntas presiones a psicólogos de los colegios públicos para que apoyen a Albert Corredor a la Alcaldía de Medellín. Incluso antes de oficializar su aspiración, estos profesionales aseguraron que los estaban poniendo a ayudar en la logística de las sancochadas y natilladas que el candidato hizo en algunos de los barrios más pobres de la ciudad durante diciembre pasado, todo como abrebocas a su participación en la contienda electoral.
Entre enero y febrero tuvieron cierta calma y, luego, se quejaron de nuevo de que crearon grupos de WhatsApp para dar instrucciones sobre cómo impulsar a Corredor en redes sociales. Luego siguieron las conocidas denuncias sobre que tuvieron que recoger 300 firmas cada uno con el movimiento Medellín Nos Une para avalar al candidato.
Y, recientemente, que los tienen de lleno en la campaña, que deben volantear, repartir publicidad y periódicos, colgar pendones o balconeros, llevar gente a los eventos y asistir a reuniones, las últimas de urgencia, aunque eso implique que descuiden las labores para las cuales los contrataron en el programa Entorno Protector, de la Secretaría de Educación.
Cada vez es más frecuente, según denuncian, que los citen de urgencia, a cualquier hora, a reuniones para anuncios e instrucciones de campaña, en la sede del candidato en La Playa, o en el auditorio del vecino Club Medellín, y les han dicho que dejen sus labores, como consta en pantallazos de WhatsApp. “Hay una novedad en campaña, acá nos vemos, dejen lo que estén haciendo que nosotros respondemos ante lo que sea”, dice uno de los mensajes.
“Pone en riesgo la atención”
Esto tiene aburridos y angustiados a muchos psicólogos que dicen sentirse presionados porque si no apoyan la campaña es posible que no les renueven los contratos que se vencen el 23 de septiembre próximo. Esto también ha prendido las alarmas porque podría estar poniendo en riesgo la calidad y dedicación de la atención a los niños, niñas y adolescentes de los colegios públicos, la principal labor para la cual contratan a estos profesionales.
Dichos contratos los suscriben con la Fundación Universitaria Católica del Norte, entidad privada que, a su vez, tiene un contrato de prestación de servicios con la Secretaría de Educación, el 4600096725 de 2023, con el objeto de “prestar el servicio para implementar el Programa Entorno Escolar Protector en los establecimientos educativos del Distrito de Medellín”.
Actualmente, indicaron desde la Secretaría de Educación, son 230 psicólogos o profesionales de apoyo institucional. Dijeron que se asigna uno a cada institución educativa, 229 en total, y que uno más brinda apoyo itinerante según las necesidades o situaciones que se presenten.
Inicialmente, el contrato tuvo un valor de $15.400 millones para ejecutarse en 344 días sin superar el 30 de diciembre. En marzo se hizo la primera modificación que incluyó la disminución de días a 316, lo que implicó bajar a $14.199 millones el valor del contrato. Una segunda modificación fue para incorporar recursos de presupuesto participativo por $776 millones priorizados por los habitantes de las comunas 3 (Manrique), 9 (Buenos Aires), 15 (Guayabal) y el corregimiento Altavista, lugares que se incorporaron a la cobertura del contrato, ahora de $14.975 millones.
La magnitud de este contrato para el programa Entorno Protector no está tanto en las cifras como en el impacto que tiene en las instituciones educativas públicas, pues los psicólogos se encargan de apoyar, acompañar, activar rutas, mediar, capacitar y sensibilizar sobre problemas en los colegios, como depresión, violencia intrafamiliar y escolar, bullying, riñas, consumo de sustancias psicoactivas, dificultades de aprendizaje, violencias sexuales, cutting e ideaciones suicidas. Es decir, tiene mucho que ver con la salud mental de menores, y hasta de sus familias.
En consideración de varios psicólogos, esta situación sí pone en riesgo los procesos con los estudiantes, que viven inmersos entre los riesgos mencionados. Desde la Secretaría de Educación le confirmaron a este medio que con Entorno Protector se brindaron 4.328 atenciones en 2019, 2.574 en 2020, 2.720 en 2021 y 7.371 en 2022, por causa de violencias escolares y sexuales, situaciones presentadas con familias y presunto consumo de sustancias psicoactivas.
Aclararon que un estudiante puede recibir varias atenciones y que en 2022 “se aumentaron las atenciones producto de las consecuencias ocasionadas por la pandemia del coronavirus tras el regreso a la presencialidad en las aulas de clase”. Y aunque no entregaron la cifra de 2023, se puede hacer una idea del panorama a través de los informes de gestión de la Católica del Norte sobre la ejecución de las actividades del contrato y de los informes de supervisión cargados en el Secop.
En uno de los informes indicaron, por ejemplo, que entre el 9 de febrero y el 8 de marzo brindaron 5.375 atenciones por riesgos psicosociales, de los cuales unos 1.976 corresponden a violencias escolares y sexuales, situaciones presentadas con familias y presunto consumo de sustancias psicoactivas; entre el 9 de abril y el 8 de mayo fueron 5.173, de las cuales 1.958 fueron por dichas categorías; entre el 7 de julio y el 6 de agosto se brindaron 5.100 atenciones, de las que 1.854 fueron por las causas anteriores.
Quejas sobre coordinadora
Llama la atención un tema que los psicólogos consideran uno de los frentes más sensibles. En los informes subidos al Secop se da cuenta de que en cinco meses se brindaron 788 atenciones por ideaciones o comportamientos suicidas de los estudiantes. Por todas estas causas, los psicólogos también activan alertas y rutas con autoridades competentes, cuando es el caso, incluidas la Policía de Infancia y Adolescencia o el Icbf, según consta en dichos informes, los cuales son requisito para el desembolso de los pagos parciales del contrato.
Desde la Alcaldía señalaron que realizan acciones de prevención y promoción, asesorando a los establecimientos educativos en convivencia y mediación escolar, liderazgo estudiantil, relación familia y escuela, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, construcción de ciudadanía y protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Es en este punto donde el concejal del Centro Democrático Alfredo Ramos llamó la atención en los últimos días, porque la coordinadora de Entorno Protector, Mayra Giselle Martínez Saldarriaga, es señalada por varios psicólogos de participar directamente en la campaña de Corredor, incluso, coordinando actividades en una comuna, y de darles instrucciones para que los profesionales también se sumen.
A la coordinadora, quien aparece en el organigrama del sitio web de la Secretaría de Educación, se le ve en imágenes en redes sociales en las que evidentemente está en la campaña del candidato aliado del alcalde Daniel Quintero. Y son varios los testimonios de profesionales que dicen que ella les da línea al respecto. Adicionalmente, empezó a firmar los informes de gestión del contrato, por lo menos desde mayo pasado como coordinadora, lo que deja muchos cuestionamientos, según Ramos, ante los señalamientos en su contra.
EL COLOMBIANO contactó a Martínez a través de WhatsApp y le hizo varias llamadas, pero no fue posible que respondiera nuestras preguntas sobre las denuncias de las que presuntamente es responsable.
Para el concejal, el hecho de que el contrato de los psicólogos se suscriba por medio de una institución privada, a la que le corresponde el 8% del contrato por su administración, dificulta las labores de los órganos de control para investigar las múltiples denuncias.
Por lo pronto, los psicólogos también se preguntan por qué sus denuncias reiteradas no llevan a que haya contundencia de los organismos de control para verificar qué está sucediendo. Este medio consultó a la Procuraduría, pero no dio respuesta sobre si había quejas oficiales sobre el tema ni de los avances de una indagación previa que abrió en febrero pasado justamente por presuntas presiones a contratistas de la Secretaría de Educación para apoyar la campaña de Corredor.
La Personería le confirmó a este medio que no tienen ni denuncias ni quejas formales sobre este tema, por lo cual no hay indagaciones ni investigaciones abiertas. Y los psicólogos se siguen quejando de la sobrecarga laboral y los niveles de estrés que están haciendo la situación insostenible. “Obvio a nadie obligan, pero si no apoyas no te renuevan el contrato. Nos piden que nos ausentemos de los colegios para ir a eventos o reuniones, hay que mover gente y empapelar la ciudad”, dijo una de las fuentes. Su testimonio lo ratifican otros que hablan de llenar con amigos y familiares los conciertos que el candidato está haciendo los fines de semana; estar a horas determinadas en lugares públicos para repartir periódicos, volantes, pegar pendones y ondear banderas.
La estrategia es tomarse puntos estratégicos como las afueras de las estaciones del sistema Metro, los parques principales y sus alrededores, y las vías centrales. Las jornadas comienzan desde las 5:30 a.m. y pueden llegar hasta las 8:00 p.m., además, tienen metas como entregar 2.400 periódicos en cada comuna en dos horas y media. Asimismo, a los psicólogos los incluyeron en grupos de WhatsApp según las comunas donde están sus colegios, para darles las instrucciones de campaña.
A su vez, también crearon grupos públicos en los que cada grupo de profesionales debe ingresar amigos, conocidos y familiares para que se transmitan videos, fotos y otras informaciones sobre la campaña de Corredor.
“Esto ha generado angustia, todo el día están escribiendo, que reuniones, que dónde están, que a dónde llegan. Nos tienen divididos por grupos para repartir en la mañana y en la tarde”, dijo otra fuente. La última reunión citada fue justo para hoy, de carácter urgente, a las 3:30 p. m., para tomar decisiones finales, les dijeron.
