La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Alcaldía de Medellín que le responda al derecho de petición que radicó la representante a la Cámara, Luz María Múnera, el pasado 2 de febrero, en el que le requirió a la administración de Daniel Quintero que aclarara el cronograma de ejecución y el presupuesto para las intervenciones adelantadas para el cerramiento de la Plaza Botero y las obras en el Parque Lleras.
La Alcaldía no quiso responder efectivamente al requerimiento de la congresista que les pedía claridad sobre la planeación del Distrito en aspectos tan elementales como la aprobación financiera.
En contraste, lo que hizo fue valerse de respuestas ambiguas y argucias para no dar trámite cabal a la solicitud formal que elevó la representante Múnera.
A pesar de que es evidente que sí está cerrada, la administración distrital señaló que la Plaza nunca ha estado cerrada y que adicional al “abrazo” que le dio a la Plaza Botero con las cientos de vallas de la Alcaldía, mejoraría la zona con iluminación del Hotel Nutibara, la Iglesia de la Veracruz y el Museo de Antioquia.
Ante la negligencia para responder, la representante había dicho el pasado 3 de marzo que la “ley les exige que al congreso de la República hay que responderle en 5 días y hay que responder lo que pregunta, no lo que les parece; la Ley Quinta nos protege en eso, así que nosotros estamos preparando un documento para presentar en Procuraduría”.
La exigiencia de la Procuraduría llega dos días después de que la Alcaldía publicara unas cifras que, según la administración Quintero, respaldan el cerramiento al que sometieron a la Plaza Botero desde hace casi mes y medio.
Según los resultados de la encuesta de la propia Alcaldía, el 79% de los ciudadanos están de acuerdo con la estrategia que inició el 6 de febrero. El 73% cree que mejoró la seguridad y el 77% la ve más limpia.
El pasado fin de semana, en un operativo relámpago en la Plaza Botero y sus alrededores, las autoridades lograron 10 suspensiones temporales de actividad económica, dos cierres de establecimiento por salubridad pública, 14 traslados por protección al Centro de Traslado por Protección (CTP), 12 motocicletas inmovilizadas y una incautación por parte de Espacio Público.
La Alcaldía asegura que la medida ha mejorado drásticamente las problemáticas en la Plaza y sus alrededores y que es falso que haya cercado el emblemático lugar restringiendo el ingreso a los ciudadanos.
Pero lo que ha evidenciado y documentado EL COLOMBIANO en varios recorridos indica lo contrario. El cerco a la Plaza Botero opera bajo la premisa de la reserva del derecho de admisión, en la que los turistas ingresan libremente, decenas de ciudadanos son requisados minuciosamente y decenas de personas como trabajadoras sexuales y vendedores ambulantes.
Además, los hechos ocurridos durante el cerramiento desmienten los balances de seguridad entregados por la Alcaldía, pues el pasado 10 de marzo un hombre fue apuñalado en plena Plaza, a pesar de que la Alcaldía asegura que en los cuatro puntos de ingreso hay detector de metales para restringir el ingreso de armas con los cuales se cometan delitos de alto impacto.
El primero de marzo pasado, a un lado de las vallas, en los bajos de la estación Parque Berrío, un hombre murió apuñalado a plena luz del día.
Los comerciantes en sectores como la Veracruz y fuera del cerramiento, en los bajos de Parque Berrío, le han narrado a este medio que a pesar de la presencia policial y las vallas, los personajes que lideran las rentas ilegales como la extorsión y la venta de estupefacientes se mueven libremente, incluso, al interior de la Plaza.
