Varias personas con costales al hombro y otras tirando de carretas atestadas de cachivaches –la mayoría con la mugre encostrada, el pelo amelcochado y la mirada perdida–, deambulan por los alrededores de la Plaza Minorista.
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El temor de los transeúntes que llegan a comprar sus víveres hasta el centro de abastos es evidente ante la posibilidad de que en medio de los habitantes de calle se camufle alguien que quiera robarles o hacerles daño. Y eso que desde hace poco tiempo el sector está libre de carpas y cambuches improvisados con cobijas y plásticos, porque la nueva administración de la ciudad comenzó la recuperación del espacio público a punta de operativos en los que ha hecho un despliegue de volquetas, Policía y hasta Ejército.
De acuerdo con el secretario de Seguridad, Manuel Villa, hasta ahora van cerca de 150 operativos en los que se han desarmado más de 5.200 cambuches en los bajos de los puentes, glorietas y lugares que los ciudadanos han solicitado, como el Corredor del Río, la avenida Guayabal, los alrededores de la Minorista, el centro y el barrio Boston, entre otros.
A mediados de junio, el secretario de Desarrollo y Bienestar Social de Copacabana, Sebastián Gómez, se quejó de que producto de intervenciones como estas en el vecindario (Medellín, Bello y Girardota en particular), había ocurrido un éxodo que desplazó hacia su territorio el problema, generándoles un incremento del 20 % en los habitantes de calle, al pasar de 29 a 64 personas en esa condición.
Al ser interrogados sobre ese tema por EL COLOMBIANO, varias de las administraciones de los otros municipios metropolitanos han coincidido en que también han sufrido las consecuencias de esa estrategia y eso lleva a preguntarse si se trata del camino correcto.
Jorge Calle, representante legal de la corporación Everyday Homeless, recuerda que varias administraciones pasadas, desde la de Aníbal Gaviria (2012-2015) les han dado un manejo muy policivo al asunto y la situación sigue igual, o peor a juzgar por las cifras.
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“Para los días de la Asamblea del BID la alcaldía de Gaviria recogió gente y los dejaban en Barbosa –donde queda una granja del municipio de Medellín– y terminaban devolviéndose después porque ellos encuentran en la ciudad una forma más fácil de vivir; pasados los años se dan problemas como el éxodo venezolano y la pandemia que dejó a muchos adictos en la calle”, explicó el representante de Everyday Homeless.
El último reporte del Distrito da cuenta de que los habitantes de y en calle aumentaron en Medellín, de unos 3.200 a más de 8.000 en los últimos cuatro años.
“Hoy hay más habitantes de calle migrantes, más habitantes de calle jóvenes, más habitantes de calle con mayores consumos de psicoactivos y más personas con más deterioro de la salud mental”, asegura el exsecretario de Inclusión Social y exconcejal Luis Bernardo Vélez, quien critica que, paradójicamente la ciudad está atendiendo una problemática que ha crecido con los mismos recursos de antes, o incluso menos.
Prueba de ello es que al principio de la pasada administración, la de Daniel Quintero, había dos centros de recepción para habitantes de calle, llamados Centro Día 1 y Centro Día 2. Uno en cercanías a la Minorista y otro cerca al centro comercial Villanueva, pero al final de la misma solo quedó el segundo porque el otro se volvió un Centro de Protección a la Vida y es manejado por la Secretaría de Seguridad.
Es decir que se redujeron a la mitad los cupos para quienes suelen ir a estos sitios a bañarse, recibir sus alimentos, ver televisión o curar alguna herida de esas que se dan en las pequeñas guerras que se libran por un metro cuadrado en el asfalto. Lo mismo pasó con la institucionalización de quienes deciden emprender un proceso de resocialización y desintoxicación para retornar a una vida convencional, bajo techo, como la conocemos la mayoría, pues de tres granjas del Distrito que existían en Barbosa en el primer gobierno de Federico Gutiérrez (2016-2019) hoy solo queda una con 200 cupos, de los cuales se están usando 130.Y avanzada una nueva administración las cosas no cambian mucho por lo pronto.
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La secretaria de Inclusión Social, Sandra Sánchez, defiende que no necesariamente Medellín es responsable de las cuitas de sus vecinos en esta materia, sino que por naturaleza los habitantes de calle son nómadas y, de hecho, esta es una ciudad receptora de personas del resto del Valle de Aburrá, pero también de urbes como Bogotá, e incluso de países como Ecuador, Perú y Venezuela.
“Ampliamos cobertura en 63%”
La funcionaria explicó que ante la falta de una política común para todos los municipios metropolitanos conurbados, la administración no se puede quedar cruzada de brazos y le toca atacar sus problemas con las soluciones que tiene a mano.Aclaró que los operativos son apenas parte de las actuaciones, porque también se continúa con el Centro Día más dos centros transitorios que estaban laborando hasta las 2:00 p.m. y se ampliaron hasta las 6:00 p.m.
Indicó que, “en promedio, estamos atendiendo a 1.971 personas (a junio), con un aumento de 63 % con respecto al mismo periodo de 2023” y que igualmente están haciendo ajustes al modelo para que esa cobertura se incremente.
El foco estaría en la acogida diurna para generarles bienestar a estas personas, y no tanto en el intento de que retornen a una vida “normal” porque es claro que muy pocos quieren hacerlo.“Estamos actualizando el modelo a las nuevas realidades y de acuerdo con eso, el modelo de atención que necesita ese perfil; quisiéramos que se socializaran, pero el porcentaje de los que quieren es bajo”, añadió la secretaria Sánchez. Eso querría decir que la reapertura de las granjas cerradas no estaría en el plan.Según la funcionaria, este año el presupuesto para habitantes de calle es de $25.0000 millones y de unos $100.000 millones para el cuatrienio.Para los críticos de lo que ha sido el devenir en esta materia, otra esperanza es que el próximo año se vence la política pública de habitantes de calle y se supone que habrá una nueva oportunidad para que se abra una discusión amplia sobre el enfoque metodológico.
¿Qué pasa con la coordinación?
Sánchez y todos los otros funcionarios encargados del “chicharrón” que significa la atención de los habitantes de calle en los municipios del Aburrá consultados para este informe están de acuerdo en que lo ideal sería tener una hoja de ruta común, si bien las razones de cada uno son diferentes.
“Compartimos poblaciones y Medellín termina cargando con la mayor parte del problema. Por ejemplo, en algunos municipios no hay atención a gente de calle y los mandan para acá, y acá los recibimos”, expresó la secretaria Sánchez. Por su parte, la secretaria de Inclusión de Sabaneta, Laura Jiménez, replicó que “es innegable que las decisiones no solo de Medellín, sino de municipios vecinos tienen repercusiones en los demás y se necesita una estrategia conjunta.
Todos los municipios del Aburrá trabajamos el tema de la mejor manera que podemos, pero se requiere una estrategia que al hacer algo en uno no repercuta en el otro”. Paradójicamente sí ha habido experimentos de coordinar acciones, pero nadie da razón de dónde se extravió el intento.
El Acuerdo Metropolitano No. 24 de 2015 creó la Red Metropolitana de Prevención y Asistencia para el habitante de calle con ese fin. Luego, en 2017, durante el periodo de Eugenio Prieto en la dirección del AMVA, se creó una mesa técnica para formular programas conjuntos y se habló de ponerse de acuerdo en la destinación de los recursos disponibles; salió incluso de una caracterización común de la población objeto y hasta se llegaron a ejecutar algunas acciones en campo en varias localidades de la jurisdicción. Luego hubo un bache.
Fuentes de la entidad explicaron que la “política pública social para habitantes de calle que empezó a regir a partir de 2021 reglamenta que cada municipio es autónomo y responsable en la caracterización de esta población en su jurisdicción; por esa razón el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ya no hace el levantamiento de esa información”.
Ante el agravamiento del problema en los últimos años, en abril se efectuó una reunión conjunta de funcionarios y los Concejos de Itagüí, Envigado y Sabaneta en la biblioteca Débora Arango, pero los resultados concretos no se avizoran aún para una situación que rebasa las posibilidades individuales.
Municipios del norte, los más “porosos”
A mayor cercanía con la capital regional mayor facilidad para que el problema de habitantes de calle se permee. Esta premisa está afectando más a los municipios del norte del Valle de Aburrá y por eso no es gratuito que Bello sea el más perjudicado. Su directora de Inclusión Social, Jenifer López, informó que en febrero tenían censados 320 habitantes de calle y luego de los operativos en Medellín se incrementaron a 500, no obstante que allí también han hecho tomas a los lugares de mayor afluencia para controlar la invasión del espacio público. Igualmente, la Alcaldía controla los centros de venta de reciclaje.
En cuanto al componente social, hasta 2023 funcionó un Centro Día, pero lo cerraron para darle prioridad a una metodología de resocialización en albergue. Para quienes no “compren” el proceso de rehabilitación hay brigadas periódicas de aseo, motilada y atención en salud.
“Hay que comprender que Bello es la puerta de entrada de todo el norte y si lo vemos del otro lado, también es la salida; eso permite un tránsito de esta población, que es flotante, y unos pocos permanecen”, dijo López. Por eso es consciente de que si ellos también aumentan la presión, y a la vez lo hacen los municipios ubicados todavía más al norte, el problema terminará corriéndose hacia subregiones vecinas.
En Girardota, contrario a lo que expresaron las autoridades de Copacabana, no están haciendo operativos que generen movimientos de habitantes de calle y en cambio sí se están perjudicando por la cercanía con la conexión a través de la doble calzada que conduce de Bello al norte antioqueño y la Costa Atlántica -según el secretario de Gobierno, Joaquín Hernández-, pero tienen claro que solo atenderán a quienes sean oriundos del mismo municipio.
Esa misma circunstancia es la de Copacabana, la población donde se dio la alerta a mediados de junio, con un crecimiento de 120 % en el número de habitantes de calle. Para finalizar, Barbosa tenía 26 habitantes de calle y, según el alcalde Juan David Rojas, en el último mes aumentaron en un 20%. Este municipio en el extremo norte del Aburrá cuenta con un programa y un profesional dedicado a atender esa población. Una estrategia ha sido propiciar el retorno voluntario de los que llegan a sus sitios de origen, siempre bajo su voluntad.
La topografía de lomas favorece a La Estrella
La Estrella es el municipio del área metropolitana que menos habitantes de calle tiene: son 32, de los cuales 27 están institucionalizados en un programa de resocialización dentro de un albergue que opera un particular y solo cinco no han querido aceptar esa opción, según el secretario de Gobierno, Santiago Álvarez. El funcionario sostuvo que por su topografía de lomas pronunciadas no son muy atractivos para los callejeros migrantes y por eso no los han afectado las medidas de control asumidas en Medellín.
En cambio Caldas, a pesar de ser el más lejano en el sur, casi duplica esta problemática. Por ese motivo, en marzo de 2023 había 77 habitantes de calle y hoy son entre 120 y 130. El secretario de Seguridad y Convivencia, Carlos Mario Gaviria, apunta que un factor es que la gente allí suele ser dadivosa o da limosna por temor.
En agosto, la Alcaldía presentará al Concejo un proyecto con la política de atención a estas personas y también planean la apertura de un centro donde les darán atención.
En Sabaneta, hay 60 habitantes de calle “propios” y de ellos 25 están en una granja de resocialización y a 50 los atienden de manera ambulatoria. Además, los martes y fines de semana llegan otros a mendigar, pero termina el día y se vuelven a sus municipios de origen.
Envigado, por su parte, tiene unos 100 habitantes de calle caracterizados y de esos 32 están internos gracias a un convenio con una entidad privada y no hay nada parecido a los Centro Día de Medellín. “No tenemos más porque a ellos les gusta la calle y no los hemos podido convencer”, dijo la secretaria de Bienestar Social, Ana María Mesa, quien indicó que le presentará la propuesta al alcalde Raúl Cardona para montar un sitio donde puedan brindarles atención diurna a los no institucionalizados.
Para evitar que esa población aumente, hacen operativos en el espacio público y campañas para desincentivar que los habitantes les den comida o plata.
En Itagüí no se sabe a ciencia cierta cuántos habitantes de calle hay, porque el último censo data de 2018, cuando contabilizaron 114 personas, pero es claro que los operativos en Medellín los ha afectado. “A quienes asistan al Centro Día que no sean de acá se les atiende por una única vez con alimento y posibilidades de que se aseen”, apuntó la subsecretaria de Familia, Juliana Piedrahíta.
