La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública le envió a EPM un oficio con todas las preocupaciones que tiene del nuevo proceso de licitación para conseguir un constructor que se le mida a las obras civiles de las unidades de generación 5, 6, 7 y 8 de Hidroituango. Entre las observaciones están aspectos de la valoración de las ofertas, la capacidad financiera de los interesados y el aseguramiento de las obras finales. Justo este miércoles está previsto el cierre de recepción de ofertas por parte de EPM.
La empresa publicó el 24 de abril pasado las nuevas condiciones del proceso de selección de ofertas para la construcción de las obras civiles finales del proyecto hidroeléctrico, con un presupuesto de $937.287 millones y un plazo estimado de 1.125 días. De acuerdo al cronograma presentado, se tiene previsto que para agosto se acepte o declare desierto y empiece la ejecución del contrato en septiembre.
Esta licitación es la segunda que EPM abre para la culminación de las obras, toda vez que el pasado proceso fue declarado desierto el 13 de marzo, debido a que el oferente no cumplió con los requisitos exigidos y luego de las advertencias que hizo la Procuraduría por irregularidades en el proceso de evaluación de la propuesta.
La primera de una serie de observaciones que advierte la Procuraduría tiene que ver con los requisitos financieros. EPM definió rangos en cada uno de los indicadores de liquidez, cobertura, razones de rentabilidad y endeudamiento en pesos para oferentes nacionales y en dólares americanos para oferentes nacionales y extranjeros, y para cada rango se establece un puntaje.
Sin embargo, el documento concluye: “para el presente estudio de mercado se analizó la información financiera que se encontró disponible en las diferentes fuentes de información para los años 2019, 2020 y 2021. Para el proceso de contratación se solicitará como requisito de participación los años 2021 y 2022, por lo tanto, existe un riesgo de que las empresas analizadas no cumplan dicho requisito, dado que los estados financieros del año 2022 aún no son conocidos”.
La Procuraduría le pregunta a EPM que llegado el caso de que el oferente o interesado no tenga disponible la información del año 2022 en el momento de estructuración de la propuesta, ¿cómo se subsana este requisito o se verificará que se cumpla con el mismo?
Y añade que en el contexto actual nacional e internacional de volatilidad del dólar, presiones inflacionarias y altas tasas de interés, ¿cuáles serían las medidas propuestas para administrar y mitigar un incremento en los costos del presupuesto de referencia?
En este nuevo proceso, EPM modificó algunos parámetros sobre la acreditación de la experiencia y las exigencias del aseguramiento. Hacia el final de la tabla de experiencia de los nuevos pliegos está la primera modificación importante, relacionada con la experiencia que se evaluará en las empresas que se presenten en consorcios. Este punto es clave porque fue la nuez del problema que le costó al consorcio colombo chino su descalificación.
En las condiciones publicadas a finales de abril pasado, ya no aparece ningún tratamiento explícito para los socios nacionales, sino una nueva tabla en la que se explica que las empresas que se presenten en consorcio podrán acreditar de forma conjunta la experiencia exigida, siempre y cuando cada uno de los integrantes acredite como mínimo 31.000 metros cúbicos en concretos y 18.000 metros cúbicos en construcción de túneles.
No obstante, frente a concretos y túneles, EPM ideó una nueva exigencia, abriendo la puerta para que en dos escenarios ambos requisitos puedan recaer en una sola empresa.
Dice el pliego: “si la forma asociativa acredita tanto los volúmenes mínimos individuales como el volumen total exigido para la actividad 2 (concretos), el volumen total exigido para la actividad 3 (túneles) podrá ser acreditado y certificado por uno, algunos o todos los integrantes de la forma asociativa. Así mismo, si la forma asociativa acredita tanto los volúmenes mínimos individuales como el volumen total exigido para la actividad 3, el volumen total exigido para la actividad 2 podrá ser acreditado y certificado por uno, algunos o todos los integrantes de la forma asociativa”.
La Procuraduría pregunta que si en una de las actividades se permite acreditar su experiencia solo con un máximo de un contrato, a diferencia de las actividades 2 y 3 que permiten que seas acreditadas y certificadas con máximo dos contratos, ¿cuáles son las consideraciones técnicas y operativas para determinar y justificar este trato diferencial?
Hacia el final del documento, la Procuraduría resume las preocupaciones generales que tiene frente al proceso:
- Tiempos y plazos cortos requeridos para dar trámite a preguntas, adendas y aclaraciones durante la etapa precontractual.
- Tiempos insuficientes para la preparación y presentación de las ofertas.
- Dificultades para que los contratistas puedan constituir garantías y seguros necesarios para la transferencia de los riesgos del contrato dadas las condiciones a las que está expuesto el proyecto hidroeléctrico frente al mercado asegurador.
- Dado que se puede presentar oferentes extranjeros sin la necesidad de asociarse con una empresa nacional, para dichas empresas, puede generar aún más dificultad la consecución de garantías (pólizas).
- Falta de interés por parte de proponentes debido a la información (experiencia, logística, conocimiento del proyecto) que tienen los contratistas que han estado ejecutando algún contrato del proyecto.
Los interesados en el proceso de licitación tienen plazo para comprar derechos y postularse hasta hoy miércoles 10 de mayo.
