La Personería anunció que investigará si hubo irregularidades en la ejecución de los programas y proyectos, con dineros públicos de Presupuesto Participativo en el Distrito de Medellín, entre las quejas que motivaron la intervención de la Personería es que las ejecuciones de los años 2020, 2021 y 2022, se estarían ejecutando al mismo tiempo en 2023, lo cual viola lo establecido por el decreto 111 de 1996.
La Personería conoció que los dineros destinados para la ejecución de los diferentes proyectos en las comunas, no se están llevando a cabo en su vigencia correspondiente, sino que se están desarrollando al mismo tiempo de vigencias simultáneas de años 2020, 2021 y 2022.
Esto viola la ley porque después del 31 de diciembre no pueden asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción, según la Ley 38/39 Artículo 10.
La entidad del Ministerio Público precisó que antes de su ejecución, los proyectos priorizados deben ser plasmados en una ficha de Metodología General Ajustada - MGA, se deben incluir los mismos en los estudios previos de los contratos a celebrar; sin embargo, al ejecutar vigencias pasadas se presentan incrementos de precios en el mercado, calidad de insumos, materiales, actividades a desarrollarse que se ven expuestos a cambios durante el transcurrir del año siguiente.
Pero hay otra situación que también preocupa a los entes de control y son las falencias que se siguen presentando en el bono alimentario distribuido por el Distrito de Medellín, ya que se estarían entregando con retrasos y los beneficiarios no tienen claridad a qué año de entrega corresponde.
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Cabe recordar que sobre este tema EL COLOMBIANO ya había denunciado en abril de este año presuntas irregularidades y falta de transparencia en la información sobre la entrega de bonos alimentarios priorizados en la comuna 12, La América, con recursos de Presupuesto Participativo (PP) para 2021 y 2022.
Retrasos en la ejecución de ambas vigencias, direcciones que no corresponden a la comuna, hogares en los que se entregan hasta cuatro bonos y ciudadanos vulnerables que no han podido acceder al mismo son algunas de las fallas que la JAL ha encontrado. Pero también se quejaron de que la Secretaría de Inclusión obstruye su función de ejercer control a la destinación de esos recursos, porque pese a que lo han solicitado en varias ocasiones, no les han querido entregar las bases de datos para corroborar nombres y direcciones de los beneficiarios.
Además de estas presuntas irregularidades, también hay inconsistencias con algunas Instituciones de Educación Superior beneficiadas con recursos de presupuesto participativo, donde por cada estudiante se paga la cohorte completa, pues en ocasiones, según la Personería, no ejecutan todos los recursos que se les asignan, debido a deserciones de los estudiantes beneficiados lo que deja remanente.
Por todas estas razones, la Personería encontró méritos necesarios para solicitarle a la Alcaldía de Medellín que respete y evidencia transparencia respecto al principio de anualidad presupuestal. Una investigación y otro llamado de atención por la improvisación y falta de planificación presupuestal de la administración de Daniel Quintero.
