En medio de la profunda crisis administrativa y económica que vivió el Hospital General durante el segundo semestre del año pasado, un bebé de 21 días de nacido requería urgente una laparotomía para tratarle unos problemas médicos de nacimiento.
Sin embargo, la falta de especialistas por la crisis administrativa que habría generado el gerente de ese momento, Mario Fernando Córdoba, le provocó la muerte, por lo que esta situación llevó a que se iniciara un proceso de investigación disciplinaria en contra de quien gerenciaba este centro asistencial.
Los hechos se registraron el 21 de septiembre de 2023, cuando Stefany Giraldo, madre del menor al que había llamado Miguel Ángel, acudió a este centro asistencial debido a que había presentado complicaciones por cuenta de la alteración del cromosoma 22 desde que se encontraba en el feto, lo que le llevaba a sufrir el síndrome DiGeorge, lo que se manifiesta en una cardiopatía que se podía tratar con procedimientos médicos.
Para poderle tratar esta enfermedad, que le afectaba las vías aéreas, requería este procedimiento, pero ante la falta de pagos de los especialistas de pediatría por parte del gerente de este centro asistencial durante la administración de Daniel Quintero, estos habían cesado sus labores, lo que llevó a su vez a que se tuviera que aplazar este proceso médico por parte de los cirujanos pediátricos. Tampoco fue posible ubicarlo en otro centro asistencial para que se encargaran de su intervención.
De acuerdo con Yenny Serna Montoya, personera delegada 20 de vigilancia de la Personería de Medellín, “el contrato con el Sindicato de Cirujanos de Colombia, quien prestaba el servicio de personal de servicio médico, presuntamente habría finalizado y se habría quedado sin fondos, generando un problema administrativo, que habría causado el deceso del menor, ya que el Hospital General de Medellín no contaba con el especialista”.
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Pese a que una especialista, sin contrato, intervino a Miguel Ángel, este pequeño falleció en la tarde de ese día de septiembre por cuenta de las complicaciones y las demoras que se presentaron para realizarle los procesos que le pudieran salvar la vida. Todo, porque al personal de pediatría, para ese tiempo, se le adeudaban cerca de 10.300 millones de pesos por parte de la administración del Hospital General, en cabeza de Córdoba.
Este es tan solo uno de los procesos que hay en contra del gerente nombrado por el exalcalde Quintero, ya que en enero de este año la Procuraduría le había abierto un proceso por la instalación de un jardín vertical en la fachada del edificio del hospital con un contrato firmado el 31 de agosto del año pasado, en medio de la crisis económica que atravesaba el personal, quienes para ese momento ya llevaban hasta cuatro quincenas sin cobrar sus salarios.
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Además, en abril del año pasado se le había abierto otro proceso por parte de la Personería, junto con la directora de apoyo logístico de la entidad de la época, Érika María Pino, por dividir los contratos de órdenes de compra de varios insumos y solicitud de servicios del hospital con el fin de evitar superar los topes del manual de contratación y así evitar enviar requisitos formales adicionales de contratación.
En el marco de esta investigación, a Cordoba y a Pino se les citó a juicio el 1 de diciembre del año pasado por el posible incumplimiento de deberes por presuntamente “omitir la verificación y no garantizar la existencia de registro presupuestal previo al inicio de actividades en el contrato N° 83C de 2020” y a Pino por presuntamente “omitir el deber de informar al Ordenador del Gasto la ejecución contractual entre los días 26 al 29 de julio de 2020” en el contrato que estaría relacionado con el lavado de ropa de pacientes y personal médico.
“El reproche disciplinario se realiza por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato número 83C del año 2020, que tenía como objeto contractual prestar servicio en el proceso de lavandería, que consistía en el lavado de ropa hospitalaria a través de los procesos de recolección del transporte de ropa sucia en las instalaciones del Hospital General de Medellín, sede la 80, para desinfectar, enjuagar, suavizar, centrifugar, secar, planchar las prendas y entregarlas limpias en buena calidad”, señaló el pronunciamiento del Ministerio Público en ese momento.
