La Personería Distrital de Medellín, a través del proceso de Decisión Disciplinaria, realizó una visita administrativa a las oficinas de control interno disciplinario de Plaza Mayor en Medellín, para verificar cómo avanzaban las averiguaciones disciplinarias que cursan en esta dependencia desde la administración del exalcalde Daniel Quintero.
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Esto, con el fin de garantizar que los procesos se tramiten de acuerdo a lo consagrado en el Código Disciplinario, que se respeten las garantías de los sujetos procesales y ejercer el poder preferente en los procesos que así lo ameriten.
Sin embargo, en la visita administrativa y en conversaciones con el secretario general de Plaza Mayor, este les informó a los funcionarios de la Personería que la administración anterior no entregó un informe de empalme de los procesos disciplinarios en la etapa de juzgamiento.
Hay que recordar que, entre otras cosas, las autoridades están recopilando información para determinar si en la pasada administración de la ciudad, se usó a Plaza Mayor y a otras entidades descentralizadas como Metroparques, como intermediarios de las diferentes dependencias para entregar contratos mediante invitaciones privadas, saltándose licitaciones públicas, para favorecer a algunas empresas amigas de la Alcaldía.
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Solo por mencionar uno de los casos, hace pocos días la directora del Área Metropolitana denunció que cuando Juan Carlos Upegui, actual concejal, era secretario de No Violencia firmó un convenio con el Área Metropolitana por $1.000 millones para “ejecutar actividades logísticas”, que fueron subcontratadas con Plaza Mayor y Metroparques, pero de las que no hay registros en la entidad.
Pero no solo la Personería y la Procuraduría tienen los ojos puestos en Plaza Mayor, también la Fiscalía, pues está indagando sobre contratos que Plaza Mayor firmó en 2020 y 2021 con la administración digital para la operación logística del presupuesto participativo de la ciudad. Según las denuncias, a Plaza Mayor se le había dicho a cuáles empresas debía entregarles cada uno de los contratos que sumaban más de $25.000 millones. Al parecer, fueron 16 empresas las elegidas.
Por esto, la Personería considera que se estaría violando la Ley 951 de 2005 en su Artículo 5, en el que se indica que: el empalme y acta de entrega es de obligatorio cumplimiento de todos los servidores de la administración pública. Los servidores públicos del Estado y los particulares enunciados en el Artículo 2, están obligados en los términos de esta Ley a entregar al servidor público entrante un informe mediante acta de informe de gestión, los asuntos y recursos a su cargo, debiendo remitirse para hacerlo al reglamento y/o manual de normatividad y procedimiento que rija para la entidad, dependencia o departamento de que se trate.
Por tal motivo, este nuevo informe se trasladará al proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria de la Personería con el fin de que se inicie una Indagación Previa para determinar las posibles irregularidades y determinar así los sujetos disciplinables.
