Daneydi Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, está acostumbrada a ser tendencia o volverse viral en redes sociales. La efervescencia de su fama la llevó a la cima, y ese mismo impulso la arrastró hasta la cárcel.
Sus videos graciosos —y muchas veces ridículos— le permitieron acumular cientos de miles de seguidores en redes sociales. Sin embargo, en medio de una protesta, terminó destruyendo una estación de TransMilenio. Por esos hechos fue judicializada por supuestos actos de terrorismo y condenada a cinco años y ocho meses de prisión.
La noticia sobre su reclusión sacudió al país. El cumplimiento de la medida llegó casi cinco años después de los hechos, y para entonces Daneidy había documentado en redes sociales un evidente proceso de resocialización. La mujer revoltosa de los primeros años se había convertido en una exitosa empresaria de productos capilares y madre de una niña.
Fue ella misma quien, a través de sus redes, anunció su captura. Aquella publicación, en enero pasado, fue lo último que compartió antes de ser trasladada a prisión. Desde entonces, cientos de personas se han solidarizado con su situación, desatando un fenómeno de apoyo sin precedentes. Prueba de ello son las numerosas solicitudes que han llegado al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y a la Corte Suprema de Justicia, reclamando su libertad.
El más reciente fue un concepto enviado por la Fundación Faruq Abdala Internacional, organización que ha respaldado públicamente a la condenada.
Conozca: Epa Colombia habló por primera vez desde la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá: “No tuve un buen abogado”
El documento, radicado ante el juzgado, busca coadyuvar la petición del abogado de Barrera, Francisco Bernate, para que, entre otras cosas, se “replantee la condena”, señalando las condiciones actuales de Barrera, como madre cabeza de hogar.
Sin embargo, el sentido solidario de la gente se ha convertido en una piedra en el zapato para la defensa formal de Barrera. Según su abogado, la avalancha de solicitudes está dificultando el trabajo jurídico y saturando los despachos judiciales.
“Ha sido algo que ha generado todo tipo de dificultades, entiendo que quieran ayudar, pero la realidad es que la avalancha de tutelas que se presentaron en la Corte Suprema de Justicia y el que ahora pues haya fundaciones que desconozco quiénes son o con qué interés actúan estén recurriendo ante el juez de ejecución de penas, pues lo único que logra es estrechar los caminos para que nosotros podamos desarrollar una estrategia, es una situación que humanamente entiendo, pero que las personas no se alcanzan a imaginar el daño que hacen al cerrar y cerrar las posibilidades que nosotros podemos ejercer en defensa de la ley”, dijo Bernate.
