La entidad de control indagará si hubo responsabilidad de funcionarios de la Secretaría de Educación en el proceso de una educadora que fue despedida en noviembre pese a estar en embarazo.
Tras el escándalo por la orden de arresto contra el alcalde de Medellín por el incumplimiento de una tutela, la Personería de Medellín indicó que inició indagación previa a funcionarios de la Secretaría de Educación local para buscar qué responsabilidad les cabe ante el despido de una docente del Distrito desvinculada en 2023, pese a contar con un régimen laboral especial.
A través del proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, la entidad comenzó una indagación previa de oficio en contra de funcionarios por determinar por presuntas irregularidades en el reconocimiento y pago de una licencia de maternidad a una exservidora que se desempeñó como docente hasta el año 2023, vigencia en la cual fue desvinculada.
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Esta indagación busca recaudar pruebas y, de ser el caso, individualizar los presuntos responsables y si se identifica la existencia de un reproche disciplinario, se procederá con la apertura formal de Investigación Disciplinaria y, de ser el caso, la formulación de pliego de cargos o el archivo del proceso.
Cabe recordar que esta semana se conoció un fallo proferido por el juez 17 Penal Municipal de Medellín en el que consideró que el alcalde de Medellín y el secretario de Educación habían desacatado una decisión judicial proferida desde el pasado 20 de noviembre, en la que se había ordenado al distrito honrar los pagos de seguridad social de una docente en condición de embarazo despedida, que de acuerdo con la jurisprudencia deben gozar de ese derecho por lo menos seis meses después de haber sido desvinculadas.
Pese a que el lío se remonta al año pasado, el desacato recayó sobre los actuales titulares del cargo de alcalde y secretario de Educación, que en este caso fueron Federico Gutiérrez y Luis Guillermo Patiño.
En un duro pronunciamiento, en el que volvió a referirse a la pasada administración como un grupo de “corruptos”, el mandatario local entregó su versión de los hechos el pasado miércoles, recordando que el lío se remonta a noviembre del año pasado y que terminó desplazándose tras el cambio de gobierno.
Según sostuvo el alcalde, el lío judicial tuvo su origen el pasado 1 de noviembre, cuando la Alcaldía de Daniel Quintero decidió despedir a una profesora que se encontraba en embarazo, pocos días después de que pasara la ley de garantías.
“Le violaron sus derechos y ella presentó una tutela. Este caso resurge hoy con una decisión de sancionarme a mí y a mi secretario de Educación por el daño que generaron los corruptos. Aclaro: en este caso, como en tantos otros, llegamos a ponernos al día desde que asumimos el gobierno. Nuestra administración ha cumplido con el pago de la seguridad social en salud de la maestra en cuestión”, argumentó el alcalde, añadiendo que, tras ser notificados de la decisión, desde la Alcaldía se pagó la licencia de maternidad de manera inmediata, hecho que conjuró la solicitud de cárcel.
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