La entrega de los bonos alimenticios, un programa de la Secretaría de Inclusión Social para entregar mercados a las familias más pobres de la ciudad, está de nuevo en el ojo del huracán de cuenta de decenas de denuncias ciudadanas que ha recibido la Personería Distrital.
Los bonos alimentarios tienen un valor de $280.000 para familias de más de una persona y de $170.000 para familias unipersonales, y se entregan aproximadamente en 15 de las 16 comunas y en cuatro de los cinco corregimientos de la ciudad.
Según una alerta emitida por la Personería el pasado 14 de noviembre, y entregada a la Secretaría de Inclusión Social, líderes comunitarios se han quejado de que, como viene pasando desde hace años, personas que no son beneficiarias o que son de otras comunas terminan recibiendo los bonos cuando no les corresponden, pues este es un programa que se paga con el Presupuesto Participativo de cada comuna en la que fue priorizado.
Asimismo, dicen los beneficiarios, que a la hora de ir a reclamar los mercados en los supermercados con los que el contratista acordó la entrega de los bonos, a los alimentos les suben los precios, y, como si fuera poco, les dan a escoger entre productos que están próximos a vencerse y marcas previamente seleccionadas por el contratista, cuando es el beneficiario quien debe poder escoger su mercado, siempre que siga los lineamientos nutricionales del programa. También hay quejas porque las convocatorias para reclamar los bonos se están haciendo únicamente de forma virtual, de manera que las personas que no tienen acceso frecuente a internet muchas veces ni se dan por enteradas. Además, los ediles se quejan que desde la Secretaría no les entregan las listas de los beneficiarios con sus respectivas direcciones para poder verificar que efectivamente se les esté entregando a las personas que lo necesitan.
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No es la primera vez que este programa es objeto de denuncias ciudadanas. En abril de este año, por ejemplo, los ediles de la comuna 12 se quejaron de retrasos en la entrega de los bonos, denunciaron que hasta tres o cuatro miembros de la misma familia resultaban beneficiados, y que en las listas de los reclamantes había hasta direcciones de la ciudad de Cali. A pesar de que eran bonos que se entregaron este año, hacían parte de la vigencia del 2022, para la cual fue contratada una empresa llamada Corpallanos, registrada en Villavicencio.
Sin embargo, a pesar de las múltiples quejas sobre la entrega de ese contrato, para la vigencia del 2023, que apenas se adjudicó el pasado mes de octubre, la Secretaría de Inclusión Social volvió a entregarle los casi $11.000 millones del programa a la misma entidad, en un proceso licitatorio que estuvo lleno de polémicas y contradicciones, pues en un principio Corpallanos había sido descalificado por presentarse en los dos lotes en los que se había dividido el contrato con nombre diferente.
La Secretaría había dividido el contrato en dos lotes porque supuestamente la capacidad logística de la entrega de los bonos era muy diferente en cada territorio, esto sumado a que por la magnitud del presupuesto de este era necesario dividirlo en dos para que los oferentes cumplieran con la capacidad técnica y financiera.
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A pesar de todo lo anterior, la Alcaldía volvió a entregarle los dos lotes a Corpallanos, que en uno se pesentó como parte de una Unión Temporal en la cual tenía una participación del 90%. La empresa es también la contratista que esta administración escogió para administrar el sistema de bicicletas públicas EnCicla, que en los últimos años no ha dejado de perder usuarios. Intentamos contactar a Corpallanos para conocer su respuesta ante las denuncias, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.
