El juzgado 35 Civil del Circuito ordenó como medida cautelar suspender la resolución de la SAE que ordenaba el desalojo de la vivienda que al parecer ocupan en un exclusivo sector de El Poblado el polémico excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga Peña, su esposa y sus hijas.
La decisión se tomó a raíz de una tutela interpuesta por Laura Botero Berrío, madre de las menores, en contra de la resolución 158 de 2023 emitida por esa entidad. Botero buscaba proteger el derecho fundamental a la vida digna de las dos niñas, de 11 y 12 años.
La mujer reseñó que en agosto de 2019, dentro del proceso judicial adelantado contra el excontralor por enriquecimiento ilícito, se surtió un proceso de extinción de dominio sobre el inmueble pese a que la titularidad del mismo la tienen la madre y las hijas. La madre alegó que la propiedad “es el único bien que poseemos para vivir con mi familia”.
La mujer también argumentó que en el proceso adelantado por la Justicia contra Zuluaga y que también afectó a otras personas, a estas también se les incautaron sus propiedades bajo medidas similares.
“Sin embargo, se sabe que a ellos se les ha permitido permanecer en sus apartamentos y casas mientras avanza la investigación, y que han podido mantener su techo, incluso sin la condición de tener menores de edad bajo su responsabilidad. Por lo tanto, merecemos el mismo trato que se les ha dado a los demás vinculados”, afirmó.
Botero argumentó, además, que tanto Zuluaga como ella se encontraban sin trabajo “y sin los medios necesarios para darle techo y una vida digna a nuestras hijas de 11 y 12 años”.
El proceso
En comunicado del 24 de mayo de 2023, la SAE pidió la entrega del bien inmueble a más tardar el 31 de mayo de este año, so pena de que al día siguiente, a las 9:00 de la mañana, se procediera con las acciones respectivas de desalojo.
“La anterior determinación se traduce en que, de no darse viabilidad a la presente acción de tutela, mis hijas y yo no tendríamos un lugar donde garantizar el derecho a una vivienda digna de ellas como menores de edad”, puntualizó la mujer.
La tutela fue admitida el pasado 29 de mayo y la medida cautelar emitida por el juez entró en vigor este 1 de junio, por lo que el desalojo del polémico excontralor queda en suspenso hasta que se resuelvan los recursos legales respectivos.
Cabe recordar que Zuluaga fue destituido de su cargo por la Procuraduría a través de una sentencia que fue confirmada hace un año. Además, el excontralor es investigado por la Fiscalía por presuntos malos manejos en dicho cargo, en el que habría obtenido plata desviando investigaciones.
Pese a que su mujer lo niega, con las ganancias de las presuntas triquiñuelas Zuluaga habría comprado la casa que le había sido confiscada por la SAE, la misma en la que estaría viviendo.
La casa quedó vacía unos meses y se sabe que la primera semana de diciembre, una mujer identificada como María Elena Berrío, acompañada por Botero —esposa de Zuluaga—, se mudó a la mansión, que incluso tiene piscina. En su momento, se presentaron ante la administradora de la urbanización Olivares con un contrato de arrendamiento en sus manos en el que Berrío actuaba como la arrendataria y, extrañamente, la misma Botero aparecía como arrendadora, en representación de la SAE.
Es decir, la esposa del excontralor Zuluaga actuó como si fuera la dueña de la propiedad, a nombre de la SAE, y se la arrendó a Berrío. Después de presentar el ‘contrato’, que la administradora tomó como cierto pero que la SAE asumió bajo investigación, Laura Botero pagó en efectivo la cuota de administración para estar al día y poder entrar con el trasteo a la mansión. Desde entonces, a quienes han visto ocupando la casa es al excontralor, a su esposa y a sus dos hijas.
Cabe recordar que este inmueble ha sido el foco de varias polémicas por las actuaciones de Zuluaga. En 2019, el exconcejal Bernardo Alejandro Guerra denunció que el entonces contralor quiso ampliar el terreno que tenía en la urbanización ocupando una parte del lote del edificio Space, moviendo la cerca más de 400 metros cuadrados.
