*Actualización del 15 de febrero de 2024. Semanas después de que la mujer denunciara en El Colombiano a un extranjero a quien le alquiló un apartamento en El Poblado y presuntamente se fue debiéndole varios meses de arriendo, la denunciante se retractó de las acusaciones contra el australiano.
Ángela Rojas, una propietaria de un apartamento en El Poblado, en Medellín, denunció a EL COLOMBIANO una situación con dos extranjeros residentes de la ciudad. La arrendadora y su hija denunciaron irregularidades con el uso de su apartamento, esta última posteriormente citada por la Fiscalía debido a la falta de pruebas que respaldaran las afirmaciones hechas en la denuncia originalmente presentada a este diario.
El conflicto comenzó cuando un extranjero permaneció como el residente de su apartamento durante dos años. Sin embargo, el sujeto se fue sin notificar, dejando a otro extranjero viviendo allí de manera irregular, según contó la hija de la propietaria. El abogado de los extranjeros, Luis Castaño, se comunicó con este diario confirmando que sus defendidos se fueron del lugar con la esperanza de volver, pues permanecían en la ciudad.
La hija de la arrendataria señaló que durante la estancia del inquilino, los porteros fueron testigos de la entrada de mujeres a la vivienda, pues “en diciembre él intentó entrar equipos para montar un estudio webcam en el apartamento y el portero se lo prohibió, razón por la cual ese mismo día salió con sus maletas y no volvió”.
Al ser notificada por parte de los celadores sobre las condiciones en las que se dejó el espacio (con suciedad y gusanos), la hija de Rojas acudió a la inspección de Provenza.
Sobre el tema de explotación sexual de mujeres, según señaló la hija de la arrendataria a EL COLOMBIANO, le indicaron que para estos casos (que “estaban pasando mucho en Medellín”) debía solicitar la intervención del inspector a través de la radicación de una PQR y esperar su respuesta.
Sin embargo, le explicaron que cuando el inspector recibiera la denuncia “iba a ir al lugar de los hechos y no iba a encontrar al señor”, señalado de este delito, por lo que “nada se podía hacer”.
“Tenemos un apartamento lleno de basura y muebles, al que no podemos entrar sin orden de un juez, 2 australianos libres y tranquilos presuntamente explotando sexualmente mujeres”, denunció la hija de la propietaria.
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Finalmente, Rojas había reclamado información sobre el sujeto que ocupó su vivienda y quien habría incurrido en “el ejercicio de prácticas que pueden ser constitutivas de delitos” según describió el documento suministrado a EL COLOMBIANO.
En ese sentido, se aclara que tanto la parte penal como civil de este insuceso llegaron a una conciliación ya que la hija de la propietaria al “no poder probarlo y no constarle” se retractó ante la Fiscalía sobre lo que había manifestado de los australianos en redes sociales y a este diario. En el PACE de San Joaquín llegaron a un acuerdo del alquiler del inmueble. Tanto Matthew como Joshua y su familia, siguen residiendo en Colombia y no han salido del país pues no hay un proceso judicial en su contra.
Desde El Colombiano lamentamos cualquier confusión o daño que esta información haya causado a los australianos Matthew Aaron y Joshua Brennan
