Cuatro estructuras delincuenciales radicadas, además de una quinta que podría estar desde afuera, se encargan de manejar las rentas criminales de este espacio, en el que cada vez se ven más extranjeros y menos medellinenses, espantados por el actual panorama del lugar y los altos costos que allí se manejan, muchas veces difíciles de pagar para quienes ganan en pesos colombianos.
Durante uno de los recorridos realizados por EL COLOMBIANO, las trabajadoras sexuales que se encuentran en la calle dan sus precios en moneda extranjera, cobrando entre 50 dólares ($195.000) y 300 dólares ($1.170.000) en la calle. Ya si alguien busca algo más específico, sea para complacer algún fetiche sexual o llegar al extremo de recurrir a la explotación sexual de menores de edad, el valor puede superar los 1.000 dólares ($3.891.000).
Una década en declive
La decadencia de este emblemático lugar, según Herman Niño, directivo de la Corporación Parque Lleras, se viene presentando hace una década, en medio de una crisis económica que se posó sobre el lugar y que generó la salida de establecimientos tradicionales para darles paso a otros que, con orígenes dudosos, empezaron a traer de forma paulatina los males que tienen en crisis a este sitio.
Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares Antioquia, señaló que “se vio un abandono institucional, acompañado de la participación de algunos empresarios que han incorporado en el parque algunas prácticas comerciales un poco inconvenientes para la zona”.
Para las autoridades, detrás de algunos de esos comerciantes que habrían estado detrás del declive del Lleras habría estructuras delincuenciales que usarían estos espacios no solo para la venta de estupefacientes sino, incluso, para el lavado de activos.
Esta transformación del Lleras se agudizó en los tiempos de la pandemia del covid-19, obligando a que se presentara la obligatoria salida de bares y restaurantes que eran visitados por familias y grupos de amigos, para llegar hoy a la proliferación de discotecas y hasta burdeles, en los que los trabajadores salen e interceptan a los transeúntes ofreciendo los servicios sexuales dentro de sus establecimientos.
¿Quiénes están detrás?
Los informes de inteligencia dan cuenta de que son cuatro las estructuras delincuenciales radicadas en este parque, distribuidas por perímetros. Cada una tiene sitios para ubicar a las trabajadoras sexuales y a las personas encargadas del comercio de estupefacientes en sus diversas modalidades.
Los grupos delincuenciales Robledo, La Raya, La Terraza y una estructura conformada por venezolanos, que no tiene nada que ver con el Tren de Aragua, son los que asumieron el control económico criminal, y hasta en algunos puntos el legal, de la zona.
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El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó que las tres primeras tendrían, por zonas, el manejo de las prostitutas y de los vendedores ambulantes que complementan su labor legal con la venta de drogas. La organización de extranjeros no migrantes se estaría radicando como una banda de apoyo a la labor de las ya existentes.
“El reparto del territorio es milimétrico. No es que en la misma área estén estas cuatro estructuras, sino que cada quien tiene su zona y dentro de su territorio se especializa y ejerce el control”, dijo el funcionario.
Explotación de menores
Sin embargo, expertos en seguridad como Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo (Corpades) dicen que además de estas organizaciones hay unas que están dedicadas, puntualmente, al manejo de la prostitución, sin tener ninguna relación con otras.
De hecho, habría miembros de estas estructuras que se encargan de hacer el contacto para que quienes viajan desde el exterior ya lleguen con sus servicios contratados. Así ocurrió en su momento con Brent Ron William Harracksingh, un canadiense que fue capturado en Brasil en marzo de 2022 y extraditado a Colombia por estar vinculado con redes de explotación sexual infantil, las cuales ofrecería a extranjeros, y de hacer reclutamiento para las mismas dentro de instituciones educativas de la ciudad o a través de las redes sociales.
Habría un vínculo de este extranjero, conocido con el alias de El Gringo, con estructuras de la comuna 3 (Manrique) vinculadas a la banda La Terraza, que estarían detrás de las redes de explotación sexual de menores en esta zona de la ciudad.
De hecho, las primeras indagaciones dan cuenta de que las dos menores encontradas en Semana Santa con Timothy Alan Livingston, el norteamericano que es buscado por la justicia, provendrían de este sector de la ciudad, luego de haber sido instrumentalizadas por La Terraza.
Incluirían toures
La modalidad de operación de La Raya, banda reconocida de los límites entre Medellín e Itagüí, que tiene su principal radio de acción en las afueras de la Central Mayorista de Antioquia, pasa más por hacer recorridos con los turistas, prestando oferta sexual y delictiva en otros sectores, aunque captando a los interesados en este parque.
Información judicial indicaría que a algunos extranjeros se les inicia la fiesta en el Parque Lleras y posteriormente se les lleva al Barrio Antioquia, donde también tendría presencia esta organización, para la compra de estupefacientes. Finalmente, la fiesta terminaría en uno de los establecimientos del sector La Raya, la reconocida zona de tolerancia y bares que dieron nombre a esta organización.
Lo que corresponde a la estrategia de prostitución y delitos anexos por parte de Robledo, se enfocaría más en ejecutarlos dentro de este espacio y el reclutamiento se haría, principalmente, en la comunas 7 (Robledo) y 13 (San Javier), y en el corregimiento San Cristóbal.
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No obstante, no todo el negocio se maneja en la calle. En muchas ocasiones, a través de redes sociales como WhatsApp, Telegram, Tinder o similares, también se pueden establecer los vínculos con los extranjeros y solamente se encontrarían en el Lleras para luego desplazarse a los apartamentos alquiados mediante aplicaciones o a hoteles y hostales del sector.
Venta de drogas
“Muchos saben quienes son los que venden, pero parecen rezados porque nadie les hace nada”. Esa frase se escucha en voz baja en todo el sector, pero se sabe que detrás de muchos que venden cigarrillos y mecato en las chazas, quienes comercializarían flores y hasta quienes cuidan carros, se manejaría el tráfico de estupefacientes.
“Se necesita más acompañamiento policial y hacer más capturas porque tras la venta de estupefacientes está el que va con los bailes, el que está rapeando y cantando, el que vende flores y hasta algunas adultas mayores que están en la zona”, dijo un comerciante.
Los valores son establecidos por quienes venden, “según el cliente”. Un gramo de perico en ese mercado para el colombiano puede estar en $20.000, pero “sabemos que a algunos extranjeros les han arrancado hasta $500.000 por un gramo de eso mismo o hasta más plata por el 2CB (tusi)”, añadieron quienes trabajan en este sector.
El accionar criminal no descuida el más mínimo detalle de un sector del que ya se sienten dueños, aunque la Alcaldía de Medellín lucha por recuperar para la ciudadanía y devolverle el aspecto de la zona rosa que hasta hace algunos años fue.
El secretario de Seguridad de Medellín explicó que “el accionar de estas estructuras es multicrimen, están en todos los puntos. A las personas que ejercen el trabajo sexual les cobran para que puedan ejercer estas labores. A quienes venden en el espacio público también les cobran, al igual que los llamados trapitos rojos y a los mismos comerciantes”.
De este fenómeno extorsivo tampoco se librarían los indígenas que se encuentran sobre la calle 10, cuya principal labor en la zona es pedir limosna, aunque las autoridades indagan una presunta explotación sexual, tanto de las mayores como de las menores de edad por parte de los extranjeros que transitan por este lugar.
Ante este panorama, que contaría con la connivencia de grupos de comerciantes, quienes incluso les abren la puerta a las trabajadoras sexuales para que entren a sus negocios a captar clientes, desde las diferentes agremiaciones y la Alcaldía de Medellín se viene trabajando para atacar a las estructuras delincuenciales que se tomaron el sector.
“Contamos con una buena intención de cambiarlo, con una importante oferta cultural, artística y con las nuevas dinámicas económicas que le den un nuevo significado y acabar con estas problemáticas sociales”, dijo Valenzuela.
Además, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tiene como una de sus principales banderas la recuperación de este espacio, llevando a que paulatinamente se retiren todas las rentas criminales, comenzando por los dos decretos, para reducir temporalmente el horario en la zona y la prohibición de oferta y demanda de explotación sexual, medidas asumidas el pasado 1 de abril.
“Nosotros lo que buscamos es que las dinámicas cambien, se modifiquen, porque eso es lo que nos interesa a nosotros, afectar el mercado de la ilegalidad que hay alrededor del Parque Lleras y lo pensamos hacer desde la parte operativa, pero también desde el trabajo social”, indicó el secretario de Seguridad de Medellín.
Aún así, durante el recorrido realizado por este medio el pasado 3 de mayo, todavía había una importante presencia de trabajadoras sexuales dentro y fuera del parque. Algunos funcionarios de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Metropolitana ejercen controles para que se cumplan las medidas, pero la cantidad de trabajadoras sexuales, que pueden llegar a 40 personas, no solo superaban la capacidad instalada para estos procedimientos, también la cantidad de visitantes locales y extranjeros que había esa noche de viernes.
Evitan su expansión
El perímetro afectado, al menos de manera visible, por este fenómeno, está entre las carreras 37 y 41, entre calles 10 y 8. Por fuera de ese radio, si bien se alcanza a ver presencia de algunas mujeres, los comerciantes de la zona tratan de evitar que el mal prolifere, algo que se hace en el sector de Provenza.
Juanita Cobollo, directora de la Corporación Provenza, explicó que “entre todos los comerciantes pagamos hasta $70 millones para matener una vigilancia privada, que nos mantenga alejados todos estos comportamientos de nuestro sector, porque no podemos permitir que un tomate podrido siga afectando toda la canasta, que para este caso es nuestro sector”.
Además, en conjunto con los demás establecimientos ejercen control dentro de su perímetro, convirtiendo la carrera 37 en una especie de frontera de dos sectores que hasta hace algunos años se veían como uno mismo.
Pero tanto autoridades como comerciantes aseguraron que el camino es largo para acabar con un problema que, a pasos lentos y durante una década, convirtió al Parque Lleras en la Torre de Babel del crimen, en el sur de Medellín.
