Durante los últimos cuatro años Medellín se quedó sin manos suficientes para atajar a los niños que están llegando a las calles. Aunque desde antes de la pandemia la ciudad no tiene un dato certero que dé cuenta del número de menores en esta condición, múltiples entidades, expertos y funcionarios advierten que la crisis ya rebasó con creces sus capacidades y que el camino para revertirla está lejos de mostrarse corto.
En un lío a varios frentes, este repunte no solo ha coincidido con los coletazos económicos que dejó la pandemia del coronavirus, sino con la agudización de otros problemas como la violencia intrafamiliar, la explotación sexual infantil y la drogadicción, esta última en la que cada vez se registran edades más tempranas de consumo.
Por otro lado, advierten exfuncionarios, esta bomba de tiempo resultó estallando justo cuando en la Secretaría de Inclusión Social de Medellín, entidad por excelencia a cargo del tema, comenzó una purga de funcionarios curtidos en el trabajo en calle y se denunciaron coerciones políticas que malograron su operación.
Un drama creciente
José* es un habitante de calle que lleva más de 20 años deambulando por varios puntos de Medellín y se gana el sustento vendiendo cigarrillos.
Tras casi media vida como testigo de las dinámicas sociales de los puntos más críticos del Centro, José advierte que en los últimos años son cada vez más los adolescentes que están llegando a las calles, la mayoría, señala, huyendo de hogares problemáticos.
“Yo creo que se puede deber a tanta descomposición que hay en los hogares. Los hijos no se acogen a las reglas o los padres son consumidores. También está llegando mucha gente de Venezuela”, dice, explicando conocer casos de menores que llegaron desde los 10 y 11 años, ya con graves problemas de abuso de sustancias.
Como el resto de los habitantes de calle, José cuenta que muchos de esos menores logran ganarse la vida reciclando, cuidando carros parqueados o limpiando sus vidrios.
“Esta semana inclusive llegó un muchacho. Nos estábamos escampando y era ya la medianoche. El muchacho se veía muy joven. Estaba limpiecito y bien vestido, tendría unos 16 o 17 años. Lloraba al parecer por un problema que había tenido con unos vigilantes y unos policías. Yo me ocupé de otras cosas cuando escuchamos un golpe. Era el peladito, que se mató cuando lo atropelló un carro que venía muy rápido”, narra.
Aunque en algunos momentos del día puede ser difícil toparse con un menor que sea fácilmente reconocible, José advierte que están por todas partes, en zonas como la orilla del río Medellín, la Avenida De Greiff, la carrera Cúcuta, los bajos del viaducto del metro sobre la carrera Bolívar y muchas otras vías del centro.
Si bien cada caso es diferente, José piensa que la situación también se explica por la fuerza de atracción que tiene la vida a la intemperie, en la que muchos menores que huyeron de sus casas encuentran un lugar en el que son libres, pueden consumir sin restricciones y pasar sus días sin tener que rendirles cuentas a nadie o ser maltratados.
Según advierte, puede conocerse cuánto tiempo llevan los menores en esa condición a simple vista, ya que la mayoría llegan limpios y bien alimentados, pero con el paso de las semanas pronto empiezan a bajar de peso y ver su apariencia desfigurada por el mal sueño y el abuso de sustancias.
Pese a que en la ciudad las drogas reinas continúan siendo el bazuco y la marihuana, en barrios como Prado Centro, otro punto en el que hay una población creciente de habitantes de calle, otra vez está volviéndose a poner de moda el sacol o pegante amarillo.
A todo este panorama, tal como lo pudo constatar este diario en un recorrido por la zona, se suma una creciente tensión que han desatado varios operativos emprendidos por la Alcaldía de Medellín para desmontar cambuches y redadas masivas por parte de la Policía.
Tan solo esta semana, en un operativo que duró cerca de 48 horas, el Distrito desmontó por lo menos 357 cambuches levantados en la avenida San Juan, la Avenida Ferrocarril, la zona adyacente a la estación Prado del metro, la calle 30, entre muchos otros.
A pesar de la recuperación momentánea del espacio público, el resultado de esos operativos no solo se ha traducido en que muchos de esos cambuches se hayan vuelto a levantar, sino en el aumento de la desconfianza y la hostilidad hacia todo lo que huela a oficialidad.
Junto al operativo de este martes, las cifras de la Alcaldía mostraban que en lo corrido de este año se han desmontado por lo menos 800 cambuches en 60 intervenciones, en las que también se han encontrado todo tipo de armas y drogas.
El testimonio de José encaja con muchos de los datos que dejó el último censo a habitantes de calle realizado por el Dane en 2019, en el que se calculó que de los 3.788 habitantes que había en Valle de Aburrá, 3.244 estaban concentrados en Medellín. Este dato estaría ahora por encima de los 8.000, según mediciones de organizaciones como Corpocentro y los datos generales de atenciones realizadas por la Alcaldía en 2023, unas 9.117.
En materia de sustancias, por ejemplo, los resultados del Dane arrojaron que la sustancia más consumida era el cigarrillo (74,8%), seguido de el bazuco (66,1%), la marihuana (el 53%), las bebidas alcohólicas (37,8%) y la cocaína (el 24,7%).
Asimismo, en materia de sustento económico, el 40,5% de los encuestados aseguraban que se ganaban la vida reciclando y el 20,9% limpiando vidrios y cuidando carros.
Pese a que en la mayoría de los habitantes de calle estas dos fuentes de ingresos son la norma, sumadas a mandados que hacen para grupos armados, Lina Marcela Estrada Jaramillo, docente investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana y experta en niñez, juventud y Derecho de Familia, advierte que una variable que no puede sacarse de la ecuación es la explotación sexual, un problema que ha vuelto mucho más complejo los abordajes de las instituciones del Estado.
Suma de factores
Para abordar el problema de una forma integral, Estada apunta que lo primero que debe tenerse en cuenta es que se trata de un asunto complejo, en el que variables familiares, económicas y sociales se conjugan.
“Es un asunto multifactorial. El sistema de protección más próximo que tiene un niño es la familia y en este caso estamos viendo una dinámica en la que esta, infortunadamente, no es agente de protección. La violencia se ha agravado, por factores sociales y económicos. Eso hace que el niño vaya a la calle”, dice.
En sus investigaciones sobre el tema, la profesora advierte que desde la pandemia en efecto se produjo un incremento difícil de cuantificar en el número de menores que están llegando a las calles, sobre todo por ser un periodo en el que se agravaron los casos de violencia intrafamiliar y la pobreza repuntó.
En materia de violencia intrafamiliar, por ejemplo, cabe recordar que en noviembre de 2023 entes como la Personería de Medellín alertaron que los reportes venían creciendo de forma sostenida desde la pandemia. Mientras en 2020 se documentaron 8.384 casos, en 2021 el dato pasó a 9.654, en 2022 a 9.976 y el año pasado cerró por encima de los 12.092 casos.
En cuanto a la pobreza, si bien el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín ha señalado que la ciudad logró superar el momento más crítico de la pandemia, pasando de un índice de pobreza multidimensional de 13,44% en 2021 a un 9,83% en 2022, en el Distrito muchos otros indicadores se muestra alarmantes, como un 24% de hogares que relatan no poder comer tres veces al día en 2022 (la cifra más baja en 17 años).
Estos indicadores se vinculan a su vez con fenómenos como la explotación sexual infantil, impulsado por familias que son cómplices en la explotación comercial de sus hijos para hacerse de un ingreso o menores que terminan en esas redes tras huir de sus hogares.
A finales de 2022, en un fenómeno que tiene un alto subregistro, uno de los pocos indicadores disponibles daba cuenta de que las autoridades se topaban en promedio con por lo menos un caso de explotación sexual de menores en Medellín cada dos días.
Además de estos factores, retoma Estrada, otro punto en el que debe pensarse es el cada vez más estrecho margen de acción de las instituciones públicas para atender a los adolescentes que están en la calle.
“Los casos han desbordado cómo el funcionario puede llevar este proceso de debida forma. No hay equipos completos en las defensorías de familia, lo que ha hecho que el tema social haya superado la capacidad de estos funcionarios”, añade.
Programas desbaratados
Al tratarse de menores de edad, la atención de los adolescentes que deambulan por las calles recae en manos de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía de Infancia y Adolescencia, las comisarías de familia y dependencias del Distrito como la Secretaría de Inclusión Social.
Precisamente durante la pandemia, cuando el fenómeno comenzó a repuntar, María del Pilar Rodríguez hacía parte de esta última secretaría, primero como subsecretaria de Grupos Poblacionales y luego directora de la Unidad de Niñez, este último el grupo encargado de meterse de lleno en ese problema.
Durante su paso por el distrito, Rodríguez confirma que la pandemia trajo un aumento significativo de los niños en las calles.
“Al finalizar el primer periodo de Federico Gutiérrez el tema estaba controlado o al menos no había tantos niños en la calle como ahora. Sin embargo, cuando llega la pandemia en 2020, se dispararon los niveles de violencia intrafamiliar y los casos de abuso”, apunta la exfuncionaria, señalando que ambos incrementos se atribuyen a que muchos niños se quedaron encerrados en sus casas con sus maltratadores y abusadores.
Al detectar a más niños deambulando por las calles, Rodríguez cuenta que desde la Secretaría de Inclusión Social inicialmente se buscó contener el problema a través de jornadas conocidas como acciones de protección, en la que funcionarios de esa y otras dependencias se tomaban las calles en busca menores que pudieran ser arropados con los programas oficiales.
En esos recorridos, Rodríguez apunta que el común denominador era encontrar niñas y niños víctimas de explotación sexual y consumidores de sustancias, dos problemas que siempre van de la mano y se retroalimentan (mientras los explotados consumen para sobrellevar sus situación y los que consumen también terminan siendo explotados para hacerse a un ingreso).
En esas jornadas los menores eran derivados a centros de diagnóstico, internados o enviados a las comisarías de familia para iniciar un proceso de restablecimiento de derechos.
Si bien en la pandemia esa estrategia logró dar resultados, el fin del confinamiento en 2021 empujó todavía más menores a las calles.
En una suma de males esta coyuntura se sincronizó con una crisis administrativa que se desató al interior de la Secretaría de Inclusión Social, que ese mismo año cambió de cabeza en medio de una puja política.
Tras la renuncia de la ex secretaria Mónica Alejandra Gómez en marzo de ese año, la entidad quedó en manos del exsecretario Juan Pablo Ramírez, hoy denunciado por presuntamente ejercer presiones sobre sus subalternos y contratistas para financiar el proyecto político del exalcalde Daniel Quintero a costa de sus salarios.
Sin importar el incremento en los niños en las calles, Rodríguez, quien desde entonces denunció esas presiones políticas de forma pública, fue una de las funcionarias encargadas de temas de niñez expulsadas del Distrito.
Con ella otros cerca de 30 funcionarios curtidos en el trabajo con niños, muchos con hasta 15 y 20 años de experiencia, también fueron víctimas de la purga.
Como resultado, agrega la exfuncionaria, la entidad no solo empezó a perder presencia y eficiencia en sus recorridos en calle, sino que quedó con muchos de sus programas y estrategias desfinanciadas, esto último por cuenta de un apretón presupuestal que afectó a más secretarías.
Además de Inclusión Social, cabe recordar que desde mediados de 2022, muchos comisarios de familia también denunciaron verse desbordados por el incremento de casos y ver reducidos los recursos para funcionar.
Al ser consultada sobre los planes de este cuatrienio, la nueva secretaria de Inclusión Social, Sandra Milena Sánchez Álvarez aseguró que en esa dependencia se emprendió un proceso de revisión para mitigar muchos de los problemas que se heredaron e identificaron durante el proceso de empalme.
“Nosotros venimos en los procesos de poder trabajar todas las mejoras, para aprovechar las capacidades de los espacios para poder tener gente calificada para la atención. Nos estamos concentrando en fortalecernos muchísimo porque definitivamente recibimos una realidad social desbordada”, dijo.
*Nombre cambiado por petición de la fuente.
Expertos proponen un cambio de enfoque
Aunque en un corto plazo el camino más expedito para atender el incremento de los niños en las calles es el de fortalecer los programas de atención, la investigadora Lina Marcela Estrada apunta que desde la academia se ha propuesto que una solución estructural pasa por un cambio de enfoque; es decir, que en vez de centrar los esfuerzos en sacar a los menores de las calles, en trabajos que muchas veces no son sostenibles en el tiempo y cada vez requieren de funcionarios más especializados, la sociedad debe volcarse en identificar cómo evitar que lleguen allí y actuar a tiempo.
Además de fortalecer las comisarías de familia, primera línea para cuidar a los niños vulnerados, Estrada señala que denunciar los casos de maltrato y explotación es clave.
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