El descontento de los residentes de Belén Las Playas con la megacarpa que una de las empresas de eventos consentidas de la administración de Daniel Quintero levantó en el aeroparque Juan Pablo II ahora llegó a instancias judiciales a través de una acción popular sobre la que un juez ya decretó una medida cautelar urgente y dio una orden a la alcaldía de Medellín.
Para entrar en contexto hay que recordar que dicha carpa se levantó luego de que la alcaldía pasada, a través de Metroparques, firmara un contrato de arrendamiento con Cyan Eventos y Logística SAS, bajo la representación de Mauricio Jaramillo Botero. El trato fue que la firma privada puede usufructuar el espacio desde el 1 de mayo de 2023 hasta el 30 de agosto de 2026 a cambio de pagar a la administración un canon mensual de $27’370.000, IVA incluido. Cyan, a su vez, alquila el sitio a terceros para que hagan los encuentros y fiestas, con lo cual puede obtener hasta $80 millones por el subarriendo para una sola fecha. Un negociazo que podría caerse.
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Ahora, la carpa tiene dos frentes problemáticos. Por un lado, uno más humano, es el de cientos de vecinos de ese sector para quienes dormir tranquilos se volvió casi un recuerdo por cuenta del ruido, a veces hasta las 3:00 o 4:00 de la mañana, debido a las fiestas, conciertos y eventos diversos que allí se realizan y que hacen retumbar las ventanas. Denuncian que muchos optan por pasar la noche en otros sitios, algunos se han enfermado o han aumentado sus patologías y otros manejan altos niveles de estrés.
Por otro lado, uno más administrativo, están las presuntas irregularidades y cuestionamientos que rodean el lugar, desde su montaje y habilitación hasta la seguridad que brinda a los usuarios hoy en día. La instalación de esta carpa cogió a los residentes por sorpresa, a mediados de 2023, sin tener aún los permisos y licencias requeridos, tal como lo denunció este medio en ese entonces.
Conceptos de dependencias de la misma alcaldía decían que se requerían licencias y permisos para adecuar la carpa de la forma como se hizo, con estructuras metálicas, zapatas y anclajes, que la alejarían de ser un elemento portátil para eventos culturales ocasionales de fácil desmonte. A esto se suma que en consideración de los vecinos, según las disposiciones sobre uso del suelo en el Juan Pablo II, la Zona Verde Plazoleta N.° 2, uno de los espacios del lugar, es terreno de espacio público que se habría intervenido con piso duro para instalar la megacarpa.
Así lo ha reiterado Luis Humberto Guidales, líder de la Veeduría Transparencia y Anticorrupción, que presentó la acción popular el pasado 11 de marzo. Ha explicado varias veces que el contrato está inmerso en una presunta nulidad porque parte de lo alquilado por la alcaldía es espacio público que debe ser para el goce y disfrute de toda la comunidad y no para encerrarlo y alquilarlo a privados. Justamente, una de las pretensiones de la acción popular, la más importante, es que se suspenda el contrato de arrendamiento entre Cyan y Metroparques.
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En este punto, el Juzgado 28 Administrativo del Circuito de Medellín admitió la demanda presentada por la veeduría en contra de Metroparques con el fin de estudiarla y dar un fallo de fondo, para lo cual también vinculó a Cyan, al curador urbano tercero de Medellín y a la secretaría de Gestión y Control Territorial.
Las partes serán escuchadas en sus argumentos. Por ejemplo, Jaramillo Botero ha sostenido que la carpa es “una estructura portátil liviana sin vocación de permanencia” y que “no requiere licencia de construcción”, tal como consta en documentos del proceso.
Pero, además, la veeduría solicitó decretar una medida cautelar de urgencia (previa) consistente en suspender los eventos en la carpa con el argumento de que esta no contaría “con las condiciones de seguridad adecuadas” para hacerlos, pues presuntamente “se presentan deficiencias en las tijeras de arriostramiento de la estructura metálica que ponen en peligro la integridad física de las personas y la seguridad de la comunidad, lo que evidencia una negligencia que requiere una acción inmediata para evitar riesgos mayores”.
Dependiendo de lo que concluya dicho informe, el juez tomará la decisión sobre si decreta o no la medida cautelar tendiente a cancelar los eventos en la carpa. Los vecinos esperan que sí se prohíban, así como también que el fallo de fondo sea la suspensión del contrato de arrendamiento. Mientras tanto, a Cyan le sale otro enredo, pues hace poco la Fiscalía imputó a su representante Jaramillo y al exgerente de Metroparques Jorge Enrique Liévano por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato.
Esta empresa fue una de las mimadas de Quintero en el periodo pasado. Mientras que entre 2016 y 2019 contrató con la alcaldía alrededor de $14.500 millones, entre 2020 y mediados de 2023 tuvo contratos por unos $49.600 millones a través de Metroparques.
