Medellín es una de las ciudades líderes en Colombia en cuanto a garantías para que las mujeres, adolescentes y niñas accedan al derecho de la interrupción voluntaria del embarazo.
Entre 2021 y febrero de 2023, la Alcaldía tiene registros de 8.035 interrupciones voluntarias del embarazo. Y aunque el Distrito reconoce un amplio subregistro, tales cifras solo se comparan con la cantidad de casos que atiende Bogotá.
Pero, paradójicamente, también es una de las ciudades con mayores casos de estigmatización, como las campañas de persecución contra Profamilia por parte de movimientos “Provida”; la criminalización por parte de políticos en recintos públicos, como lo hizo el expresidente del Concejo Lucas Cañas hace un mes; y el llamado de gremios como el Colegio Médico a boicotear el derecho amparado por la Corte Constitucional mediante la objeción de conciencia.
Estos discursos y acciones se traducen en barreras de acceso a este derecho, que persisten a pesar de que se cumplen ya catorce meses desde que la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.
El Distrito de Medellín se había comprometido hace un año, tras la decisión de la Corte, a disponer de equipo de psicólogos y trabajadores sociales para brindar acompañamiento a las mujeres en el proceso para tomar la decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo. Sin embargo, organizaciones en defensa de derechos humanos señalaron que esta medida no era suficiente. Atendiendo a esos reclamos, la Alcaldía se comprometió a liderar la Mesa Distrital por el derecho a la interrupción Voluntaria del embarazo (IVE), la cual se materializó la semana pasada.
Según señaló la secretaria encargada de Salud de la ciudad, Mayelis de la Rosa Madrid, el cumplimiento de la Sentencia-055 del 2022, la cual garantiza el derecho a la IVE, es un asunto de salud pública prioritario para la ciudad. Por eso la Mesa agrupará diferentes instituciones y organizaciones que, en la práctica, deben articularse para mejorar la ruta de atención e identificar las problemáticas que impiden el acceso, la calidad, la oportunidad y la seguridad a quienes soliciten la IVE.
Y es que según autoridades y organizaciones consultadas, en Medellín y el departamento persisten barreras de información, sociales y culturales que siguen cobrando vidas o causándoles daños físicos, mentales y sociales permanentes.
Entre los casos que cuentan está el de una mujer en el Norte de Antioquia quien solicitó la IVE a través de su EPS y esta se encargó de dilatarle por todos los medios posibles el acceso a un examen de valoración ginecológica que requería antes de realizarse el procedimiento. Finalmente, tras semanas de espera, le dieron orden para el examen en Medellín y cuando llegó, sola y sin ninguna ruta de atención, entró al hospital con urgencia vital: el feto era inviable y puso en riesgo la vida de la mujer que quedó con varias secuelas físicas.
Judith Botero, quien lleva más de medio siglo ayudando a las mujeres más vulnerables de Antioquia a acceder al derecho de decidir sobre sus cuerpos, señaló que tras un año de la despenalización persiste una barrera cultural sistemática contra mujeres indígenas que han salido de sus comunidades a estudiar en la universidad y que por diversas razones han solicitado a su EPS garantizar el derecho a la IVE. No obstante, lejos de cumplir con su obligación, estas EPS están violado el secreto profesional y le han informado a las comunidades indígenas de las que provienen estas mujeres, lo que ha desencadenado en represalias violentas y revictimizantes.
Pese a que la disposición de las EPS y las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud –IPS– ha mejorado luego de la decisión de la Corte, todavía se presentan casos de mala praxis. Hay reportes de clínicas y hospitales, incluso varias de las más reconocidas en Medellín, que siguen negando el acceso a la IVE arguyendo la objeción de conciencia de sus médicos, desconociendo que las instituciones de salud tienen que garantizar el servicio sin excusas.
Pero incluso las mujeres que logran acceder al procedimiento se ven sometidas a situaciones que violentan abiertamente el juramento de los profesionales de la salud y que rayan, incluso, con lo penal. A una mujer en un reconocido hospital de la ciudad las enfermeras la obligaron a permanecer con el feto al lado durante horas como “castigo”.
Por eso en la Mesa, las EPS y las IPS con el servicio de obstetricia, se comprometieron a garantizar con la academia, las organizaciones y el Distrito un sistema de información transparente que ayude a mejorar la capacidad de respuesta institucional, que permita identificar barreras y darles solución expedita y actualizar continuamente los lineamientos técnicos para mejorar la ruta de atención a las mujeres.
La oferta de atención y servicios a la que se comprometió la Alcaldía en la Mesa Distrital incluye la disposición de profesionales que deben ayudar a erradicar barreras frecuentes, como la exigencia que hacen las EPS de tener valoración psicológica, la cual puede tardar meses, tal como señaló Viviana Bohórquez, directora del colectivo Jacarandas.
La Mesa sesionará cada mes durante su primer año de funcionamiento. Luego, espera reunirse al menos tres veces al año y así consolidar un sistema robusto en la ciudad para que la vida de ninguna mujer vuelva a verse en riesgo por no tener acceso al derecho de un aborto digno.
Cabe recordar que, más allá de creencias religiosas o posturas personales, esta es una problemática social y de salud pública. En Medellín, ejemplo, según señala Profamilia, buena parte de las mujeres que solicitan una interrupción voluntaria del embarazo son víctimas de abuso sexual por parte de integrantes de bandas delincuenciales. De hecho, la Personería y diversas organizaciones han documentado cómo la violencia sexual contra las mujeres se ha convertido en una estrategia de control y poder de los criminales en los barrios populares.
En cuanto a Antioquia, determinantes como el bajo acceso a servicios de salud, la nula educación sexual y el machismo son causantes de que cada año decenas de mujeres en veredas distantes del casco urbano enfrenten embarazos de alto riesgo.
En Urabá, Occidente y Nordeste es frecuente que mujeres de zonas rurales lleguen a un hospital con embarazos de alto riesgo sin haber tenido nunca un control prenatal o una valoración de su salud sexual y reproductiva.
