Hace unos días el alcalde Daniel Quintero aterrizó desde Twitter al debate sobre la gentrificación y el déficit de vivienda en Medellín. Lo hizo con un listado en el que mezcló falacias, acomodó datos y verdades a medias que, según él, explican esta problemática.
Olvidó mencionar a un protagonista que tiene mucho que ver con la crisis de vivienda: el Isvimed.
El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín es la entidad encargada de coordinar con actores públicos, privados y comunidades las soluciones necesarias para garantizar el derecho a la vivienda y territorios dignos, particularmente a la población más vulnerable.
Eso en el papel. Porque en la práctica la gestión del Isvimed está muy lejos de acercarse siquiera a los niveles de ejecución mínimos.
Adonde quiera que se mire en el Isvimed aparecen cifras en rojo, comenzando por su situación financiera que arrojó pérdidas económicas en 2022 por casi $2.000 millones. El monto de las pérdidas no es lo más grave. El concejal Alfredo Ramos denunció que el Isvimed y la Alcaldía están haciendo lobby para que la Contraloría local le certifique unos estados financieros plagados de inconsistencias. El gran interrogante que se plantean en el Concejo es cómo está gestionando el Isvimed los recursos pues la ejecución no se ve.
Los indicadores de cumplimiento correspondientes a la línea Ecociudad por parte del Isvimed, que expuso la concejala Dora Saldarriaga, hablan por sí solos de la gestión en este cuatrienio. Los proyectos apoyados financieramente en mejoramiento integral de barrios tienen un indicador cumplimiento del 0% en los primeros tres años.
El indicador de cumplimiento de hogares beneficiados con adquisición de vivienda por parte del sector público va en el 7%, el de los hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en zona rural está en 43%, el de los hogares que han superado el déficit cuantitativo de vivienda asciende al 20% y el de los hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda alcanza el 11%.
Y eso que las metas de esta alcaldía no eran ambiciosas. El Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 prometió construir 5.720 viviendas, que no cubren ni a la tercera parte del déficit cuantitativo de vivienda que padece Medellín. Para completar, los apartamentos construidos no llegan ni a los 1.000 y el proyecto estrella de los tres que formuló Quintero para vivienda social en su cuatrenio, Brezze, planeado para 1.120 viviendas, no tiene ni un ladrillo puesto.
Los otros proyectos de vivienda como La Playita, El Triunfo y Ciudad del Este –que acumulan retrasos, irregularidades y problemas de todo tipo desde las dos alcaldías anteriores– tampoco hallaron una gestión eficiente en la actual administración lo que agravó su desarrollo.
La administración de Federico Gutiérrez, por ejemplo, se fue dejando un rezago del 52% en el cumplimiento de su meta de vivienda social. La actual, a falta de ocho meses, tiene un cumplimiento del 17%.
Hoy las 448 familias que sueñan con su casa propia en el proyecto Ciudad del Este llevan nueve años esperando.
Burlando a la justicia y familias
Los problemas del Isvimed no se supeditan a esta administración. Son estructurales y han provocado profundas heridas en decenas de comunidades y cientos de familias.
El caso de los damnificados de La Picacha es ejemplar. Desde 2013 le han ganado en todas las instancias jurídicas al Isvimed obligándolo a que les responda con el reasentamiento definitivo. Al inicio de la actual administración, los directivos de la entidad llevaron a que 58 familias aceptaran unas condiciones con las que estas creían que por fin lograrían su reasentamiento. Sin embargo, a mediados de 2021 el Isvimed les notificó que no solo no les darían la vivienda en el proyecto La Playita sino que si querían vivir allí tenían que desembolsar $54 millones.
El Consejo de Estado falló hace un año que esa maniobra del Isvimed defraudó el principio de confianza legítima y le ordenó entregar la vivienda a un grupo de familias demandantes, sin condiciones adicionales ni dilaciones. Esta es la hora en la que sigue sin cumplir.
En Moravia, la actuación de la entidad y la alcaldía ha rayado con el cinismo. 150 familias que quedaron en el limbo tras salir del morro de Moravia hace una década se quedaron esperando acuerdos con esta administración para saber cuándo podrán acceder a su vivienda en el proyecto Mirador de Moravia, cuya construcción se ordenó en 2015 y jamás se ejecutó.
La actual administración no tuvo reparos en reconocer varias veces ante el Concejo que no tenía ningún plan para solucionar las deudas de vivienda y hábitat en Moravia. De estos incumplimientos se desprenden, en gran medida, el loteo que devoró nuevamente el morro.
Lejos de darle la estabilidad que nunca ha tenido el Isvimed, la alcaldía Quintero agudizó su crisis. La entidad ha tenido desde 2020 tres gerentes y un interinato.
El primer gerente que tuvo en esta administración, Jorge Iván Torres, renunció en febrero de 2021 denunciando presiones de actores políticos vinculados a la Alcaldía con intereses en meter mano al presupuesto y manejo de la entidad.
Ahora está a cargo de René Hoyos, criticado por concejales y comunidades presentes en el Concejo, pues en medio del debate citado hace dos semanas para abordar la crisis de la vivienda social, el director fue un invitado de piedra cuya intervención se limitó a un minuto. Hoyos ha certificado su experiencia laboral con las empresas multiusos que Daniel Quintero y su círculo cercano han utilizado para diversos fines.
Según conoció este medio, varios profesionales con perfil técnico, años de experiencia y cuya labor era claves en los proyectos críticos para mantener el diálogo entre la entidad y las familias afectadas, decidieron renunciar cansados del desorden y los incumplimientos ante las comunidades.
Consultamos al Isvimed sobre los factores detrás de sus estados financieros o las causas de fondo de la baja ejecución de los proyectos tras casi tres años y medio de administración, así como su balance en programas claves como el mejoramiento de vivienda y mejoramiento integral de barrios. Pero aunque pidieron ampliar el plazo para responder, finalmente decidieron no hacerlo.
