A mediados de junio pasado, el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, aseguró que esa compañía estaba a las puertas de formalizar su intención de compra de las acciones de la Triple A. Aunque el funcionario dio a entender que sería cuestión de días para que la presentación de esa oferta se materializara, durante las últimas tres semanas la empresa no ha vuelto a entregar mayor información sobre la transacción.
Más allá de los enredos que aún pesan sobre ese proceso, entre los que se destaca principalmente una demanda de la multinacional Canal Isabel II a Colombia (antigua propietaria del 82,16% de las acciones a través de su filial Inassa y que acusa al Estado de expropiación), la nueva incursión de EPM en Atlántico está lejos de levantar entusiasmo en la región Caribe.
Y es que pese a que la compañía antioqueña argumenta que con su llegada a la Triple A lideraría un plan de modernización para mejorar la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, la empresa afronta múltiples críticas por los manejos que ha dado a su filial Aguas de Malambo, duramente cuestionada por la calidad de sus servicios y rezagos en su plan de inversiones.
El malestar con dicha empresa ha escalado al punto de que el propio alcalde de Malambo, Rumenigge Monsalve, pidió en mayo pasado a la Superintendencia de Servicios tomar el control de la empresa por sus malos resultados.
En un duro pronunciamiento, Monsalve no solo aseguró que la filial de EPM había dejado solo a ese municipio en las inversiones para mejorar el acueducto y el alcantarillado de la ciudad, sino que no mostraba planes concretos para mejorar su servicio.
“Hemos invertido más de $58.000 millones durante tres años y logramos mejoras en la cobertura y en la calidad del servicio de agua y alcantarillado. Y Aguas de Malambo, que tiene el 98,5% de las acciones, no ha invertido lo suficiente. Si esta empresa no quiere invertir para prestar un mejor servicio, debe salir del municipio”, expresó entonces.
En un tono igual de severo, la gobernadora de Atlántico y exalcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, se sumó el pasado viernes 7 de julio al reclamo formulado por el alcalde Monsalve.
“La gente de Malambo está aburrida de este incumplimiento y por eso me sumo a la posición del Alcalde. EPM debe responderles a sus usuarios y si no responden, ¿entonces qué hacen en el municipio? Que se devuelvan a Medellín”, dijo la mandataria regional, coincidiendo en los malos resultados de la compañía.
Una promesa incumplida
La toma de control por parte de EPM de Aguas de Malambo se remonta más de una década atrás, cuando en junio de 2011 la compañía antioqueña informó que se había hecho al 84,9% de las acciones y anunció una capitalización de hasta $26.100 millones.
En aquel momento, el entonces gerente de EPM, Federico Restrepo, presentó la compra no solo como una oportunidad para que la compañía expandiera su operación, sino como un paso para que los habitantes de ese municipio de Atlántico pudieran dejar en el pasado los múltiples problemas que sufrían en materia de recolección de basuras, tratamiento de aguas residuales y abastecimiento de agua potable, que en aquella época era solo de cuatro horas diarias según se reseñaba.
EPM no solo señaló tener proyectada una inversión de hasta $80.500 millones si no que anticipó que dentro de sus principales metas estaban lograr que la prestación de los servicios tuviera una continuidad de 24 horas y que la cobertura del acueducto y el alcantarillado llegara al 98% y el 95% respectivamente.
Pasados 12 años de aquella compra, Norman Alarcón Rodas, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios en la Región Caribe, dice que las quejas por los problemas en la continuidad del servicio y la falta de inversiones son el pan de cada día entre los cerca de 133.211 habitantes que tiene Malambo en su cabecera.
“No se entiende por qué EPM pretende hacerse a un importante paquete accionario de la Triple A, que atiende los servicios de agua, alcantarillado y aseo en Barranquilla y otros catorce municipios de Atlántico, cuando no ha podido resolver satisfactoriamente el servicio de agua, saneamiento básico y alcantarillado del municipio de Malambo”, cuestiona.
Tan solo en la continuidad del servicio, una de las promesas más importantes formuladas hace una década, los datos que la misma empresa consignó en su informe de gestión de 2022 daban cuenta de que sigue siendo una deuda pendiente.
Sin bien el año pasado la continuidad del servicio tuvo una mejoría, pasando de un promedio de 17,7 horas en 2021 a 19,8 horas en 2022, la empresa admitió en su balance que de los 55 subsectores en los que está dividido Malambo, únicamente a 35 les llega el agua todo el día, y el resto sigue sufriendo suspensiones.
Dentro de las zonas más críticas del municipio, están los barrios ubicados en la zona suroccidental, en donde un 15% de los usuarios de la empresa tiene acueducto apenas por 3 horas al día.
Por otra parte, en materia de recaudo, la empresa tampoco logra levantar cabeza. Según su propia información, de los 25.500 clientes que aparecen como activos, solamente 10.600 (esto es apenas el 42,4%) pagan mensualmente sus facturas.
En cifras concretas, los balances de la compañía muestran que mientras en 2022 se facturaron $17.054 millones, el recaudo fue de solo $12.597 millones, lo que equivale a una eficacia del 74%.
Si bien en su defensa la empresa dice que el año pasado logró cerrar con un Ebitda de $283 millones, los informes también mostraban una utilidad neta negativa, de -$1.390 millones al cierre de 2022.
En materia de inversiones, añade Alarcón, uno de los casos que ilustran la situación de la empresa es que la última obra importante que fue entregada en materia de saneamiento fue una planta de tratamiento de aguas residuales, pero que terminó siendo financiada con cerca de $20.000 millones con recursos propios de la Alcaldía de Malambo y la Gobernación del Atlántico, desde donde provienen las voces más críticas contra la empresa.
Buscándole salir al paso a los llamados de una intervención, funcionarios de la Superservicios acudieron incluso a una mesa de trabajo que se realizó en junio pasado y señalaron que intensificarían la vigilancia sobre esa filial de EPM, sobre todo con miras a la solución de varios problemas de salubridad en algunos barrios, como por ejemplo El Carmen. En esta última localidad, la comunidad señala tener problemas de olores fétidos por fallas en el alcantarillado y dice no ser escuchada por la empresa de servicios públicos.
Con base en ese diagnóstico, líderes como Alarcón se muestran escépticos ante la idoneidad de EPM para manejar la Triple A.
Por su parte, desde junio pasado, EPM no ha entregado mayores detalles de en qué va ese proceso de compra, en el que la suerte ya parecería haber sido echada.
